Junto con ello se advierte que este abuso “toma la forma de una violencia político-sexual de tipo institucional, ejercida por la policía, cuando se trata de víctimas mujeres y niñas”.

Preocupadas por las graves violaciones de los Derechos Humanos que han tenido lugar en Chile desde el estallido social del 18 de octubre de 2019, un grupo de organizaciones sindicales, políticas, académicas y de investigación de Quebec y Canadá, en colaboración con la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Observatorio Ciudadano de Chile (OC), decidieron organizar una misión de observación para nuestro país, y ahora han entregado un lapidario informe final al respecto.

La llamada Misión Quebeco-Canadiense de Observación de los Derechos Humanos en Chile estuvo acá entre el 18 y el 27 de enero de 2020. Luego de 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, con 99 representantes de 51 organizaciones, las constataciones y conclusiones fueron rotundas.

En ese sentido, la Misión establece «violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos en Chile», respecto de las cuales se apunta que «parecen aún más injustificables al insertarse en un contexto social y constitucional asociado a una pesada herencia histórica».

El informe plantea que se pudo constatar «patrones comunes y recurrentes en todo el país». A partir de ello sostiene que estas violaciones se manifiestan de las siguientes formas: «incumplimiento de los protocolos de intervención policial, lesiones por perdigones y gases lacrimógenos, violencias y abusos sexuales, detenciones no registradas, palizas a detenidos, presiones sobre el personal médico de los hospitales, ataques contra trabajadores de la salud y observadores de derechos humanos, uso masivo e indiscriminado de gases lacrimógenos en vecindarios enteros, procedimientos judiciales negligentes y parciales, recurso a la detención preventiva como medida punitiva, neutralización de los recursos de amparo».

«Todo esto tiene lugar en un contexto permanente de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social y toma la forma de una violencia político-sexual (VPS) de tipo institucional, ejercida por la policía, cuando se trata de víctimas mujeres y niñas», advierte el documento.Relacionado:  La crisis sanitaria acelera el proceso constituyente

En cuanto a las recomendaciones, la Misión Quebeco-Canadiense de Observación de los Derechos Humanos en Chile demanda al gobierno de Sebastián Piñera que «se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, a las detenciones arbitrarias, a las violencias y abusos sexuales, a las detenciones no registradas y a las palizas».

En segundo lugar, sostiene que se debe emprender «una transformación de fondo del cuerpo de carabineros, democratizando su estructura, enmarcando sus funciones, revisando sus protocolos y capacitando apropiadamente a su personal en el ámbito de los derechos humanos».

Y, por último, plantea que «en el contexto de la pandemia, todos los presos políticos arrestados desde el 18 de octubre de 2019 sean liberados, y que se aplique el arresto domiciliario en el caso en que las investigaciones sobre ellos continúen».

Fuente: El Ciudadano

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