Frente a la crisis desatada por la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez acelera la activación de una medida que ya estaba en su programa de gobierno
A medida que se acerca la fecha anunciada para su entrada en vigor, el proyecto de renta mínima impulsado por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis del coronavirus empieza a tomar forma.
Pensada para garantizar un nivel básico de ingresos que permita alejar a las familias más vulnerables de la pobreza en el contexto crítico que atraviesa el país, el llamado Ingreso Mínimo Vital es una de las medidas más contundentes –y más polémicas– que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impulsado en su intento de suavizar la debacle a la que parece abocada la economía nacional.
En cualquier caso, la iniciativa de establecer este tipo de subsidio básico ya figuraba en los programas electorales de los dos partidos que forman el Gobierno de España, el PSOE y Unidas Podemos, y también se incluyó en el acuerdo de coalición que ambas formaciones suscribieron en diciembre. Sin embargo, las apremiantes circunstancias económicas en el contexto de pandemia han obligado al gobierno a acelerar este proyecto y ponerlo en marcha cuanto antes.
Repasamos a continuación algunos de sus aspectos principales, a tenor de lo que se va desvelando en relación a su inminente implantación.
¿Qué coste tendrá para el Estado?
La adopción de esta medida podría suponer un coste total de unos 3.000 millones de euros al año, según estimó hace una semana el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
¿A cuánta gente beneficiará?
Durante el transcurso de una entrevista en la Cadena Ser, el ministro Escrivá explicó que, según los datos que su equipo había cruzado con la Agencia Tributaria española, el Ingreso Mínimo Vital podría llegar a beneficiar a 1 millón de hogares, que supondrían unos 3 millones de personas aproximadamente.
¿Cuándo empezará a cobrarse?
El propio ministro estimó en una comparecencia pública, también hace una semana, que «se podrá empezar en el mes de junio» a percibir esta ayuda, si bien la norma de la que depende, está, en términos estrictos, aún pendiente de su aprobación en el Consejo de Ministros.
¿Cuánto dinero recibe el beneficiario?
Según un borrador al que ha tenido acceso el diario El Mundo, la renta mínima vital oscilará entre 462 euros y 1.015 euros mensuales. Para cada caso se tendría en cuenta, como referencia principal, el nivel de ingresos de 2019, y otros parámetros como el número de hijos o de personas a cargo en el hogar.
Aunque las cifras están aún en periodo de revisión y podrían cambiar, lo estipulado en el borrador es lo siguiente:
- Para familias monoparentales, los criterios para establecer la cuantía son: un adulto sin cargas familiares recibiría 462 euros al mes; un adulto con un menor a cargo, 700 euros; un adulto con dos menores a cargo, 838 euros, y un adulto con tres o más menores, 977 euros.
- En el supuesto de unidades familiares compuestas por dos adultos sin cargas, la cuantía de la ayuda sería de 600 euros; para dos adultos con un niño, de 738 euros; para dos adultos con dos niños, 877 euros, y dos adultos con más de dos niños, 1.015 euros.
- En el caso de hogares donde convivan tres adultos sin niños, la prestación alcanzaría los 738 euros; para tres adultos con un menor a cargo y para otros tipos de modelos de familia, la prestación ofrece un máximo de 877 euros.
¿Es compatible con otros subsidios?
Sí, será compatible con otras ayudas que provengan, por ejemplo, de las administraciones autonómicas o locales, y no implicará obligación alguna de renunciar a becas o ayudas para vivienda.
Tampoco sería incompatible con otros subsidios como el eventual «ingreso mínimo común» que algunos gobiernos reclaman a la Unión Europea.
¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a esta prestación?
El criterio principal para la adjudicación de esta ayuda será que los ingresos mensuales de la unidad familiar solicitante –según la renta del año anterior–, no superen la cuantía de la prestación a recibir.
Además, el solicitante deberá ser mayor de 23 años –salvo que con menos edad tenga ya algún hijo a cargo–, y menor de 65 años.
Quedarían excluidos del derecho a recibir esta prestación los titulares de un patrimonio de 100.000 euros o más, incluida la vivienda habitual.
