Por Radio Villa Francia

En palabras simples, el citado proyecto contempla la posibilidad de que se aplique un salvataje financiero a grandes empresas utilizando los fondos de ahorro forzoso de las y los trabajadores administrados por las AFP para aumentar y flexibilizar el porcentaje de recursos de inversión de un 15 a un 20% –aún más de lo que ya permite el Decreto 3.500 diseñado por José Piñera para crear el Sistema de Pensiones- a través de la compra de títulos y bonos de deuda de grandes empresas (“activos alternativos”), pero esta vez, sin ningún tipo de proceso de evaluación y clasificación de riesgo como lo contempla para estas operaciones la Superintendencia de Pensiones.

El 21 de julio, es decir, el día anterior a la mediática aprobación en el Senado de la ley que autoriza el retiro del 10% de los recursos previsionales, la misma cámara visó para su tramitación en el Congreso el proyecto de ley que modifica distintas leyes, en las que se encuentran el D.L. Nº 3.500 sobre Sistema de Pensiones (AFP); el D.F.L: Nº 251 de Hacienda, de 1931, sobre Compañía de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio; Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores; y la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas. ¿El motivo? “Adecuar el funcionamiento de los mercados financieros para que permitan enfrentar de mejor manera la contingencia actual (pandemia del coronavirus), tanto respecto de inversionistas como de compañías de seguros, y para hacer más expeditos los procesos de emisión de títulos de deuda en el mercado de valores”, como lo informó una nota de prensa publicada en el sitio web de la Cámara Alta.

En palabras simples, el citado proyecto contempla la posibilidad de que se aplique un salvataje financiero a grandes empresas utilizando los fondos de ahorro forzoso de las y los trabajadores administrados por las AFP para aumentar y flexibilizar el porcentaje de recursos de inversión de un 15 a un 20% –aún más de lo que ya permite el Decreto 3.500 diseñado por José Piñera para crear el Sistema de Pensiones- a través de la compra de títulos y bonos de deuda de grandes empresas (“activos alternativos”), pero esta vez, sin ningún tipo de proceso de evaluación y clasificación de riesgo como lo contempla para estas operaciones la Superintendencia de Pensiones.

Por el lado netamente económico, esta iniciativa mediante la modificación de atribuciones de regulación del Banco Central (BC) y la Comisión de Mercado Financiero (CMF) propone liberalizar aún más las reglas de funcionamiento del sistema previsional para que las administradoras previsionales puedan traspasar alrededor de 10 mil millones de dólares –provenientes del patrimonio previsional de los trabajadores en Chile- para financiar las deudas y planes operativos y comerciales de compañías que facturen más de 1 millón de UF, es decir, 28 mil millones de pesos anuales, y de esa manera evitar que éstas recurran al mercado bancario para solicitar créditos para obtener mayor estabilidad y liquidez monetaria. Modificación legislativa con la que, tentativamente, además de empresas no acreditadamente solventes en materia financiera, podría también favorecer a empresas como CMPC, Colbún, Cencosud, Falabella, Mall Plaza, Ripley, Aesgener, Copec, CCU, SQM, entre otras.

Cabe recordar que el “proyecto de ley que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero (Boletín Nº 13.564-05)” fue presentado el 4 de junio por el Ministerio de Hacienda, a petición del presidente Sebastián Piñera, y complementado con un fuerte trabajo de lobby político, y que esta semana fue aprobada general con 29 votos a favor (de toda la bancada de ChileVamos y la mayoría de la oposición parlamentaria), 4 abstenciones y un pareo; mientras que en particular el resultado fue 17 votos a favor, 10 en contra, 5 abstenciones y dos pareos, siendo esta última votación que justamente contenía las materias específicas y más controversiales de la propuesta: la norma que permite, además del pago de una ínfima tasa de interés, ampliar la cartera de inversiones de las AFP para optimizar los fondos de los afiliados con exiguos mecanismos de estudios y tipificación de riesgo y una nula instancia de supervisión respecto al tipo de acciones en que se invertirán los recursos con el propósito de agilizar esta capitalización.

En este sentido, mencionar que esta última norma contó con el apoyo de los senadores de la oposición partidaria representada por Jorge Pizarro (DC), Felipe Harboe (PPD) y Ricardo Lagos Weber (PPD), siendo este último quien señaló que “la mayor preocupación es qué hacer para que los recursos del mercado de pensiones generen una externalidad positiva. Hay que poner los fondos en lugares riesgosos para que se logre un mayor retorno pero a la vez cuidar esos dineros”, postura muy distinta a su negativa –al igual que Jorge Pizarro- de apoyar en el comienzo de la tramitación la idea del retiro del 10% de las cuentas individuales de las AFP, proponiendo incluso una indicación para exigir el pago de impuestos a los cotizantes que tuvieran rentas sobre $6 millones al mes, lo que finalmente no hizo y terminó votando a favor de la ahora ley.  

