El Data Center que levantará Google en Cerrillos requiere 169 litros/segundo para enfriar sus servidores. Aunque el gigante tecnológico compró derechos de agua por esa cantidad, no se sabe si esos títulos estaban en uso, por lo que podría generar sobreexplotación. Inicialmente, la Dirección General de Aguas exigió aclarar esto, pero en un vuelco inexplicable le dio luz verde. El proyecto fue aprobado “a ciegas”, porque no se ha establecido cuál será su impacto real en un acuífero ya declarado zona de prohibición para nuevas extracciones. Parte importante de los derechos que utilizará Google fueron vendidos por el empresario Isidoro Quiroga quien, tal como reveló CIPER en 2013, ha amasado parte de su fortuna participando activamente en el opaco mercado de aguas chileno.
Cientos de miles de litros de agua para enfriar sus servidores necesitará Google –una de las cinco firmas más rentables de Estados Unidos, con utilidades por US$34 billones en 2019 (Fortune)–, para el que será su nuevo data center de 79.216 m2 a un costado del mall Plaza Oeste en la comuna de Cerrillos (Región Metropolitana).
El proyecto fue aprobado el 25 de febrero pasado por la autoridad ambiental. Pero hay un problema y no es cualquiera. En medio de la extendida sequía que experimenta el país y del fantasma del racionamiento que se cierne sobre la Región Metropolitana, Google extraerá 169 litros de agua por segundo desde un acuífero sobre el cual pesa desde 2005 un decreto de restricción y, desde el 1 de febrero de este año, otro de prohibición para nuevas extracciones de agua subterránea.
El sector acuífero Santiago Central –ubicado en el acuífero Maipo– es una reserva con estrés hídrico desde hace varios años, lo que arriesga su sustentabilidad a futuro. Desde ese acuífero, la filial en Chile de la compañía de Larry Page y Sergey Brin extraerá la enorme cantidad de agua que requiere para hacer funcionar las torres del sistema de enfriamiento de su nuevo centro de operaciones, el segundo que instala en Chile y en todo el hemisferio sur. Las torres funcionarán de manera continua las 24 horas del día, durante todo el año.
Con la sequía y la desertificación azotando en varias regiones del país, este reportaje reconstruye paso a paso la tramitación de ese megaproyecto y la millonaria negociación que se llevó a cabo para la compraventa de los derechos de agua. También la de los terrenos donde se instalará el nuevo data center.
Uno de los beneficiados de esa trama es el empresario Isidoro Quiroga Moreno quien, tal como reveló CIPER en 2013, ha hecho fortuna en el opaco y desregulado mercado chileno de derechos de agua (ver aquí). En 2017, Quiroga le vendió sus derechos sobre el sector acuífero Santiago Central en $328 millones a Google. Lo mismo hizo la empresa sanitaria Lo Prado S.A., ligada al grupo González-Abalos, a cambio de $339 millones. CIPER revisó en archivos judiciales el historial de esos derechos de agua. Fue un negocio redondo para la sanitaria: el Estado le entregó esos derechos gratuitamente en 2001. La normativa vigente –y que no ha sido reformada en lo sustancial desde 1981– no impide lucrar con la venta de agua en nuestro país. El empresario Isidoro Quiroga también hizo caja con la venta de agua.
Lo grave es que la investigación arroja graves falencias y omisiones de la autoridad ambiental encargada de evaluar la viabilidad del proyecto que involucraría una inversión de cerca de US$200 millones del gigante tecnológico en Chile.
La indagación de CIPER detectó que la Dirección General de Aguas (DGA) metropolitana dio luz verde al megaproyecto sin saber realmente si el agua que adquirió Google en grandes cantidades en ese sector acuífero correspondía a derechos que estaban en uso con anterioridad a la compra. En Chile, no todos los titulares tienen necesariamente sus derechos de agua en uso: hay quienes los guardan para luego venderlos al mejor postor. ¿Por qué esa información es relevante? Porque sin ella no hay cómo saber si la extracción para enfriar los servidores del nuevo centro de datos de Google generará una sobrecarga adicional en esa reserva de agua ya saturada.
