Por Florencio Pardo y Radio Villa Francia
Con fecha 01 de agosto de 2020 se ingresó a la cámara de diputados el proyecto de ley del Gobierno, sin reajuste real al salario mínimo para el período septiembre 2020 a septiembre 2021, el que actualmente alcanza los $320.500 pesos brutos, justificándose1 bajo el “contexto de la pandemia”, el «cuidar los empleos y generar nuevos», como asimismo, por la aprobación a principios de este año del “ingreso mínimo garantizado”, el que mediante un subsidio estatal al cual se postula y que asciende hasta $59.200, se suma sin descuentos a la remuneración de los trabajadores que ganen el salario mínimo, vigente hasta febrero de 2020, llegando a ganar como máximo el trabajador $300.000.- pesos líquidos. Proyecto de ley que ya comenzó a ser revisado por la comisión de Trabajo de la cámara baja.
El Ministro de Hacienda informó que la propuesta de reajuste del salario mínimo del Gobierno para el período septiembre 2020-septiembre 2021, considera una variación nominal de 0,4% y de 0% real, de tal manera que conserva su poder adquisitivo, quedando en $ 322.000 pesos, es decir, sube $1.500.- pesos. Lo que se agrava aún más para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años puesto que su actual salario alcanza los $239.085.
El motivo impulsor del capitalista respecto del trabajo asalariado de obtener la mayor cantidad de ingresos con el menor costo, es decir, la obtención de la mayor cantidad de plusvalor a costa de disminuir los salarios, ha sido profundizada con la pandemia.
Según el INE, para el año 2018 “el ingreso mediano -el que recibe un individuo representativo de la mitad de la población- llegó a $400.000 al mes. Es decir, el 50% de los trabajadores del país percibe ingresos menores o iguales a ese último monto”, porcentaje2 que sin duda aumentará este año 2020, debido a los despidos, las suspensiones de relaciones laborales y las rebajas de sueldo por los pactos de reducción de jornada.
Según el cálculo realizado el año 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social, un hogar con cuatro integrantes requiere más de $401.633 pesos aproximadamente para superar la línea de la pobreza. Pero a pesar de lo exiguo que resulta el salario mínimo, este ni siquiera se garantiza a todos los trabajadores chilenos, puesto que hay trabajadores que están condenados a recibir un salario inferior al mínimo legal, entre ellos están:
a) Los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje (la remuneración la fijan libremente y de común acuerdo entre las partes).
b) Los trabajadores menores de 18 años de edad y los mayores de 65 años (tienden a una remuneración mínima fijada por el legislador, que ha sido equivalente al 75% del ingreso mínimo).
c) Los trabajadores con discapacidad mental, d) Los trabajadores que pactan una jornada inferior a 45 horas trabajo y e) Los trabajadores informales.
El motivo impulsor del capitalista respecto del trabajo asalariado de obtener la mayor cantidad de ingresos con el menor costo, es decir, la obtención de la mayor cantidad de plusvalor a costa de disminuir los salarios, ha sido profundizada con la pandemia.
El trabajo asalariado en Chile continúa siendo una mercancía que puede ser transada en el mercado, el cual termina fijando el precio de la fuerza de trabajo, es decir, el salario a pagar en general, más o menos al nivel de subsistencia básico para que esta mercancía tan especial pueda seguir reproduciéndose en el futuro, siempre y cuando satisfaga las necesidades del empresariado. Pero en este mercado interviene además el Estado, no para mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que la de los empleadores, manteniendo sin cambios sustanciales el salario mínimo.
Mantener este salario, además de aumentar la explotación de la clase trabajadora, actúa como un dispositivo de control social, puesto que logra intensificar la subordinación o sumisión de los trabajadores al poder del capitalista, obligando a los trabajadores a recurrir al endeudamiento en la banca, casas comerciales, supermercados, etc. para satisfacer incluso necesidades básicas, con un temor permanente al embargo judicial de sus bienes; y asimismo, le obliga a realizar una mayor cantidad de trabajo o más horas extras para aumentar su salario, impidiendo con esto todo tipo de posibilidad de organización y, por ende, de resistencia del trabajador a la precariedad impuesta por su patrón.
Cabe señalar que este último año se han perdido un millón 800 mil empleos, sin contar con los más de 700 mil solicitudes de suspensión acogidos a la Ley de Protección del Empleo, sumando la prohibición de trabajar a los trabajadores por cuenta propia ambulantes y el aumento de trabajo semi-formal, como el transporte de delivery o de plataformas digitales, lo que significa que al ser más escaso el empleo formal, el salario y las condiciones laborales tienden a bajar, intensificando la precarización laboral. El mayor desempleo y la informalidad le brinda una ventaja excepcional al capitalista frente a la necesidad del trabajador de sobrevivir al precio que sea.
Resulta urgente e imperioso, para contener este despliegue capitalista y la ofensiva contra las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, contar con una organización y liderazgo audaz de los sindicatos en todos las esferas de producción y distribución, en una alianza permanente con otras orgánicas y frentes sociales independientes de la pequeña y gran burguesía, ejerciendo la organización y conciencia sindical más allá de los límites que impone el Código del Trabajo y las necesidades inmediatas de los trabajadores. La exigencia del transporte público y salud gratuitos, así como de otros bienes y servicios, son demandas igualmente legítimas de los trabajadores. Asimismo, urge seguir amasando la táctica de la huelga nacional y general, así como formas no pacíficas, que puedan dar vuelta la tortilla en el Chile neoliberal, legitimando la paralización de la producción y la protesta, como herramientas legítima y poderosas en manos de los trabajadores. Desarrollar la conciencia de que la lucha de los trabajadores no es sólo económica sino también política e ideológica. La lucha por el aumento de los salarios o la reducción de la jornada laboral es una batalla que debe ser reiniciada una y otra vez, si se busca que las condiciones de vida o de trabajo no empeoren, pero no solucionan la oferta siempre excesiva de mano de obra desempleada (ni siquiera “prohibiendo” los despidos), ni fomentan la solidaridad con el trabajo inmigrante. Más allá de la demanda por un salario digno más elevado, es importante defender el hecho de que es el trabajo humano ejercido sobre la naturaleza, el que produce la riqueza material, la cual es retribuida sólo en parte hacia los trabajadores bajo la forma de salario. Les corresponde legítimamente, por ende, disfrutar íntegramente del fruto de su creación. El sistema del trabajo asalariado continúa la explotación de una clase por otra, el desempleo y la informalidad. Lo justo, por lo tanto, no es sólo el aumento del salario sino su abolición, para que el pueblo trabajador produzca y decida cómo gestionar y vivir libremente de su riqueza.
Referencias:
1 Si se considera líquido, es decir, lo que recibe el trabajador a pago, descontando las cotizaciones previsionales, bordea los $260.015.- pesos. Con un pago diario de $8.867.- pesos.
2 Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2018 elaborada por el INE, y que fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre de dicho año. Disponible en https://www.ine.cl/prensa/2019/09/16/ingreso-laboral-promedio-mensual-en-chile-fue-de-$573.964-en-2018
