La iniciativa permitiría ignorar los planes reguladores municipales y metropolitanos en casos de proyectos llamados de «integración social». El ministro de Vivienda Cristián Monckeberg, ante las críticas ciudadanas y académicas, lo había retirado en diciembre, pero en tiempo de pandemia lo repuso sin hacerle mayores cambios, como prometió.
El pasado 17 de diciembre de 2019 se informó en la Comisión de Vivienda del Senado que el proyecto de una Ley de Integración Social y Urbana impulsada por el Gobierno había sido retirado, para dar paso a otro proyecto de ley sobre la materia, con mayor consulta ciudadana.
La decisión fue bien recibida por organizaciones ciudadanas y parte del mundo académico, los principales críticos a la iniciativa. El texto original promovido por el gobierno planteaba que alrededor de ejes estructurales de la ciudad se establecerían zonas donde hubiese incentivos para que las inmobiliarias construyeran con mayor densificación que la permitida, tanto por los planes reguladores comunales como por el metropolitano, siempre que las constructoras edificaran proyectos que considerasen la integración entre familias vulnerables y de clase media.
Esto causó escepticismo entre quienes vieron en la medida una oportunidad para el sector inmobiliario de pasar por sobre los instrumentos de planificación urbana, vulnerando elementos de patrimonio, asoleamiento y vialidad, sin dejar bien en claro la buscada ‘integración’ entre los potenciales habitantes de estas construcciones.
Una de las críticas más duras provino del Instituto de Estudios Territoriales (IEUT) UC, donde 13 académicos firmaron un documento que analizaba el proyecto, el cual tildaron de “centralista e impositivo”, ya que junto con sobrepasar la planificación territorial, no especificaba la participación de los gobiernos regionales ni municipales.
Este martes 5 de mayo, el proyecto fue analizado nuevamente en la Comisión de Vivienda del Senado donde fue aprobado en general para dar paso a la sala, lo que provocó la molestia de algunas organizaciones civiles.
“Con indignación hemos recibido la noticia que el gobierno ha repuesto el mismo proyecto con suma urgencia el 28 de abril de 2020 y la Comisión de Vivienda, aprobó en general el proyecto de ley, tal cual había salido de la Cámara de Diputados, el segundo semestre de 2019”, denunciaron desde la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
Según esta agrupación ciudadana “una vez más se ha faltado a la verdad y se ha engañado la esperanza de miles de personas que se organizan defendiendo el derecho al patrimonio, la vivienda y la ciudad. No hubo nuevo proyecto, ni menos participación ciudadana. El gobierno insiste y un grupo de senadores no respetan ni su palabra, ni los compromisos adquiridos en sesión pública del 17 de diciembre de 2019”.
José Osorio, presidente de esta organización conformada por vecinos y organizaciones que defienden el patrimonio cultural y que considera a 144 socios de Arica a Punta Arenas, dijo en conversación con INTERFERENCIA que “este proyecto de ley entrega beneficios al mercado inmobiliario para poder construir por sobre la normativa vigente, para poder construir torres en altura, burlando los planes reguladores, la ley de monumentos y la protección de barrios patrimoniales».
«Todo esto a cambio de una fachada de integración social, ya que se dice que con esto se va a permitir que las familias de escasos recursos puedan acceder a viviendas en lugares céntricos con mayor facilidad que lo que hoy se permite, pero en realidad no entrega garantías para esas personas que pudiesen participar a través de la compra o a través de subsidios de estas viviendas, sino que el proyecto señala los beneficios normativos para las inmobiliarias y que esto sea un mejor negocio”, dice Osorio.
“Al no estar normada la cantidad de viviendas que podrían ser ocupadas vía subsidio, para nosotros esto no soluciona el problema de integración social, y encima, ofrece una alternativa en desmedro de toda la calidad de vida de miles de vecinos”, ahondó Osorio.
Finalmente, Osorio criticó que esto se realice en medio de la crisis sanitaria y aprovechando la menor capacidad de movilización social en las calles, y afirmó que esperan reunirse en el corto plazo con algunos senadores para plantearles sus inquietudes respecto a esta iniciativa.
Fuente: Interferencia