La evidencia recopilada para este reportaje indica que la decisión sobre el nervio más sensible del proyecto se tomó a ciegas. Así y todo, el organismo dependiente del MOP descartó en su último informe que el proyecto tuviera un impacto significativo en el recurso hídrico, lo que abrió la llave para que la Comisión de Evaluación Ambiental –presidida por el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara– terminara por aprobarlo.
Fue un cambio brusco de criterio, pues originalmente la DGA había presentado una serie de dudas que no fueron totalmente resueltas. El proyecto de Google fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), mecanismo simplificado que –al contrario de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)– no exige consulta ciudadana obligatoria, estudios de línea base ni un plan de medidas compensatorias por los daños o impactos que pueda provocar. Los reparos iniciales de la Dirección General de Aguas amenazaban a Google con un posible reingreso del proyecto bajo la fórmula de un EIA, sinuoso camino que muchas compañías intentan esquivar a través del atajo de la DIA, por lo complejo y largo que resulta su trámite.
El viraje en 180 grados de la DGA coincide con la llegada a la dirección metropolitana de ese organismo del abogado especializado en derecho minero Ernesto Ríos, en enero de este año. Ríos, quien en 2009 inscribió a su nombre 65 concesiones mineras (6.700 hectáreas) en Cochamó, fue asesor del proyecto hidroeléctrico Mediterráneo, la cuestionada central de pasada ubicada en río Puelo vinculada a los empresarios José Cox –histórico socio y amigo del presidente Sebastián Piñera– y Arturo Bachelet, primo de la exmandataria Michelle Bachelet. En este proyecto finalmente no hubo descorche: luego de ser aprobado por la autoridad ambiental, en diciembre de 2017 el permiso de funcionamiento de Mediterráneo en la Región de Los Lagos fue anulado por la Corte Suprema, por no incluir consulta indígena.
Titular del proyecto de Google en Chile es la sociedad Inversiones y Servicios Dataluna, constituida en septiembre de 2010 por Mesh Specialities Inc. y Massif LLC. Ambas matrices de Dataluna están domiciliadas en Delaware (Estados Unidos), un imán para miles de compañías que registran direcciones en ese territorio atraídas por el secretismo –permite ocultar la identidad de los beneficiarios finales de las sociedades que allí se crean– y las regalías tributarias que ofrece.
LA CAPITAL DE LOS DATOS
“Queremos que Chile sea un protagonista, un pionero y ojalá la capital en materia de procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos”. El 12 de septiembre de 2018 y de espaldas al primer data center de Google en Chile, ubicado en Quilicura, el Presidente Sebastián Piñera celebró el anuncio de la compañía estadounidense de iniciar la fase de expansión de su planta en esa comuna y expresó la intención del gobierno de convertir a Chile en polo regional del almacenamiento de datos.
Las aspiraciones del gobierno pronto comenzaron a cuajar. El 18 de julio de 2019, menos de un año después de ese evento, Dataluna –subsidiaria de las sociedades de Google en Delaware– ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto “Data Center”, para instalar esta vez en la comuna de Cerrillos su segundo puesto de avanzada en Chile.
El ingreso a trámite de ese proyecto ocurrió un día antes del viaje que el presidente Piñera tenía programado a Estados Unidos (Montana), recogiendo una invitación extendida por Alphabet, matriz de Google, para participar del seminario “Google Ideas”. Ese viaje, al que Piñera iba a asistir haciendo uso de días administrativos, finalmente no se realizó.
