Por Capucha Informativa

En el año 2016, el Municipio de Maipú, procedió a modificar el Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, que fue inaugurado el 19 de mayo del año 2012 en la plaza de la comuna. Esto provocó que el autor del Memorial presentara el caso a la justicia en el año 2018, de esta forma el día 17 de septiembre la justicia falló a su favor y la alcaldía tendrá que pagarle 10 millones de pesos por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

El Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda presentada por el arquitecto Rubén Peralta Larraguibel en contra del municipio por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, a pesar de que las modificaciones ocurrieron en el mandato de Christian Vittori y no en el de la Alcaldesa Cathy Barriga.

En el año 2012 “la obra fue rayada por desconocidos, como asimismo, y producto de fuertes lluvias sufrió un grave problema en la evacuación de sus aguas lluvias especialmente del entorno construido en el diseño original”, afirma la sentencia. “En razón de lo anterior, se conversó una alternativa de resguardo y mejoramiento del Memoria con el fin de mantenerlo exactamente igual a su construcción originaria, sin alteraciones, modificación alguna en sus placas escultóricas”, agregó.  Acuerdo que se rompió al cambiar parte de su diseño.

En la misma sentencia, la magistrada Jacqueline Benquis Monares, le pidió al Municipio que retirara el nombre del arquitecto del Memorial en un plazo de 30 días por concepto de daño moral, como también pidió que se compensara  al demandante con 10 millones de pesos.  

Según el fallo a favor del arquitecto, se incumplió con el contrato firmado por ambas partes. “Así se alteró en su concepto, naturaleza y materialidad sin ningún tipo de autorización del propietario de la propiedad intelectual de la obra, modificándose de manera definitiva, alterando la propiedad y produciendo daños en el nombre y en la reputación artística y arquitectónica del señor Peralta Larraguibel. Lo anterior sin su consentimiento ni autorización “, afirmó en la sentencia la magistrada Monares. 

Además se cambió el color cobre a un rojo brillante, se aumentó la cantidad de placas y se incorporaron figuras “alusivas al ser humano que no formaban parte de la obra inicial”. En el mismo sentido “se borran los nombres de los ejecutados políticos desaparecidos, con lo cual los hacemos desaparecer por segunda vez en la historia”, cuyos nombres y posición espacial en la obra tenía como metáfora que iban al cielo. También sacaron los espacios para sentarse y agregaron iluminación debido a que antes no tenía.

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