Organizaciones comunitarias de Puntra y Chepu están en juicio contra el municipio y la Seremi de Salud. Acusan a las autoridades de utilizar la alerta sanitaria para instalar un relleno sanitario de forma irregular, salteándose el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En abril de 2019, el vertedero municipal de Ancud fue clausurado tras 40 años en funcionamiento, dejando a la comuna sin un lugar para almacenar su basura. Ante el apremio, con la los residuos domiciliarios acumulándose en las calles y con una propuesta bloqueada por la comunidad, la Seremi de Salud decretó una alerta sanitaria y se resguardó en ella para autorizar el funcionamiento de un relleno sanitario en el sector de Puntra el Roble, sin evaluar el impacto al medio ambiente.
“Los vecinos de Puntra se levantaron de la noche a la mañana con un vertedero. Se aprovecharon de que era una localidad pequeña con poca gente para hacerles frente”, comenta Diego Barhona, del comité Chiloé sin Basura. Se trata de un sector que vive sobre todo de la ganadería, la agricultura, la pesca y el turismo. La existencia de un vertedero en las cercanías no solo afectaría el sustento de estas personas por la contaminación, sino también podría afectar la salud, por la presencia de animales como ratas o aves de carroña que funcionan como vectores de enfermedades infecciosas.
Desde enero, la basura de 30.000 habitantes va a parar a ese terreno, que se ubica a pocos kilómetros de distintas áreas protegidas, y en la misma cuenca del recién declarado Santuario de la Naturaleza del Río Chepu. El pasado Día del Medio Ambiente, Sebastián Piñera firmaba el decreto para la creación de este santuario y la protección de los humedales, turberas y más de 300 especies que allí habitan. “Por la posición del relleno sanitario en la cuenca, es muy fácil que se produzca una contaminación de líquidos lixiviados a los cursos de agua y también a las aguas subterráneas del lugar en sí, más aun considerando que los estudios de base que se utilizaron son de muy mala calidad”, comenta Andrés Lagarrigue, Director de Programas del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN). Este centro, es el que tiene en sus manos la realización de un plan de manejo para el santuario.
Acciones legales
La comunidad denunció irregularidades ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), buscando que se cierre el relleno sanitario mientras no esté regulado. La semana pasada, la SMA realizó una fiscalización en terreno y emitirá en los próximos días una resolución obligando al proyecto un cronograma de ingreso al SEIA. Sin embargo, el cierre de operaciones queda en cuestión. “Cuando uno requiere ingreso al SEIA por una hipótesis de elusión, la ley no permite que estos proyectos funcionen mientras no exista una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que los autorice. Pero esto tiene excepciones, cuando paralizar un proyecto mientras se regulariza puede generar una emergencia ambiental o sanitaria peor que la que se está intentando prevenir, como pasa con el cierre de vertederos”, explica Emanuel Ibarra, fiscal de la SMA.
Un grupo de abogados trabaja junto a la comunidad y se han presentado recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que también están a la espera de una sentencia durante este mes. En ojos de grupos comunitarios y de los abogados, la alerta sanitaria se utilizó como instrumento para hacer un relleno sanitario de forma irregular y buscando obtener una RCA bajo condiciones excepcionales, con una Declaración de Impacto Ambiental en vez de un estudio que es mucho más amplio, y con la idea de utilizarlo como el sitio definitivo de residuos para Ancud. En opinión del grupo legal, el sitio no califica como relleno sanitario sino como vertedero, no cumple con los requerimientos técnicos que exige la normativa, y los estudios para conocer el impacto en el medio ambiente son precarios.
El encargado de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ancud, Alfredo Caro puso en duda esto, afirmando que “estamos licitando una Declaración de Impacto Ambiental para regularizar la situación lo antes posible y operar durante cinco años en este sitio, mientras se busca una solución definitiva”. Caro agregó que según el municipio se trata de un relleno sanitario con todas las características necesarias para ello y no un vertedero.
Si el proceso no prospera en esta instancia, los abogados tienen esperanza de dirimir el conflicto ante la Corte Suprema. “Lo que yo espero es que en algún punto alguien sentencie que esto no se puede seguir haciendo así en ninguna comuna. Que la estrategia de la Seremi de Salud es ilegal y que el caso de Puntra se tiene que mitigar, reparar y compensar. Porque el SEIA está para prevenir que se instale un proyecto que puede perjudicar el medio ambiente. En este caso, ya está instalado y ya hay un impacto”, reflexiona Andrés Lagarrigue, que también se ha sumado al grupo de abogados que llevan la causa.
Mirada cortoplacista
La preocupación de los abogados es que, si los tribunales autorizan este actuar por parte del municipio de Ancud, la misma estrategia se podría utilizar para afrontar el problema de la basura en otras comunas de la isla, salteándose los requerimientos legales. Y no son pocas las comunas con estos problemas.
“El año pasado, la situación de Ancud hizo que se analizaran todas las situaciones de la isla y se observó que todos los vertederos municipales están fuera de la norma. Aquí es responsabilidad de cada municipio planificar a tiempo las distintas alternativas. Lo que sucedió en Ancud es algo que no puede repetirse. No puede ser que cierre un vertedero y no tengan una solución para disponer de la basura”, sostiene el Seremi de Medio Ambiente de Los Lagos, Klaus Kosiel.
“Se han hecho intentos de encontrar soluciones a nivel provincial o en asociaciones de tres o cuatro comunas. Pero resolver de buena forma el tema tiene un costo económico y político que nadie quiere asumir. Nadie quiere ser el que reciba la basura de todo Chiloé. Las administraciones tratan de aguantar hasta el final de sus períodos sin que la bomba les explote en la cara”, comenta Andrés Pinto, uno de los abogados de la comunidad.
Soluciones reales
Todos los actores involucrados en el conflicto coinciden en una cosa: es necesario reducir la generación de basura y propiciar el reciclaje, el compostaje y la separación en origen. En ese sentido, existen algunas iniciativas derivadas del Fondo Reciclaje 2020 y otras acciones del municipio que se están implementando, para entregar composteras a los vecinos y establecer centros de reciclaje en las distintas comunas.
Desde la comunidad, también buscan impulsar soluciones integrales para propiciar el reciclaje. “Queremos impulsar un plan de ordenamiento territorial con el gremio de los recicladores y un estudio con académicos de la Universidad de Temuco, para definir zonas y poner parques de reciclaje, compostajes e impulsar la economía circular”, acota Diego Barahona. Pero estos necesarios cambios a mediano y largo plazo, siempre van a dejar un resto de residuos que deben desecharse.
“Si a mí me preguntan, la forma correcta de hacer esto habría sido llevar los residuos al relleno sanitario de La Laja en Puerto Varas, mientras con tiempo se buscaba un terreno con los estudios correspondientes y con un proceso transparente, donde se le avisara a la comunidad afectada las mitigaciones y las compensaciones correspondientes, ya que un relleno sanitario siempre va a tener un impacto”, reflexiona Lagarrigue.
Alfredo Caro comenta que desde la municipalidad se estudió la posibilidad de llevar los residuos temporalmente a La Laja. “Pedimos autorización para llevar los camiones hacia allá, la que fue denegada, pero nos dijeron que estaban abiertos a conversar con las autoridades. Le solicitamos al Intendente una reunión, pero no se concretó. Siempre nos dijeron que la basura de Chiloé debía quedarse en Chiloé”.
Foto: Rienzi Figueroa / re-vuelta.cl
Fuente: El Desconcierto