Este financiamiento saldría absolutamente de los descuentos salariales para previsión de los trabajadores con la única aspiración de parte de afianzar la solvencia de las aseguradoras, Bolsa de Comercio y al gran empresariado usando el equivalente al mismo dinero que el propio Estado, a través la administración del presidente Piñera y el parlamento decidió destinar para financiar gasto social de emergencia para ir en ayuda de millones de chilenas y chilenos afectados por la crisis sanitaria, lo que se constituye como un evidente desequilibrio normativo respecto a una forma de gobernar –también apreciada en su gestión presidencial anterior– enteramente inclinada hacia la cautela y resguardo del devenir económico de los privados.

Contradicciones e inconsistencias argumentativas que han generado bastantes cuestionamientos hacia el Parlamento durante las últimas semanas, las cuales fueron abordadas por la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), quien junto con acoger y dar curso a trámite al mencionado proyecto, expresó que “estamos todos -los parlamentarios- bajo amenaza y eso es inaceptable” en referencia al desempeño político de la corporación en instancias de discusión legislativa, desconociendo y criticando el legítimo control ciudadano ejercido a través de las redes sociales y la función fiscalizadora del periodismo de investigación en temas de tan relevancia como el previsional. Tal cual como lo hizo el medio Ciper Chile al publicar un reportaje sobre los conflictos de interés y la estructura de integración vertical que siempre ha existido entre el poder político y el económico para blindar institucionalmente a las AFP, revelando los nombres de diversos políticos y congresistas de derecha y la ex Concertación -varios en ejercicio- con el negocio de las pensiones, tanto como inversionistas u ocupando cargos en los directorios, como el caso de la actual senadora Ximena Rincón (DC) quien solamente entre los años 2018 y 2010 en su rol de directora de AFP Provida recibió honorarios por un total de $136.323.000, la misma que durante la sesión legislativa del proyecto que entrega mayor margen de acción a las Administradoras de Fondos de Pensiones para que capitalicen grandes corporaciones y capital de incerteza económica dijo curiosamente que “-dentro de la norma- no debe bajarse la clasificación de riesgo. No me parece que se ponga en mayor riesgo a los fondos de los trabajadores”.

Desde la responsabilidad del poder ejecutivo, se debe mencionar que los montos previstos en este el proyecto de ley, comparativamente, son bastante similares al Fondo COVID y plan económico de emergencia de 10 mil millones de dólares para 20 meses presentado por el Ministerio de Hacienda en junio pasado que -teóricamente- procura apoyar a familias afectadas económicamente, reactivar la económica y crear nuevos empleos. Pero con la importante salvedad de que este financiamiento saldría absolutamente de los descuentos salariales para previsión de los trabajadores con la única aspiración de parte de afianzar la solvencia de las aseguradoras, Bolsa de Comercio y al gran empresariado usando el equivalente al mismo dinero que el propio Estado, a través la administración del presidente Piñera y el parlamento decidió destinar para financiar gasto social de emergencia para ir en ayuda de millones de chilenas y chilenos afectados por la crisis sanitaria, lo que se constituye como un evidente desequilibrio normativo respecto a una forma de gobernar –también apreciada en su gestión presidencial anterior– enteramente inclinada hacia la cautela y resguardo del devenir económico de los privados.

Maniobra política que a todas luces, a nivel coyuntural, apunta a un deseo de establecer una fase de profundización del modelo de AFP a través de a una nueva muestra de irresponsabilidad institucional, al intentar exponer aún más los ahorros obligatorios de los trabajadores, esta vez en un contexto de pandemia mundial, a los vaivenes de los mercados internacionales en torno a la lógica del “casino de apuestas” con el propósito de seguir financiando al mercado de valores a través de una nueva cocina preparada por los chef estrellas del neoliberalismo chileno, el Ministerio de Hacienda y el Congreso Nacional, y su plato más solicitado: “clientelismo proteccionista con salsas de corrupción”.

En resumen, este incipiente salvataje al mercado de valores que se está tramitando de manera hermética en el Congreso y con una reducida y sospechosa cobertura mediática, ejemplifica el cómo históricamente los ministros de hacienda, tanto de la dictadura como de la transición, junto el sistema político en su conjunto, constantemente se han desempeñado como meros operadores de las AFP y el sistema económico y financiero neoliberal (bancos, retail, isapres, mineras, empresas forestales, etc.). Esto a contar de promover directa e indirectamente el endeudamiento de la población –con entes estatales o privados–, a través de la cuestionada e ineficiente política del Gasto público focalizado que en una explicación bastante simple significa que el Estado, mediante distintos gobiernos de turno, fomente tácitamente la entrega escuetos bonos a los segmentos de la población más pobre, créditos a las capas medias por medio de la banca y condonación, subsidios y leyes a la medida de las grandes empresas. ¿Les suena algo parecido?

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