El proyecto regresará este jueves a la Cámara de Diputadas y Diputados para una nueva votación con respecto a los cambios propuestos por los senadores y senadoras.
Tras varias horas de discusión, el Senado aprobó la reforma que permite el retiro anticipado de 10% de los fondos previsionales de las AFP durante la pandemia.
La iniciativa, que requería 3/5 de aprobación en la Sala para seguir en trámite, recibió 29 votos a favor, 13 en contra y 1 abstenciones, a pesar del descarado lobby del gobierno para que fuera rechazada.
¿Qué pasa ahora?
Con esta aprobación, y una vez tramitadas todas las indicaciones que probablemente se aprobarán en la Cámara Baja, será el turno del presidente decidir si acepta la votación del Congreso o intenta bloquear la iniciativa.
En esta línea, las opciones son tres: aprobar la iniciativa, vetarla o enviarla a Tribunal Constitucional. Si se veta, existen a su vez dos opciones, se vota el veto a favor o en contra en el Congreso (sea por agregar un artículo, remplazarlo o eliminarlo). Para rechazar este veto se requerirá un quorum de 2/3, mayor que el requerido para aprobar el proyecto que fue 3/5.
Si no se consiguen dos tercios de los votos en el Congreso, el veto avanza, la voluntad del presidente se impone y el proyecto no entrará en vigencia. En cambio, si el veto se rechaza, el presidente tiene dos alternativas: dar luz verde al proyecto o consultar a la ciudadanía mediante un plebiscito.
Otra opción de bloqueo del proyecto es que sea enviado al Tribunal Constitucional, una opción a la que pueden acudir tanto el presidente como los parlamentarios. En este caso, se debe apelar a que el proyecto sea inconstitucional, sea por su tipo de quórum, su temporalidad u origen.
El TC está compuesto por 10 miembros, tres de los cuales son designados por el propio presidente, otros cuatro por cuoteo político entre partidos de Chile Vamos y la ex Concertación y otros tres por la Corte Suprema.
Dependiendo de cada una de estas opciones, el proyecto en sí podría ser aprobado desde un par de días, hasta casi con un mes de retraso. Todo en un contexto donde es una medida que ya surge cuatro meses tras una de las peores crisis sanitarias y económicas en la historia de Chile.
