En el trabajo se contabilizó un total de 14 sectores productivos, como la pesca, acuicultura, puertos, infraestructura manufacturera y saneamiento ambiental (vertederos, rellenos y plantas de tratamiento), entre otros. Cada uno de ellos, presentó al menos 10 proyectos con conflictos socioambientales, muchos de los cuales se encuentran en Áreas de Alto Valor para la Conservación, zonas de gran importancia para disminuir los impactos del cambio climático y proteger a la población contra estos. El artículo fue publicado en la prestigiosa revista Environmental Science and Policy.
A través del análisis de 1.035 noticias en medios de prensa en línea, que abarcó desde los años 2004 a 2018, un grupo de científicos realizó el estudio Conflictos socioambientales: una amenaza subestimada para la conservación de la biodiversidad en Chile, el cual estableció que del total de iniciativas identificadas en esos artículos con conflictos socioambientales, el 31% corresponde a proyectos del ámbito energético y el 28% al de la minería.
En el trabajo se contabilizó un total de 14 sectores productivos, como la pesca, acuicultura, puertos, infraestructura manufacturera y saneamiento ambiental (vertederos, rellenos y plantas de tratamiento), entre otros. Cada uno de ellos, presentó al menos 10 proyectos que arrastraban conflictos socioambientales. El artículo fue publicado en la prestigiosa revista Environmental Science and Policy.
Daniela Carranza, autora principal del trabajo y candidata a doctora del Programa BEA, puntualiza que de los 283 proyectos que se determinaron, 37% se encuentran dentro de Áreas de Alto Valor para la Conservación, que incluyen áreas protegidas ya decretadas, como también sitios prioritarios.
“Esto muestra cierta incoherencia en el sistema actual de evaluación y una deuda ecológica. Por otro lado, esta cifra puede que esté subestimada, porque hay varios proyectos que no pudimos ubicar, como concesiones de salmonicultura en los fiordos, que contienen ecosistemas únicos y valiosos”, afirma.
Distribución geográfica de proyectos
Según los resultados del trabajo, el número mayor de proyectos se localizó en la Región de Antofagasta, con un total de 42 (15%). Lo sigue la Región de Valparaíso, con 36 (12%). Ambas regiones estuvieron dominadas por conflictos de la industria energética (termoeléctricas) y minera. Las regiones que les siguen en número de proyectos son las de Biobío, Los Lagos (9,5% cada una), Metropolitana (9,2%) y Coquimbo (8,5%).
En Atacama, Arica y Parinacota, Tarapacá y Coquimbo, los proyectos mineros totalizan un 75%, 73%, 64% y 57%, respectivamente, del total regional de las iniciativas identificadas, lo que deja a la minería como la principal causa del tipo de conflicto analizado.
En contraste, en el sur de Chile, los conflictos ocasionados por el sector energético fueron los dominantes. Por ejemplo, en la Región de La Araucanía, 60% de estos conflictos fueron ocasionados por la industria energética (principalmente hidroeléctrica) y ninguno por minería.
Una tendencia similar se observó en las regiones del Biobío y Maule, donde cerca del 57% de los conflictos se relacionaron con el sector energético y algunos con la minería. Entre las regiones del Maule y Los Ríos fueron relevantes los conflictos asociados al sector forestal y la industria manufacturera.
En el extremo sur de Chile, la salmonicultura representó el 30%, 46% y 67% de los proyectos generadores de conflictos en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, respectivamente.
En Chile Central, en la Región de O’Higgins, el 55% de los conflictos se asoció a la agricultura y ganadería, principalmente vinculados a la crianza de porcinos. En la Región Metropolitana, la mitad de los conflictos se relacionó con la minería y el saneamiento ambiental (vertederos, rellenos y plantas de tratamiento).
El artículo menciona que diez proyectos concentraron la mayor parte de las noticias de conflictos socioambientales en los últimos 15 años, destacando Pascua-Lama, Dominga e HidroAysén, los que han generado masivas protestas públicas.
Biodiversidad para sobrevivir
Según explica la autora principal del estudio en diversos trabajos se ha reiterado la importancia de las áreas protegidas, al ofrecer una solución rentable a los impactos del cambio climático o crisis climática.
“Frente a desastres naturales, se ha visto que áreas naturales funcionan como barreras de protección, como los humedales frente a tsunamis, o las áreas bien conservadas frente a la sobrepesca y la contaminación. Esto muestra lo relevante que es la conservación de la biodiversidad, con herramientas como las áreas protegidas, y la necesidad de que esa protección sea efectiva y no solo en papel”.
Asimismo, la investigadora subraya que la protección efectiva de la biodiversidad, como por ejemplo el término efectivo del tráfico de animales silvestres, podría evitar que se presenten nuevos eventos de zoonosis, que pueden llegar a estado de pandemia.
“Los estudios han mostrado que las personas que viven en zonas muy contaminadas son más vulnerables al SARS-CoV-2. Este contexto hace que nuestro trabajo aporte nueva información sobre áreas en riesgo frente a actividades industriales, que puede servir como un punto de partida para ponerlas en la mira y apuntar a proteger de manera efectiva la biodiversidad y, consecuentemente, la salud humana”.
El Dr. Carlos Gaymer, académico de la UCN, director del Núcleo Milenio ESMOI, investigador asociado al CEAZA y uno de los autores del estudio, espera que este artículo «sirva para ayudar a orientar los esfuerzos futuros en la toma de decisiones por parte del Estado».
“Esperamos que este análisis sea un aporte a considerar en la actual toma de decisiones y en el futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), permitiendo identificar regiones y áreas que están siendo altamente presionadas por conflictos socioambientales y que poseen una biodiversidad única a nivel mundial, restringiendo las actividades que puedan tener un alto impacto en esta”.
Gaymer plantea que los desafíos ambientales pendientes de Chile son muchos, por lo que –a su juicio– los esfuerzos deberían apuntar, entre otros aspectos, a privilegiar la producción de energías limpias y actividades que tengan menores impactos en los ecosistemas, además de mejorar la legislación ambiental elevando los estándares y requisitos para desarrollar actividades productivas. Añade que “es importante considerar los efectos sinérgicos que pueden tener actividades de alto impacto en los ecosistemas, por lo que la normativa debería apuntar a evaluar de manera conjunta proyectos que ocurran en un mismo espacio”.
Para el académico, la idea de un esfuerzo de este tipo también busca colaborar en la protección de la biodiversidad para las futuras generaciones de Chile y el mundo, junto con evitar nuevas áreas de sacrificio.
“En el escenario actual de pandemia los estudios muestran que las áreas bien conservadas pueden ser parte de la respuesta, disminuyendo los riesgos de nuevos eventos y construyendo un futuro sustentable para la gente y la naturaleza”, apunta.
Los investigadores plantean en el estudio que se requiere un cambio de paradigma de políticas, para fomentar aquellas que impulsen un modelo de desarrollo sustentable, que incluya la biodiversidad como un bien común, de responsabilidad de toda la sociedad.
Junto a Carranza y Gaymer, son coautores de la publicación Katerina Varas-Belemmi (UCN-ESMOI), Diamela De Veer (UCN), Claudia Iglesias-Müller (ULS-IEB), Diana Coral-Santacruz (UCN), Felipe Méndez (ULS-IEB), Elisa Torres-Lagos (UCN), Francisco Squeo (ULS-IEB-CEAZA).
Fuente: El Mostrador