En medio de ese episodio, las finanzas personales del presidente Piñera volvieron a levantar polvo. En marzo de 2018, el medio Labot había dado a conocer –poco antes de que fueran publicados oficialmente– los documentos de su fideicomiso ciego y los mandatos de administración de su cartera de valores al asumir como presidente. En uno de ellos, con fecha 7 de marzo de 2018, figuran invertidos $698 mil dólares en Alphabet, nave madre de Google (ver documento). La prensa no tardó en recordar esa inversión. Piñera se excusó de ese viaje informando que se quedaría en Chile para monitorear en persona el grave episodio de contaminación de agua potable que afectaba por esos días a la ciudad de Osorno.
LOS REPAROS DE LA DGA SE EVAPORAN
Desde un inicio la Dirección General de Aguas manifestó aprensiones al proyecto de Google en Cerrillos. De todos los organismos del Estado que participaron de su evaluación ambiental, el análisis de la DGA era el más importante. En su máxima capacidad operativa el proyecto compromete el consumo de 169 litros por segundo de agua, por lejos el factor más crítico de todos los que estaban bajo evaluación. Para ponerlo en contexto: esa cantidad equivale a consumir en 24 horas la demanda domiciliaria anual de agua potable de los más de 80 mil habitantes de Cerrillos, según cálculos de CIPER con documentos solicitados por Transparencia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Fueron varias las intervenciones de la DGA solicitándole aclarar al titular del proyecto, Dataluna, cómo se comportarían los niveles del acuífero “sin proyecto (situación actual)” y “con proyecto”. Hasta último minuto, enero de este año, la DGA manifestaba sus dudas: “el titular no entrega antecedentes necesarios para descartar que el proyecto no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental, ante la generación de los efectos adversos, características y circunstancias sobre el recurso agua” (ver oficio).
Hasta entonces, Dataluna insistía en que los derechos de agua que adquirió para el proyecto no correspondían a nuevos títulos, sino que habían sido comprados a antiguos usuarios con derechos ya constituidos sobre ese acuífero. Por lo tanto, la extracción no implicaría una sobrecarga extra.
Ese oficio de la DGA está fechado el 31 de enero de este año y está firmado por quien había asumido hace poco como director metropolitano de la DGA, Ernesto Ríos. Solo un día después, el 1 de febrero se promulgó en el Diario Oficial el reglamento que declaraba al sector acuífero Santiago Central zona de prohibición para nuevas extracciones de agua subterránea (ver aquí).
El decreto fue publicado en medio de una serie de alertas que desde hace meses insisten en que el racionamiento de agua potable es solo cosa de tiempo en Santiago. El 24 de enero, el superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, se había referido a ese punto en una entrevista con El Mercurio: “Así como están las cosas, el próximo verano podría haber racionamiento. Este verano en la Región Metropolitana pasaremos con lo justo”.
El 7 de febrero, menos de una semana después de que se oficializara el decreto de prohibición para nuevas extracciones en el acuífero Santiago Central, la DGA evacuó su último pronunciamiento. Y ahí fue cuando las cosas cambiaron.
EL PUNTO CIEGO DEL PROYECTO
Lo que nunca se aclaró de manera cristalina durante la tramitación ambiental del nuevo centro de datos de Google –tal como debiera ocurrir con todos los proyectos sometidos a evaluación– fue si los derechos de agua ya constituidos estuvieron realmente en uso o no antes de que la compañía estadounidense los comprara. Al final, se presumió que sí, aunque no había pruebas fehacientes de que eso era cierto.
Hay una vía que permite saber eventualmente si un derecho de agua ha sido utilizado o no con anterioridad a una compra, aunque no es cien por ciento fiable. De acuerdo con la normativa, si una persona natural o jurídica mantiene derechos de agua en su poder sin utilizarlos, debe pagar cada cierto tiempo una patente por no uso y de eso hay registro, pues es un proceso que la DGA realiza todos los años.
CIPER revisó esa nómina para los diez últimos años y no encontró rastros que indiquen que esos derechos hayan estado afectos al pago de patente. La misma evidencia ocupó la DGA para presumir que los nuevos títulos de Google sí podían haber estado en uso con anterioridad a la compra.
