Estados Unidos está salpicado de «desiertos del aborto», zonas cuyas residentes tienen que conducir más de 160 kilómetros (100 millas) para alcanzar la clínica más cercana que ofrezca ese servicio.
Esos desiertos se han extendido con la crisis del coronavirus, cuando abortar dejó de ser una opción durante semanas para millones de mujeres en Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennessee.
Los vetos en esos estados han perjudicado especialmente a mujeres indocumentadas y pobres, mientras los médicos advertían del riesgo de obligarlas a aplazar el procedimiento.
Una espera peligrosa
«Estoy confinada con mi familia y tratando de mantener (mi embarazo) en secreto. Me preocupa no poder conseguir un aborto a tiempo. No sé qué hacer», dijo Alicia (nombre ficticio), que se comunicó con Efe a través de la organización pro derechos reproductivos «We Testify«.
La joven de 19 años lleva en vilo desde finales de marzo, cuando Texas anunció que ese servicio se consideraría «no esencial» durante la pandemia y amenazó con seis meses de cárcel a quienes lo ofrecieran.
Aunque un tribunal obligó al estado a restaurar el acceso al aborto el 22 de abril, Alicia todavía no tiene cita, y está desesperada: su embarazo ya pasa las 12 semanas.
«Las clínicas de Texas tienen enormes listas de espera. Tardarán semanas, o meses, en ver a todas las pacientes», explicó a Efe la presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR), Nancy Northup, involucrada en varias de las demandas que han frenado los vetos.
Se espera que al menos mil mujeres mueran en todo el mundo por interrupciones del embarazo inseguras si las restricciones al aborto aumentan apenas un 10 % durante toda la pandemia
Las consecuencias van más allá de la posibilidad de superar el límite legal para interrumpir el embarazo en estados conservadores, en torno a las 20 semanas de gestación.
Se espera que al menos mil mujeres mueran en todo el mundo por interrupciones del embarazo inseguras si las restricciones al aborto aumentan apenas un 10 % durante toda la pandemia, según un cálculo de abril del centro de investigación sobre salud reproductiva Guttmacher Institute.
Al doctor Bhavik Kumar, que practica abortos en Houston (Texas), le han llegado a «asustar» algunas de las llamadas que ha recibido en las últimas semanas.
«La gente nos dice: ‘si no pueden ayudarme, he leído algo en internet sobre una hierba o una vitamina que puedo tomar'», detalló a Efe ese médico, que trabaja para la organización Planned Parenthood, la mayor red de clínicas salud reproductiva del país.
Una batalla ideológica
Practicar abortos en la mitad conservadora de Estados Unidos es como navegar a contracorriente: en los últimos años, las clínicas dedicadas a este servicio no han parado de cerrar, vencidas por leyes diseñadas para imposibilitar su trabajo.
Para Northup, los vetos durante la pandemia forman parte de una campaña de muchos estados para limitar el acceso al aborto y conseguir que el Tribunal Supremo les permita prohibirlo. «Se están aprovechando de la situación para sus metas políticas», opinó.
El argumento principal de los cuatro estados que restringieron el aborto -y de otros que lo intentaron sin éxito- tenía que ver con la pandemia: querían reservar los equipos de protección personal de esas clínicas para tratar a enfermos de COVID-19.
Pero esa idea convenció a pocos jueces, porque «la mayoría de los abortos no requieren hospitalización y usan equipos de protección mínimos», como declaró el Colegio Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras en el litigio de Oklahoma.
La gran excepción es Arkansas, donde el aborto quirúrgico seguía prohibido al acabar abril mientras muchas mujeres aún recorrían largas distancias en plena pandemia.
Largas distancias
En el caso de Texas, viajar a una clínica en otro estado no solo significaba exponerse a contraer el coronavirus, sino pasar en muchos casos más de 10 horas en la carretera, solo de ida.
Durante el mes que duró el veto, casi 200 pacientes de Texas llegaron a las clínicas de Planned Parenthood en Nuevo México, Colorado y Nevada, un aumento del 1.200 % respecto a febrero, según esa organización.
El argumento principal de los cuatro estados que restringieron el aborto -y de otros que lo intentaron sin éxito- tenía que ver con la pandemia: querían reservar los equipos de protección personal de esas clínicas para tratar a enfermos de COVID-19.
El flujo también se notó en la clínica Trust Women, en Oklahoma City. Su fundadora, Julie Burkhart, ya hacía «malabarismos» para responder al veto en su estado cuando empezó a recibir llamadas desde el vecino Texas.
«Me llamó una mujer desde Dallas. Le habían cancelado seis citas y me pedía que por favor le garantizase que la íbamos a poder ver», relató Burkhart a Efe.
En Oklahoma, el acceso al aborto estuvo prohibido durante casi dos semanas, hasta que una corte lo restauró el 6 de abril; pero la escasez de tests para detectar el coronavirus ha complicado las cosas, y la clínica de Burkhart ya solo ofrece abortos por medicación, hasta las 11 semanas.
Muchas indocumentadas, sin opciones
Pagar los 500 dólares de media que cuesta un aborto en el primer trimestre en EE.UU. es una odisea para millones que mujeres que viven bajo el umbral de la pobreza, y que integran alrededor de la mitad de las que intentan interrumpir su embarazo cada año en el país, según un estudio de 2017 del Guttmacher Institute.
Esa barrera económica se ha elevado con la pandemia, que ha dejado sin trabajo a más de 30 millones de estadounidenses. En muchos casos, financiar no solo el aborto, sino también la gasolina para el viaje y posibles noches de hotel se ha vuelto imposible, aunque algunas lo han conseguido con la ayuda de organizaciones que recaudan fondos.
Pero cientos de miles de indocumentadas en el texano valle del Río Grande no tenían ni la opción de pedir ayuda para echarse a la carretera, porque hay garitas de la Patrulla Fronteriza a hasta 100 millas de la frontera con México.
«Sin papeles, no pueden salir del valle del Río Grande o de otras áreas, como El Paso, para acceder a estos servicios de aborto. En muchísimos aspectos, viven en una burbuja», explicó a Efe la directora en Texas del Instituto Nacional de Justicia Reproductiva para las Latinas, Nancy Cárdenas Peña.
Pagar los 500 dólares de media que cuesta un aborto en el primer trimestre en EE.UU. es una odisea para millones que mujeres que viven bajo el umbral de la pobreza, y que integran alrededor de la mitad de las que intentan interrumpir su embarazo cada año en el país, según un estudio de 2017 del Guttmacher Institute.
En todo el valle solo queda una clínica que practique abortos, y ese centro, en McAllen, estuvo inactivo durante un mes, con breves excepciones entre apelaciones judiciales en las que el acceso al aborto se restauró durante unas pocas horas en todo Texas.
En ese plazo, Cárdenas Peña recibió «muchísimas llamadas» llenas de «confusión» sobre lo que era legal o no.
A su juicio, esa incertidumbre es la mejor baza de los líderes del estado en la campaña contra el aborto que emprendieron hace siete años, y que ha afectado desproporcionadamente a las latinas.
«La gente quería regresar a lo normal, a (como estaban las cosas en) Texas antes del COVID-19. Pero yo no quiero regresar a lo normal. Quiero derechos de salud reproductiva«, zanjó la activista.
Fuente: https://www.elmostrador.cl/braga/2020/05/07/confinadas-en-el-desierto-del-aborto/
