La organización presentó un nuevo informe en el que acusa directamente al general director de Carabineros, Mario Rozas así como el subdirector, Diego Olate, y el director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez como responsables de los casos de violación a los derechos fundamentales durante las manifestaciones en la Revuelta Popular.
Este miércoles, la organización Amnistía Internacional presentó su informe «Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social», en el que acusa directamente al general director de Carabineros, Mario Rozas así como el subdirector, Diego Olate, y el director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez de los casos de violación de derechos durante la Revuelta Popular.
Dentro de su informe, la ONG internacional señala que la cadena de omisiones de estos altos mandos «lejos de ser fortuita, fue deliberada o como mínimo culposa por negligencia reiterada», lo que debería ser «dilucidado por la justicia chilena».
Además, asegura que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno permitió que los agentes involucrados «permanecieran en sus puestos» y «alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante».
«Tenemos elementos de convicción de que dichos mandos (de Carabineros), a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas«, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, a la agencia EFE.
A esto se suma, según el informe, a una política de «asumir el daño a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del ‘orden público’, castigar a quienes protestaban y cesar las protestas a como diera lugar».
El documento también señala la desproporcionalidad en la forma de actuar, cuestiona los protocolos internos de la policía militarizada chilena, y hace un llamado «al Poder Judicial para procesar a todas las personas que pudieran ser responsables y en su caso juzgarlas con el fin de garantizar el acceso a la justicias de las víctimas y sus familias».
Finalmente, el texto señala que si bien la investigación se centra en los casos reportados desde la revuelta popular, estas conductas forman parte de «un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial».
Además, sugiere algunas recomendaciones como la prohibición del uso de los balines TEC Harseim y de cualquier otra munición de efecto múltiple; prohibir los proyectiles de impacto que son inexactos o que impactan con una energía excesiva (como las balas de metal recubiertas de caucho), entre otras.