El 7 de febrero la DGA se volvió a pronunciar y esta vez lo hizo de manera definitiva: “no existen antecedentes que permitirían presumir que los cuatro derechos de agua originales no estaban siendo ejercidos (…) toda vez que revisados los registros de pago de patente por no uso desde el año 2007 en adelante, estos derechos no estuvieron sujetos a dicho pago”.
Con base en esa información, la DGA concluyó que “la situación con proyecto no diferiría de la situación sin proyecto” y por tanto “los efectos ambientales serían inexistentes” (ver documento).
Removido el obstáculo, la apuesta estrella de Google en Latinoamérica fue aprobada por la autoridad ambiental solo días después.
Expertos en aguas consultados para este reportaje hicieron hincapié en la imposibilidad de que la DGA fiscalice anualmente los cientos de miles de derechos entregados a particulares a lo largo de todo Chile. Indican que la DGA solo fiscaliza una muestra de ellos.
En vista de eso, CIPER solicitó vía Ley de Transparencia a la Dirección General de Aguas aclarar si los derechos en cuestión comprados por Google al empresario Isidoro Quiroga y a la empresa sanitaria Lo Prado fueron fiscalizados por ese organismo entre 2007 y 2017.
La respuesta: “En relación con su requerimiento, podemos informar que en la base de datos del servicio no se registran verificaciones de obras asociadas a las resoluciones señaladas en su solicitud” (ver respuesta).
En otras palabras: los derechos adquiridos por Google en 2017 no pagaron patente con anterioridad no porque hayan estado necesariamente en uso, como presumió la DGA y la Comisión de Evaluación Ambiental, sino porque sencillamente nunca fueron fiscalizados por el organismo.
Así fue, con ese punto ciego no resuelto, que se aprobó el estratégico proyecto de Google.
DGA: “SE TRANSPARENTÓ TODA LA INFORMACIÓN”
En una respuesta por escrito enviada a CIPER, el director metropolitano de la DGA, Ernesto Ríos, insistió en que el megaproyecto de Google no implicaría una demanda adicional de agua en el sector acuífero bajo zona de prohibición.
“Este proyecto no requiere de nuevos derechos, sino que del uso de derechos de agua existentes (…) se trataría de los mismos derechos ejercidos en otro punto del mismo SHAC (sector acuífero Santiago Central) y, por no ser una nueva explotación, no habría una mayor extracción”, indicó.
El abogado además aclaró que la DGA transparentó toda la información que tenía disponible para que el Servicio de Evaluación Ambiental tomara la decisión de aprobar o no el proyecto: “Así, por ejemplo, en el oficio N°158 del 7 de febrero, se dijo que no existía información de campo y que la información disponible era secundaria”. Agregó que el organismo le hizo al SEA una serie de recomendaciones técnicas para resolver esa incertidumbre hidrológica.
CIPER también le consultó al abogado Ernesto Ríos sobre sus vínculos con el mundo privado y su rol en el fallido proyecto hidroeléctrico Mediterráneo. En agosto de 2018, apareció en el Diario Oficial una nómina de concesiones mineras con patentes impagas (causa rol C-3050-2018, “Tesorería General de Puerto Montt / Mediterráneo S.A.) donde figuran 65 concesiones a nombre del actual director metropolitano de la DGA, las que fueron solicitadas en 2009. Las concesiones inscritas a nombre del abogado cubren 6.700 hectáreas en la comuna de Cochamó, sobre las que cruzan diversos ríos.
Su respuesta fue: “entre 2008 y 2015 fui abogado en Prenafeta y Asociados, que tenía como cliente a la sociedad Mediterráneo S.A. En ese contexto se tramitaron las concesiones mineras y se realizaron las inscripciones mencionadas. Lo anterior no tiene ninguna relación con mis actuales funciones”.
