Se trata de una iniciativa para explotar potasio y litio en un pueblo de San Pedro de Atacama, que fue ingresada por primera vez hace más de una década y que hasta la fecha no ha logrado una resolución de calificación ambiental para poder funcionar. Opositores al proyecto temen que se termine aprobando como parte de las medidas para incentivar la economía en el país.
Como parte del plan de reactivación de las inversiones que impulsa de manera sigilosa el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hoy lunes el Comité de Ministros discutirá la aprobación de un proyecto minero del Grupo Errázuriz que ha sido rechazado por distintas instancias estatales por más de una década.
La empresa Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine -que pertenece a Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del ex candidato presidencial y senador conocido como ‘Fra-Fra’- presentó un recurso de reclamación en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En palabras sencillas, esa minera busca descalificar los informes adversos emitidos a lo largo de los años, para seguir adelante con su proyecto. Y en el contexto de la pandemia del Coronavirus, este grupo empresarial ha recibido la atención del gobierno.
El proyecto minero se ubica en Peine, un pueblo cercano a San Pedro de Atacama y dependiente de esa comuna, que fue ingresado originalmente en 2007 mediante una Declaración de Impacto Ambiental. Ese año ocho reparticiones públicas le exigieron presentar un EIA, ya que la empresa no acreditó que las acciones de su proyecto no dañarían los humedales y áreas de la Reserva Nacional Los Flamencos.
Dos años después, en 2009, la minera presentó el estudio de impacto ambiental. Las comunidades atacameñas de Toconao, San Pedro de Atacama, Socaire y Peine, junto al Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), fueron parte de los procesos de participación ciudadana, donde se presentaron observaciones al proyecto obteniendo mayoritariamente rechazo por parte de las comunidades.
¿Por qué? Por el posible impacto sobre el salar de Atacama debido a la extracción a gran escala de aguas subterráneas con altas concentraciones de sales -también conocidas como salmueras- de unos 225 litros por segundo. Ello podría afectar gravemente la flora y fauna local, el paisaje y los mantos acuíferos, y junto con ello las actividades agropecuarias y turísticas que existen en la zona.
Después de una serie de manifestaciones por parte de comunidades atacameñas y organizaciones ambientales, en noviembre de 2017 la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta rechazó de forma unánime el proyecto.
Sin embargo, este año el Grupo Errázuriz reactivó el lobby para la iniciativa, mediante un recurso de reclamación y justificaciones por el rechazo a su EIA que fue presentado al Comité de Ministros. La arremetida de la minera se da en un momento donde el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, busca distintas formas para reactivar la actividad económica del país tras las consecuencias del estallido social y la crisis sanitaria por el Covid-19.
“Insistir con un proyecto así, que se basa en estudios de antaño y que pretende una aprobación por debajo del agua, nada bueno traerá. Siento que se trata de aprovechar el momento en que las miradas están en la pandemia para pasar un gol y lamento profundamente que el gobierno se preste para esto en desmedro de recursos naturales e hídricos que le pertenecen al pueblo autóctono”, expresó a INTERFERENCIA Amanda Barrera, presidenta de la Comunidad Atacameña de Peine.
Sobre el recurso de reclamación, los detractores de la iniciativa minera indican que, en lo esencial, se habría presentado el mismo proyecto, sin subsanar una serie de observaciones que la Dirección General de Aguas realizó el 25 de abril de 2018 (ver documentación adjunta). “Lamentablemente el sistema de evaluación de los proyectos está diseñado para aprobar estas iniciativas. NX Uno lleva más de 13 años tratando de obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) positiva y en todas las instancias ha sido rechazada, ya que trata de convencer que su extracción es sustentable por el solo hecho de crear puntos de monitoreo. Esperamos que el Comité de Ministros ratifique la RCA desfavorable que obtuvo en noviembre del 2017 y que de una vez por todas salga del sistema de evaluación”, manifestó Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, organización que también denuncia que esta reclamación se estaría dando a espaldas de las comunidades.
Otro de los puntos que mantiene en alerta a las comunidades y organizaciones ambientales son los antecedentes del Grupo Errázuriz. En 2011, la fiscalía confirmó que la mina de yodo de la empresa Cosayach -de propiedad del empresario Francisco Javier Errázuriz- extraía agua sin los permisos correspondientes. A ello se suma que el grupo mantiene millonarias deudas fiscales por asesorías fantasmas que alcanzarían los 15 millones de dólares.
INTERFERENCIA intentó comunicarse con el empresario Francisco Javier Errázuriz Ovalle para conocer su versión sobre este tema, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible establecer contacto.
Fuente: Interferencia
