El pasado 5 de noviembre, luego de dos años, terminó sus trámites legislativos la ley “nuevo SENAME”, que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia. Ley celebrada por Piñera quien anunció el “fin al SENAME”. Pero más allá de los delirios del mal gobierno, la ley es fuertemente criticada por no ser más que un cambio de institucionalidad, circunscrito en las mismas lógicas privatizadoras, mercantilistas y asistencialistas que han llevado a les niñes y adolescentes a una situación de extrema vulnerabilidad.
La condición de extrema vulnerabilidad en el sename
Vale recordar que el SENAME funciona bajo una red de colaboradores (instituciones privadas) donde el estado paga una subvención por cada joven atendido, mercantilizando sus vidas. Claramente la atención de les niñes y adolescentes es entendida como un negocio, donde los mismos partidos políticos tienen invertido sus capitales. Por otra parte, la realidad de los jóvenes en extrema vulnerabilidad, es propia de un sistema económico y social, que genera condiciones miserables a los sectores populares, donde el 80% de los trabajadores gana menos de 400 mil pesos, y donde el estado solo entrega condiciones de subsistencia en materias tan relevantes como educación y salud.
Mientras la casta política, con negligencia criminal busca una “solución”, les niñes y adolescentes del SENAME siguen viviendo en situaciones de extrema vulnerabilidad, entre: centros donde son violentados sistematicamente, redes de pedofilia y muertes que no son contabilizadas ni reportadas, por mecionar solo algunas.
La situación en los centros es extrema en sí misma: según un informe de la PDI del 2017, en más del 88% de los centros de SENAME se han reportado algún tipo de abusos y en 50% de los centros estos abusos son de carácter sexual, siendo en la mayor cantidad de ocasiones los mismos cuidadores los agresores. Además se han descubierto redes de pedofilia en las que operan las redes de coolaboradores, donde niñes son literamente prostituidos a cambio de “aportes” económicos a los recintos. Las vulneraciones llegan a un nivel incluso más complejo, se han descubierto irregularidades en el reporte de niñes y adolescentes muertos, al año 2018 de 878 decesos, 278 nunca fueron denunciados, simplemente desaparecían.
El “nuevo” SENAME, una respuesta que no cambia el fondo
La principal crítica que se realiza desde los movimientos, organizaciones e instituciones garantistas de los derechos de NNA es que se pretende hacer cambios en la institución sin antes haber procesado legalmente cambios centrales en el estatus de los NNA (cambios legislativos que fueron realizados decadas atras en otros estados), para pasar de la visión del NNA como objeto de derecho a sujeto de derecho, lo cual se esperaba lograr con la aprobación de la “ley de garantías”.
En este punto cabe destacar que la sociedad civil (representada por agrupaciones defensoras de menores), hace referencia a que aún en espera de la aprobación de la ley de fondo, algunos cambios sustanciales a la ley 2.465 (supervisión técnica y financiera de los centros), así como modificaciones estructurales y de enfoque a las leyes 19.620 (de adopciones) y a la 20.032 (programas de acompañamiento, inserción, etc) habrían sido suficientes para reformar la institución.
Contrariamente, los cambios instalados se centran en aspectos que lejos de tocar el fondo del problema, son insuficientes y están mal enfocados. Por ejemplo, el agravamiento de la estigmatización de les adolescentes más vulnerables y vulneradxs, aquellos que han tenido problemas con la ley penal, que pasarían a depender del ministerio de justicia, dentro de la lógica carcelaria y sin garantías de protección de derechos mínimos de infancia.
Los sectores “progres” y su propuesta poética que queda en el papel
En la “vereda contraria” de esta postura anacrónica del mal gobierno, que ha mostrado probadamente severos problemas éticos, se colocan las posturas “progresistas”. El énfasis en la prevención de la vulneración de derechos parece perfecto desde el discurso. La revisión crítica del modelo en estados que llevan años poniéndolo en práctica, muestra algunos aspectos sobre los cuales, como mínimo, deberíamos estar atentos.
Que la garantía de derechos quede colocada como función exclusiva de la institución de derechos de la niñez tiende a fracasar por la multifactorialidad intrínseca de este tipo de misiones, si no se establece antes y claramente como prioridad de las políticas de estado. Suponen políticas transversales, y por lo tanto requieren de la larga duración que no tienen las políticas de gobierno, lo que dentro de la lógica político partidaria es en sí misma la primera dificultad. Es requisito tener incidencia en las políticas sectoriales, en principio privativas de otros organismos y dependencias, por lo que precisa el compromiso claro de priorizar a la infancia por sobre los demás colectivos e intereses.
Este tipo de coordinación de acciones requiere de la institución garante un elaborado y extenso trabajo de gestión, articulación, coordinación, supervisión y evaluación, que supone una significativa cantidad de recursos para el armado de una estructura burocrática que lo sostenga. Esto en sí mismo no es un problema en tanto tengan real capacidad de accionar en la práctica frente a otras instituciones, y no se vuelvan poco eficaces y eficientes, dejando miles de hojas escritas de buenas intenciones y aciertos técnicos que nunca fue posible llevar adelante en la práctica.
Modelos similares implementados en otros países, muestran que si se cruzan los avances en este sentido, con la mejora real de la situación de les NNA institucionalizados, se percibe que la situación permanece sin cambios. De hecho invisibilizó las obligaciones directas del estado para con les NNA a quienes debía garantizar sus derechos. Esto toma relevancia en tanto junto con el perfil garantista, se le pide a la institución que se haga cargo de la atención directa de les NNA bajo la responsabilidad del estado, manteniendo la función tutelar, para lo cual, en términos prácticos, se continuó y profundizó la lógica mercantil del “servicio”.
Romper lógicas institucionales para cambiar la realidad del SENAME
La visión garantista de derechos, impulsada por organismos internacionales en infancia como UNICEF y Naciones Unidas, se maneja a dos frentes: la promulgación de leyes que respondan localmente a la convención (“ley de garantías”), y los cambios en la función de la institución encargada de asegurar los derechos. El tema es, que supone en términos de la institución concreta, y de las obligaciones del estado, el cambio desde el modelo proteccionista/tutelar actual al modelo garantista, lo que en el papel es atractivo pero en la práctica no asegura nada.
Que el cambio conceptual de les niñes y adolescentes objeto de derecho a les niñes y adolescentes sujeto de derecho sea real, ontológico y no semántico y de palabras lindas, depende de las políticas concretas que sean aplicadas, y hasta ahora, en uno u otro modelo, estas han mostrado que siguen siendo funcionales al sistema. Será tiempo de pensar rompiendo las lógicas institucionales, con la convicción real de que eses niñes y adolescentes, y más que nada les más vulnerables entre les vulnerables, no nos son ajenos son espejo de este sistema, nuestra responsabilidad comunitaria y colectiva.