España: a la cabeza en desigualdad y a la cola en ayudas
Para el sociólogo y escritor Jorge Moruno, es importante destacar que este instrumento que el Ejecutivo español está a punto de implementar «no es una renta básica universal, sino una renta condicionada a situaciones concretas de vulnerabilidad bajo unos supuestos».
Sobre la oportunidad de su implantación a partir de ahora, Moruno opina que «hace mucho tiempo que España debería haberse adaptado a otros países de Europa en cuanto a transferencias sociales«, y recuerda que el país ibérico se encuentra «a la cabeza de la Unión Europea en desigualdad de rentas y a la cola en ayudas a las rentas más bajas». Jorge Moruno, sociólogo y escritor «Los más ricos se ha independizado de la sociedad y eso hay que revertirlo, no pueden seguir viviendo del trabajo del resto y no pagar nada a cambio»
En cualquier caso, el sociólogo estima que para la situación actual «hubiese sido mejor una renta de cuarentena que inyectase directamente dinero, en lugar de haber esperado tanto, para evitar que el confinamiento se tradujese en miseria».
Frente a las críticas: «Es una medida viable»
Los anuncios de cualquier iniciativa próxima a la instauración del Ingreso Mínimo Vital suele suscitar en España una intensa contestación social, fundamentalmente desde sectores conservadores y más proclives a las concepciones neoliberales de la economía. Uno de los principales argumentos de esta crítica es la supuesta insostenibilidad de su financiación.
«Esas mismas voces nunca no dicen nada cuando se trata de poner dinero público para salvar autopistas, salvar bancos o cuando las patronales piden subvenciones, que son mucho más caras», recuerda Moruno, recalcando que «ese intervencionismo les parece bien«. «Los más ricos, los grandes patrimonios y la economía rentista ya reciben una renta ‘premium’ gracias a los privilegios fiscales, la elusión fiscal y el pago de los alquileres», comenta al respecto. Jorge Moruno, sociólogo y escritor. «Poder rechazar la coacción de la precariedad es la mejor forma de impulsar una reforma patronal y el cambio de modelo productivo»
Para Jorge Moruno no hay duda de que este Ingreso Mínimo Vital «es una medida viable», pero enfatiza que «también lo es una renta básica universal e incondicional, previa reordenación fiscal». En ese sentido, explica que «en España hace falta más progresividad fiscal, más tramos, acabar con los beneficios fiscales regresivos y gravar más a las rentas del capital, para ingresar más e invertir mejor en beneficio de la sociedad».
«Los más ricos –añade– se han independizado de la sociedad y eso hay que revertirlo, no pueden seguir viviendo del trabajo del resto y no pagar nada a cambio».
Hacia una renta básica universal en un «nuevo paradigma de ciudadanía»
El momento económico inspira a Moruno una reflexión de fondo: «Necesitamos avanzar hacia un nuevo paradigma de ciudadanía y una libertad más avanzada, basada en el derecho a la existencia garantizado«.
En esa línea, es claro con el futuro que desea para el nuevo Ingreso Mínimo Vital: «Esperemos que llegue para ampliarse y caminar hacia una renta básica universal».
Frente a quienes enarbolan el argumento de que una renta de esas características desincentivaría la iniciativa privada, la búsqueda de empleo o la productividad en general, sostiene que «una renta básica, unos servicios públicos y un alquiler asequible, lo único que desincentivan es el trabajo precario, los sueldos miserables y la economía rentista».
El sociólogo alude a que la posibilidad de contar con una renta básica ampliaría ciertamente la capacidad de elección del trabajador: «Poder rechazar la coacción de la precariedad es la mejor forma de impulsar una reforma patronal y el cambio de modelo productivo«, asegura al respecto.
«Hay que cambiar el enfoque: no se trata de demostrar ‘si desincentiva la búsqueda de trabajo’, es al revés, se trata de demostrar si sirve para elevar el poder de negociación que permita desincentivar la oferta de trabajos precarios», explica a continuación, señalando que una renta básica contribuiría, sobre todo, a que hubiese «libertad para para todas las personas, y no solo para quienes tienen dinero para comprarla».