AGUA, TIERRA Y MILLONES
Son 169 litros por segundo de agua los que Google ocupará en su etapa de máxima capacidad para bajar la temperatura de los servidores de los edificios de almacenamiento de datos de su nuevo proyecto en Cerrillos.
Para conseguir ese flujo continuo de litros, la compañía estadounidense recurrió al mercado chileno de derechos de agua. Allí existen múltiples actores y los precios del agua –tal como sucede con un vehículo, un par de zapatillas o un televisor de última generación– se autorregulan en virtud de la oferta y la demanda. Es un mercado en el que como cualquier otro también existen peces gordos: personas que han acumulado cientos de miles de litros por segundo a lo largo de todo Chile, a partir de derechos de agua que en muchas ocasiones han sido entregados gratuitamente por el Estado, y que esperan venderlos al mejor precio. A mayor escasez, mayor es el precio que alcanzan esos derechos.
Uno de los pesos pesados en el mercado chileno de derechos de agua es Isidoro Quiroga Moreno, protagonista de un reportaje publicado por CIPER en 2013 que develó cómo este empresario en las últimas dos décadas –y a través de distintas sociedades– había obtenido más de US$25 millones con la venta de derechos de agua, varios de ellos entregados gratuitamente por el Estado (ver reportaje).
Esta investigación da cuenta que Quiroga sigue activo en el mercado de las aguas. Una de sus sociedades, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi figura en la venta de una gran porción de agua a Google en 2017. Google hizo la compra a través de Loboflores Limitada, sociedad constituida en Chile en 2016 a partir de dos empresas matrices también domiciliadas en el estado de Delaware: Zois LLC y Mizzenmaste LLC.
CIPER rastró en escrituras notariales el origen de esos dos derechos, de 51 lt/seg. y 52 lt/seg., vendidos por Quiroga. Ambos originalmente formaban parte de un solo derecho de 402 lt/seg., comprado por Huturi a una sociedad (también relacionada a Quiroga) en $2 millones en 2006. Tras fraccionar ese derecho en varios pozos ubicados en la comuna de Peñaflor, Huturi se los vendió a Google en $328 millones en 2017. Tras la compra, los derechos fueron trasladados 15 kilómetros, quedando finalmente a un costado del mall Plaza Oeste, en Cerrillos.
La otra porción de agua fue vendida a Google por la Empresa de Servicios Sanitarios Lo Prado S.A. (SEPRA), ligada al grupo inmobiliario González-Ábalos, y responsable de abastecer de agua potable al conjunto inmobiliario Ciudad de Los Valles, en Pudahuel.
Si el negocio de Isidoro Quiroga resultó altamente rentable, el de los dueños de SEPRA lo fue aún más. Fueron 125 lt/seg. los que SEPRA puso en venta y recibió a cambio $339 millones. El agua la había conseguido en 2001, cuando el Estado cedió a sus dueños 300 lt/seg. gratuitamente y a perpetuidad, de acuerdo al historial notarial de esos derechos revisados por CIPER.
Quienes también celebraron el megaproyecto de Google en Cerrillos fueron los propietarios de Bodegas San Francisco (Sergio Barros, Arturo Salvatierra y la familia Silberberg), sociedad que vendió en más de $27 mil millones (UF 1.044.536) el terreno 29 hectáreas donde se instalará el data center.
Documentos del Conservador de Bienes Raíces revisados por CIPER indican que esa transacción inmobiliaria fue un golazo de media cancha: ese paño de tierra –compuesto de dos grandes parcelas– fue adquirido originalmente por Bodegas San Francisco (en dos tandas) por un total de $2.175 millones.
PROYECTO CONFIDENCIAL
El agua y los terrenos ya estaban comprados. Un año y medio antes de que el proyecto fuese ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), representantes de Google llegaron a fines de marzo de 2018 a la Municipalidad de Cerrillos a una reunión con el alcalde, Arturo Aguirre (PS).
