Tres integrantes de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático presentaron sus observaciones ante la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado sobre la iniciativa que pretende crear una regulación nacional para ayudar a enfrentar la emergencia climática. En sus presentaciones, se identificaron los tópicos más urgentes que es necesario abordar para para avanzar hacia una adecuada política pública.
En el transcurso del mes de junio, los representantes de esta coalición de organizaciones que trabaja en cambio climático, expusieron ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, sus principales observaciones al proyecto de Ley Marco de Cambio Climático (Boletín N° 13.191-12), el cual está en su primera etapa de discusión (primer trámite constitucional) en la Cámara Alta y catalogado con “urgencia suma”.
Entre sus áreas de trabajo, la agrupación de 14 organizaciones se ha propuesto contribuir técnicamente en la agenda climática nacional, entre las que se encuentra el proyecto de Ley Marco sobre Cambio Climático, la Estrategia Climática de Largo Plazo y la Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés) que Chile presentó el pasado 9 de abril.
Desde la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, la primera en presentar su visión ante los parlamentarios fue la abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Florencia Ortúzar, el martes 9 de junio; seguida por la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, el martes 16 de junio; y finalmente el secretario ejecutivo de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, Rodrigo Herrera, el recién pasado jueves 25 de junio.
En todas las sesiones, los representantes destacaron las materias en que debería mejorar la Ley para alcanzar su objetivo y hacer cumplir el rol de las autoridades ambientales de “proteger la salud de la población y del medio ambiente”, como señaló Ortúzar en su intervención. Estos temas se vinculan con incluir la visión de los derechos humanos, aumentar el financiamiento y considerar la opinión de los habitantes de los territorios más afectados por este fenómeno.
La abogada de AIDA, Florencia Ortúzar, comenzó su presentación enfatizando que el asunto que espera abordar el proyecto, se trata de una emergencia climática y ambiental, y que tenemos cerca de diez años para actuar antes que se crucen peligrosos puntos de inflexión. “En ese sentido, es importante preguntarse si el proyecto de ley responde o no a esa urgencia”, señaló.
Luego, destacó la importancia de integrar la ley con lo que ya existe en nuestra institucionalidad ambiental, acotando que “poco sacamos con pretender tener una fabulosa Ley de Cambio Climático, que se hace cargo de un problema global, si en casa tenemos deudas ambientales”. En este contexto, señaló la oportunidad que tiene abordar el clima y el aire de manera integrada, argumentando que la emergencia climática y la mala calidad del aire en las ciudades son dos de los mayores retos que enfrenta la humanidad hoy día.
Asimismo, se refirió a la situación de las Zonas de Sacrificio como “la gran deuda que tiene el país y además el lugar donde las termoeléctricas generan sus emisiones, una de las fuentes más importantes de gases de efecto invernadero”.
Revisa el registro de la presentación de Florencia Ortúzar.
Financiamiento y consulta ciudadana: el talón de Aquiles del proyecto
Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, señaló que es “es grave que el proyecto no contemple el principio participativo y que en lo que se refiere a participación ciudadana, esta no esté adecuadamente explicitada en la iniciativa gubernamental, tendiendo a confundir consulta pública con participación ciudadana. Esto inevitablemente tiene que ver con la visión del Gobierno de Chile al no querer suscribir el Acuerdo de Escazú, lo cual resulta preocupante, ya que, para combatir los efectos del cambio climático, se requiere del compromiso de todas las personas. En ese sentido, la iniciativa legal en discusión debería incorporar los principios del acuerdo, considerando además que este es el primer acuerdo regional en materia ambiental y de derechos humanos”.
En este sentido, Liberona reconoce que el proyecto hace referencia a algunas instancias de participación, pero estas son muy limitadas. “El artículo (31 del proyecto) que hace referencia a la participación, deja fuera a las personas jurídicas, señalando que pueden participar ‘personas naturales o grupos de personas’, pero no ONGs u otro tipo de instituciones que tengan personalidad jurídica. Además, hace referencia a ciertos procesos que deberían tener participación ciudadana, dejándolos en manos de organismos sectoriales. En este sentido, desde Fundación Terram proponemos que haya un sistema centralizado donde cualquier persona, natural o jurídica, pueda acceder a los procesos de participación ciudadana y que exista un registro de los procesos en curso, los procesos cerrados y los próximos a abrirse”.
Revisa el registro de la presentación de Flavia Liberona acá.
Asimismo, coincidió el secretario de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, Rodrigo Herrera, quien señaló que en la agrupación “queda la duda sobre cómo participar y también de si están resguardados adecuadamente los procesos de participación ciudadana en la serie de instrumentos de gestión que el proyecto va a desarrollar”.
Sobre el financiamiento, tanto Rodrigo Herrera como Flavia Liberona destacaron la importancia de robustecer la estrategia financiera que respaldará las acciones climáticas que se implementarán una vez que esta Ley sea aprobada, ya que una de las principales críticas al proyecto es que incluye un bajo presupuesto para materializarlas, además que no se considera su evaluación en el Ministerio de Hacienda.
Si bien el título del proyecto “Mecanismos y lineamientos para enfrentar el cambio climático” del proyecto propone abultar el Fondo de Protección Ambiental (FPA) con financiamiento para iniciativas de mitigación y adaptación, para Flavia Liberona “este es un fondo de muy bajo impacto. En ese sentido, nosotros creemos que el proyecto requiere mucho más financiamiento, ya que este (FPA) puede servir para educar o para involucrar a la ciudadanía, pero no para hacer frente a los efectos del cambio climático”.
Por su parte, el secretario de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático enfatizó que “nos llama la atención (a la Mesa) la gran relevancia que tiene el Ministerio de Hacienda a la hora de suscribir o pronunciarse sobre una serie de instrumentos que están en el proyecto de Ley (…). El tema de cambio climático requiere mucho recurso y, si el Ministerio de Hacienda no los considera, el Ministerio de Medio Ambiente poco y nada va poder hacer en términos de implementación de esta ley”.
Revisa el registro de la presentación de Rodrigo Herrera.
En torno a este y otros temas de interés climático, la Mesa Ciudadana de Cambio Climático continuará trabajando. Puedes conocer más información sobre esta coalición de organizaciones acá.
Fuente: El Desconcierto
