El miércoles recién pasado, el Consejo Regional de Aysén y sus integrantes se enteraron de que este viernes, 30 de Octubre, se debía votar una propuesta de concesión onerosa por 30 años de alrededor de 10 mil hectáreas a la fundación Parque La Tapera, fundación estrechamente vinculada a la familia Luksic. Esta solicitud se habría hecho a través del Ministerio de Bienes Nacionales, quien habría puesto en votación consultiva y no vinculante la discusión del proyecto.
La fundación es presidida por Maria Paola Luksic Fontbona, y ya habría adquirido, a través de la fundación y para el Parque La Tapera, otras 12 mil hectáreas colindantes al Parque Nacional Bernardo O’Higgins entre los años 2014 y 2017. El proyecto consiste en la cesión de 10.060 hectáreas cercanas al glaciar Jorge Montt, en la comuna de Tortel, a la fundación para el desarrollo de actividades económicas de turismo y la conservación, y se establece una renta concesional anual por 450 UF. El sector que se busca anexar es de suma importancia y estratégico, ya que es la principal conexión terrestre de la zona con Magallanes para la proyección de la carretera Austral Sur.
Esta solicitud ha causado indignación en la comunidad de Tortel ya que por años, los pobladores han intentado regularizar su situación en cuanto a los títulos de dominio, sin lograr soluciones ni contar con el respaldo del ministerio. Para el consejero de la Provincia de Capitán Prat, Carlos Campos, la obligación del ministerio debe ser priorizar a la gente de la región, que han esperado por 30 años solucionar el problema con sus títulos de dominio sin llegar a buen puerto. La consejera Marcia Nahuelquin, señala que es una mala práctica de años lo que hace Bienes Nacionales ya que “entrega a gratuidad extensiones gigantescas de territorio a particulares, a gente muy adinerada, postergando el desarrollo de campesinos y de la gente que habita los territorios […] Otra vez pretenden hacerlo, pretenden traspasar 10 mil hectáreas a concesión a un particular que es uno de los ricos más grandes de nuestro país”. Nahuelquin recordó el caso de la isla Traiguen, y de cómo la comunidad originaria que tradicionalmente habitaba ese territorio se vio gravemente perjudicada.
Por su parte, el core Jorge Abello indicó que las personas con influencias, dinero o poder, “pareciera serle todo más fácil, arma un proyecto y se le otorga de inmediato”, mientras que la comunidad lleva tiempo sin soluciones. Esto en relación a la rapidez con la que se llevó a cabo este proceso de licitación y su corto plazo de tramitación, ya que la solicitud fue ingresada el 4 de febrero de este año y ya parece estar en su fase final, cuando lo habitual es que el periodo de tramitación de concesiones onerosas dure al menos 2 años por la cantidad de etapas que deben transitar a nivel local y central. En relación a esto último, la consejera regional de Aysén, Andrea Macías, señaló que este tipo de concesiones se deben realizar mediante una licitación pública, ya que la forma directa es solo para casos debidamente fundados y este tipo de proyecto carece de ello: “No hubo ningún fundamento técnico de por qué se va a entregar esta concesión. No hay información de en qué consiste la infraestructura que van a ocupar.”
La celeridad del proyecto y su propuesta a espaldas de la comunidad sin considerar sus puntos de vista o siquiera entregar información al respecto, causó indignación en Aysén, así como el hecho de que hayan familias que no sean escuchadas respecto a la ocupación de terrenos, además de que el estado sigue cediendo terrenos fiscales al sector privado en vez de fomentar el desarrollo sustentable y de conservación medioambiental de las comunidades. Es por esto que la solicitud fue retirada de la votación por la presión política y social, lo que hizo que se pusiera un freno a la tramitación de la concesión, pero de carácter temporal ya que la iniciativa sigue en pie. La fundación Parque La tapera requirió al ministerio incorporar en el procedimiento un Programa de Relacionamiento Comunitario, es por esto que se habría detenido la votación en el consejo. Sobre esto y la responsabilidad del Ministerio en este caso (y otros), Victor Osorio, ex ministro de Bienes Nacionales, indicó que el ministerio “debió poner a disposición toda la información pertinente y contemplar la participación temprana de la ciudadanía” antes de haber tramitado esta solicitud. También mencionó que los datos muestran que el Gobierno actual “ha dado prioridad a transferir propiedades del Fisco a capital privado, a través de licitaciones, concesiones onerosas y enajenaciones. Incluso, por primera vez, se abrieron licitaciones de Bienes Nacionales Protegidos.”