Fuentes al interior del municipio indicaron a CIPER que en esa reunión del 28 de marzo, representantes de Google no solo compartieron con el edil los planes de la compañía de levantar una planta en la comuna, sino también le solicitaron confidencialidad absoluta sobre el proyecto de data center, supuestamente para no alertar a la competencia.
Aquella reunión no quedó registrada en la plataforma de lobby. El alcalde de Cerrillos, sin embargo, confirmó su existencia indicando que allí se le planteó el proyecto y que se habló a grandes rasgos de un acuerdo de reserva de información en relación al data center.
Google también confirmó esa reunión a CIPER:
–La reunión tuvo como objetivo central, comentarle al alcalde que Google estaba explorando la posibilidad de construir un centro de datos en la comuna, de lo que aún no se haría un anuncio público– señalaron representantes de la compañía.
El cómo se ha tramitado el proyecto –a través de una DIA y sin consulta ciudadana– ha causado molestia entre varios vecinos de la comuna. El 11 de septiembre de 2019, los titulares del proyecto volvieron a visitar el municipio para exponer el proyecto ante la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla). Recién un mes más tarde, el 16 de octubre, el proyecto fue presentado ante el concejo municipal.
Claudia Fuentes, vecina de Cerrillos e integrante del Movimiento Socioambiental Mosacat –que surgió como respuesta al proyecto de Google– relató a CIPER que se enteraron del proyecto 13 días después de su publicación en el Diario Oficial y que, desde entonces, se demoraron seis días en reunir 342 firmas con las que el 19 de agosto de 2019 presentaron una carta ante el SEA pidiendo que el proyecto se sometiera a consulta ciudadana y fuera ingresado como Estudio de Impacto Ambiental. La solicitud fue rechazada: fue presentada un día fuera de plazo.
CIPER compartió algunos antecedentes recopilados en el transcurso de este reportaje con el alcalde Arturo Aguirre, quien ahora se muestra arrepentido de no haber advertido el impacto ambiental que suponía el proyecto:
–Nosotros no tenemos los equipos técnicos ni profesionales para tener un conocimiento tan acabado de un proyecto así. Tal vez, si algo hicimos erróneo, fue no habernos metido a estudiar más qué significaba este data center.
Aguirre agregó que hace semanas el municipio firmó un convenio con la agrupación medioambiental FIMA para que los asesorara en la presentación ante el SEA de un recurso de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que le da luz verde al data center de Google. “El recurso fue declarado admisible hace unos días”, cuenta el alcalde.
Para Google, el data center de Cerrillos sigue la línea de todos los proyectos de la compañía en el mundo donde prima, de acuerdo con su estrategia de desarrollo, un especial cuidado a la protección del medioambiente y la administración responsable del uso del agua.
“Los derechos de aprovechamiento que ocupará el proyecto, con los supuestos más exigentes, representan menos del 0,8% de los derechos otorgados por la autoridad en ese acuífero”, señalaron desde Google Chile en una respuesta por escrito a CIPER.
Aseguran que cuando se ocupe el caudal máximo informado en el proyecto (169 lt/seg.) “el descenso del nivel piezométrico del pozo más cercano sería de 0,66 m para un periodo de 30 años, que es la vida útil del proyecto”, lo que será recuperado, indican, de manera casi inmediata una vez que el proyecto finalice su operación en el año 2050.
Añaden además que el agua que no se evaporará cuando enfríen los servidores –entre un 40% y 60% del total utilizado, según sus cálculos– será tratada y retornada al acuífero.
CIPER se contactó también con asesores del empresario Isidoro Quiroga, a quienes se les envió un cuestionario para ser respondido con semanas de anticipación al cierre de este reportaje. Por email también se contactó a la empresa sanitaria Lo Prado. En ambos casos, no hubo respuesta.
Fuente: Ciper
