Por: Comisión de familias, niñez y adolescencia de la Asociación de Abogadas Feministas Chile (ABOFEM)

El pasado jueves 9 de julio, el presidente Sebastián Piñera hizo efectiva su facultad de veto en contra del proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio de Protección Especializado de la Niñez y Adolescencia, que tiene como propósito reemplazar al actual Servicio Nacional de Menores (SENAME), y que fue transversalmente aprobado por mayoría en ambas cámaras del Congreso, luego de una larga discusión y tramitación, cuyo origen se remonta al año 2018.

Como asociación, consideramos de especial gravedad la decisión del presidente de suprimir el artículo 2 transitorio del Proyecto de Ley, que supeditaba su entrada en vigencia a la promulgación de la tan esperada Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez. Esta última busca actuar como “ley marco nacional” para la construcción de un nuevo sistema de protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro país y, por tanto, tendría también la misión de guiar el debido funcionamiento del nuevo servicio de protección especializada.

Es inadmisible que Chile, tras treinta años de ratificada la Convención de los Derechos del Niño (CDN), hoy sea el único país de Latinoamérica que no cuente con una Ley de Garantías de los Derechos de los Niños Niñas y adolescentes, que permita ajustar e incorporar a la normativa nacional los estándares mínimos que reconoce el Derecho internacional en materia de Derechos Humanos de infancia y adolescencia, como también sistematizar y dotar de coherencia a todas las iniciativas legislativas del ramo que, con posterioridad a su dictación, se conviertan en leyes de la República.

En definitiva, si en la práctica hay ausencia de una ley marco que consagre las obligaciones del Estado de Chile a la luz de los estándares que fija la Convención de los Derechos del Niño, cualquier iniciativa que busque terminar con las graves y reiteradas vulneraciones, abusos y delitos sistemáticos cometidos al interior del SENAME, será infructuosa. Lamentablemente, de prosperar el veto presidencial, que busca -principalmente- suprimir el artículo 2 transitorio del Proyecto de Ley, la posibilidad de que el Congreso otorgue tramitación urgente al proyecto de Ley de Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes o N.N.A. (Ley marco), es prácticamente inexistente, ya que este proyecto de ley lleva cinco años en tramitación sin poder materializarse hasta ahora.

Mediante el veto, además, se busca eliminar y modificar varias disposiciones del Proyecto de Ley, que buscaban mejorar y elevar los estándares de funcionamiento del nuevo servicio de protección especializada y de sus organismos colaboradores, en materia de responsabilidad, publicidad, inhabilidades, fiscalización y régimen de sanciones, las que permitirían en definitiva, establecer un conjunto de frenos y contrapesos a las malas prácticas, negligencias y abusos, y poner fin de una vez por todas a las falencias institucionales que impiden en el presente garantizar de manera irrestricta los derechos de los N.N.A. que se encuentran bajo su cuidado.

A continuación, analizaremos los argumentos esgrimidos por el ejecutivo con los cuales pretende justificar la presentación del veto, para luego evidenciar cómo los cambios introducidos por la autoridad, lejos de propiciar mejoras estructurales en el modelo de protección que declaran buscar, reproducen una vez más las deficiencias actuales del SENAME y conservan la política de incentivos pecuniarios perversos como fundamento de la institucionalización de los N.N.A. más vulnerados, convirtiéndose estos en meros instrumentos al servicio de los particulares.

En primer lugar, el presidente sostiene que el Proyecto de Ley contendría normas que perjudican el interés superior de los N.N.A. Por el contrario, nosotras creemos que el veto no toma en cuenta el interés superior del los N.N.A, ya que este por definición busca: “Lograr el pleno desarrollo tanto físico como espiritual en cada una de las etapas y esferas de sus vidas”. Y como ya hemos mencionado, este proyecto de ley no logra incorporar mejoras sustanciales a la actual orgánica y sistema de funcionamiento del SENAME, falencias y vicios que se arrastraran a la creación de este nuevo servicio.

En segundo lugar, el Gobierno sostiene que el Proyecto de Ley contiene “elementos que debilitan el derecho preferente y el deber de los padres para educar a sus hijos”, sin embargo, y tal como lo reconoce la Defensoría de la Niñez, la autonomía progresiva no es más “que la capacidad de niños, niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se van desarrollando física y mentalmente”, lo que va en perfecta sincronía con la capacidad de considerar a los N.N.A. como sujetos de derecho independientes y no como meros objetos de protección. El ejecutivo argumenta que estos derechos se contraponen y se excluyen entre sí, circunstancia que no puede encontrarse más alejada de la realidad, ya que ambos en su aplicación son absolutamente complementarios y se encuentran íntimamente ligados con el interés superior del niño.

En tercer lugar, el ejecutivo sostiene que el Proyecto de Ley incorpora “normas que dificultan la participación y colaboración tanto de entidades públicas como privadas”. Esta premisa es absolutamente falsa, ya que en este proyecto sigue reinando la aplicación desmedida del principio de subsidiariedad estatal, manteniendo un sistema de provisión mixta de servicios, a través del cual el Estado establece líneas de programas licitables y montos de subvención que no aseguran el cumplimiento total de la prestación de servicios que los niños, niñas y adolescentes requieren para ver garantizados sus derechos en el sistema proteccional.

Para terminar, el presidente señala que el Proyecto de Ley contiene “normas que atentan contra la correcta operación del servicio”, En plena contraposición a esta idea, el veto busca limitar el reconocimiento de una normativa expresa sobre responsabilidad estatal y responsabilidad solidaria de los organismos colaboradores”, esto en razón del mandato legal que les asiste, como fundamento del deber de tutela de los N.N.A. bajo su cuidado. Tenemos claridad de que la falta de una normativa expresa que asuma diversos tipos de responsabilidades busca consecuencialmente evitar a toda costa las sanciones penales, civiles y administrativas que pudieran derivar incluso en poner término a las subvenciones por parte del estado o la disolución de los organismos colaboradores infractores de ley.

Para que el congreso pueda insistir en el Proyecto de Ley Original, sin las modificaciones introducidas por el veto presidencial, se requiere de un quórum de …” en ambas cámaras, quórum tan alto como aquel exigido para las reformas constitucionales. Lo anterior deja en evidencia el extremo presidencialismo de nuestro sistema, que va en directo detrimento de las facultades del órgano llamado, por voluntad popular, a legislar sobre diversas materias de relevancia jurídica en nuestro país y manifiesta expresamente la nula voluntad política para colaborar en una reestructuración profunda y sustantiva, que se ha buscado por años en materias de infancia.

Finalmente cabe mencionar que el día miércoles 15 de julio se debía realizar la revisión, en la Cámara de Diputados de las normas que fundamentan el veto, en dicha sesión de comisión el secretario informó que el presidente de la República había ingresado un oficio que le quitaba la urgencia a la discusión del proyecto de ley, teniendo como resultado que la sesión fuese suspendida. Este actuar del gobierno nos parece una falta de respeto, ya que denota nuevamente un nivel manejo político escalofriante detrás de una discusión parlamentaria tan relevante para miles de niños, niñas y adolescentes de Chile.

Desde ABOFEM queremos reiterar nuestro compromiso absoluto para con todos los Niños, Niñas y Adolescentes de Chile y rechazamos enérgicamente la presentación del veto presidencial, instamos de esta forma al Congreso Nacional a insistir en el proyecto de ley original, ya que de votarse a favor la solicitud del presidente, nos veríamos enfrentados a un retroceso tremendamente significativo, que tendría como consecuencia que los NNA no se encuentren primeros en la fila, ni en el presente ni en un futuro próximo.

Fuente: Resumen

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