El Martes de la semana pasada comenzó el juicio contra Francisco Hernández Riquelme, joven de 20 años que participó de distintas protestas dentro del marco de la revuelta de octubre del año pasado.

Francisco es deportista y era profesor en una escuela de fútbol. Había dejado sus estudios para ayudar económicamente a su madre quien había sufrido un accidente. No poseía antecedentes penales, y al igual que millones de personas a lo largo de Chile, sintió la necesidad de salir a protestar por un Chile más justo.

El 10 de diciembre del 2019, tras manifestarse en Plaza de la Dignidad, Francisco fue secuestrado en Santa Lucía por policías de civil (del OS9) en un auto blanco, de la misma manera que fue secuestrado Nicolás Ríos en el cerro Huelén. Una vez detenido, Francisco fue torturado en la 33º comisaría de Nuñoa, donde lo golpearon hasta fracturarle 4 dedos y la nariz. Mientras aún pisaban su mano, le hicieron firmar un documento declarando haber hecho algo que nunca hizo. Posteriormente fue puesto en prisión preventiva sin siquiera constatación de lesiones.

Fue inculpado por preparación, porte y lanzamiento de 5 molotovs, lo que se encuentra tipificado en la ley de control de armas, ley hecha a la medida para castigar a manifestantes y si ud. no lo cree, pregúntese qué pasó con los ABC1 que andaban por la calle con AK47s.

Durante el juicio, las pruebas presentadas por fiscalía fueron vídeos grabados por un funcionario del OS9 en el que aparece efectivamente un joven lanzando molotovs, solo que en ninguna de las imágenes es posible reconocer a Francisco: no se ve la cara, la ropa no es concordante con lo declarado, cuando aparecen sus manos desnudas en el registro no aparecen sus tatuajes (tiene tatuadas ambas manos), los guantes que aparecen en el vídeo no son los mismos que se aportaron como prueba y como si eso fuera poco, el peritaje sobre líquidos inflamables salió negativo: no había rastros de productos inflamables sobre él.

Todo esto, es avalado por el mismo agente infiltrado que supuestamente grabó a Francisco. El es “ministro de fe”, o sea que quien recolecta la supuesta evidencia, de modo encubierto, es también quien da fe de que esto sea verídico; no hay terceros, ni otras pruebas, ni testigos que puedan avalar ese testimonio. Todo reposa sobre el testimonio y las imágenes de un agente que va a la cacería de culpables; y efectivamente caza, pero sin importar que sea culpable. En este caso le tocó a Francisco, probablemente por ser primera línea.

El joven manifestante arriesgaba una pena de 24 años, pero al no poder probarse la fabricación de bombas molotov, la pena que arriesga ahora es 20 años tras haber sido encontrado culpable de 2 de los 3 delitos imputados, aun sin pruebas de ninguno de ellos, ni poseer agravantes como tener antecedentes penales previos.

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