Falsedad, prevaricación administrativa y negociación incompatible son algunas de las acusaciones que recaen sobre quienes vienen llevando adelante urbanizaciones en zona de bosque esclerófilo sobre la cota mil, al nor-oriente de Santiago.
Durante la semana pasada, una denuncia civil fue presentada por el licenciado en ciencias jurídicas Gene Fernández Llerena (ver documentación adjunta) por hechos que, según el escrito, podrían revestir carácter de delitos, en lo particular, respecto de los posibles ilícitos de falsedad, prevaricación administrativa y negociación incompatible.
Lo anterior, a partir del desarrollo inmobiliario en áreas de preservación ecológica en las comunas de Colina y Lo Barnechea, específicamente en los sectores de Chicureo y La Dehesa. Algo que el medio Interferencia viene cubriendo a través de los artículos:
– Las ventas ilegales de predios en Chicureo que realizaron influyentes empresarios inmobiliarios
Estos artículos explican cómo han ido avanzando cuatro condominios del sector, pese a estar emplazados fuera de los límites urbanos permitidos por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
El documento de Fernández es dirigido al fiscal nacional Jorge Abott, y aborda distintos aspectos de las irregularidades que son resumidas en una columna de opinión publicada por el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman.
Así, el denunciante pide que -junto a iniciar la investigación- se cite a declarar en calidad de testigos a los ministros Antonio Walker y Felipe Ward -de Agricultura y Vivienda, respectivamente-, al seremi regional Manuel José Errázuriz, a los alcaldes Lira y Olavarría -de Lo Barnechea y Colina-, a la directora del SEA Andelka Vrsalovic, al contralor general de la República Jorge Bermúdez, al superintendente del Medio Ambiente Cristóbal de la Maza y al ex senador Pablo Longueira, sindicado como uno de los principales lobbistas tras el proyecto Chaguay de Lo Barnechea.
En conversación con Interferencia, Fernández Llerena explicó que “me llamó la atención que es un proceso que se está replicando en varios lugares del país, lo de construir en áreas donde no hay autorización. Decidí redactar una denuncia y enviarla al Ministerio Público con la finalidad de que se interrumpa la construcción, y que puedan evaluar y requerir antecedentes sobre el estado de esta situación y revisar estas posibles anomalías”.
Por su parte, Herman -quien también es citado a declarar como testigo en la denuncia-, manifestó que “esperamos que se cumpla la ley. Aquí hay situaciones bastante sorprendentes, en términos de que las instituciones ambientales, de Vivienda y Urbanismo, y también del ministerio de Agricultura, de una u otra manera no han querido ejercer sus atribuciones legales, no sé si de manera voluntario o involuntariamente»
Según Herman «estamos frente a cuatro proyectos inmobiliarios que violan estas normas, con el agravante que ya se ocasionó un daño ambiental que, según la ley 19.300 de bases generales del Medio Ambiente, se tipifica como delito”.
Fuente: Interferencia
