Por Capucha Informativa
La fecha límite para firmar el tratado escazú -que promueve justicia ambiental- se está acercando, pero el mal gobierno se mantiene con una postura negativa e insiste que a Chile no le conviene, pese a haber sido impulsado hace unos años por el actual gobierno. El día 27 de septiembre se pondrá en vigencia el acuerdo, por lo tanto quedan 18 días para que el gobierno de turno tome una decisión final. Se requieren alrededor de 11 firmas para que tenga validez, pero se sigue analizando según afirma el ministro Allamand. Esto arrastra a la nación entera hacia una postura que no entiende que debemos hacer esfuerzos claros para cuidar y conservar el medio ambiente, defendiendo de manera obtusa una posición contradictoria con la postura inicial que Chile tenía respecto del Tratado de Escazú.
El día de ayer el Canciller Andrés Allamand asistió a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, lugar donde expuso la postura del gobierno sobre sumarse al acuerdo que garantiza el acceso a la información, participación y justicia en aspectos medioambientales. La actitud negacionista del gobierno se ha mantenido a lo largo de los años. “El acuerdo, en opinión del gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”, sostuvo el secretario de Estado el día martes.
“Estamos agotando, en estos días, el análisis de cuatro aspectos que van al fondo del debate”, agregó Allamand. El contenido que genera conflicto al gobierno son los cambios que tendrá en las leyes medioambientales, el alcance interpretativo de algunos principios, los compromisos que generaría y las consecuencias si viola algún apartado del pacto, es decir, la eventual posibilidad de ser llevado a tribunales internacionales.
Con el fin de enfatizar la postura, Allamand afirmó que “una decisión de esta naturaleza debe requerir la mejor comprensión de todos los sectores que tienen interés en la materia”, pero agregó que “no quiero que haya ningún margen para una mala interpretación. Yo he dicho que la posición del gobierno no ha cambiado (…) No debe haber espacio para la generación de una falsa expectativa porque los términos son lo suficientemente elocuentes”, pareciera ser que los intereses del empresariado se ven “perjudicados” con mayores exigencias medioambientales y por lo mismo, el ministro, entregó elementos vacíos para justificar la postura del gobierno.
Lo curioso es que en el año 2012 Chile impulsó y lideró junto a Costa Rica este acuerdo, sin embargo en septiembre del año 2018, la ministra Carolina Schmidt informó que la Cancillería pidió postergar la participación en el tratado. El Presidente de la república argumentó que se podrían crear eventuales problemas en la soberanía por los conflictos territoriales, refiriéndose a la pugna con los pu Mapuche. Dejando en claro su posición de preferencia a evitar problemas internacionales antes que proteger y preocuparse de la ciudadanía y del pueblo nación Mapuche.
¿Pero, qué es el tratado escazú?
Es el tratado internacional más importante de los últimos 20 años, firmado por 22 países de América Latina y el Caribe referido a protocolos de protección del medio ambiente, que busca asegurar que se viva en un ambiente sano, contar con la participación pública e inclusiva en decisiones -de este aspecto- garantizando que las medidas que se adopten respeten el derecho de tener un medioambiente limpio como se estipula en los DD.HH reconocidos internacionalmente, como también quiere proteger a los activistas ambientales y la comunidad indigena, en otras palabras cuidar la democracia de participación activa para sancionar e investigar casos que atenten a los defensores. Vale preguntarse si con la firma de estos acuerdos, a los habitantes de zonas de sacrificio, léase Quinteros, Ventanas, y tantas otras, les cambiaría la calidad de vida.
El acuerdo necesita que existan en total 11 países que lo firmen para poder entrar en vigencia. Sin embargo, los Estados que se interesen en un tiempo más tendrán la posibilidad de suscribirse. Hasta ahora hay nueve países que han cumplido con ese paso, pero otros cinco se encuentran en esa vía: Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y México. Nuestra nación es parte de los 12 países que no se han adherido, donde se encuentran Venezuela, El Salvador, Cuba, Honduras, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Surinam y Trinidad y Tobago.
