Mientras el debate respecto al retiro de parte de los fondos de pensiones de las AFP para subsanar la crisis producto de la Covid 19 avanza en diversos escenarios, una nueva escandalosa situación en torno a sus altos cargos fue revelada.
Y es que una reciente investigación de CIPER dio a conocer la relación entre antiguos y actuales altos cargos de las Administradoras de Fondos de Pensiones con paraísos fiscales.
Se detectaron, a lo menos, cinco sociedades inscritas en paraísos fiscales y relacionadas con directores y gerentes de cuatro AFP: Modelo, Cuprum. Capital y Habitat.
Esta situación da a conocer una temática poco tratada en el país. Se trata de un vacío legal respecto a la fiscalización de sociedades de paraísos fiscales – donde participan altos cargos de AFP – y la posible inversión de fondos de pensiones en estos.
Los directores de AFP identificados
Juan Benavides Feliú, quien fuera presidente de AFP Habitat (2014-2019) y actual presidente del directorio de Codelco, se encuentra en la lista con la Fundación Altinum, entidad que se desempeñó en Panamá mientras presidia la Administradora.
En el mismo caso de AFP Habitat, Patrick Muzard Le Minihy, actual gerente de Negocios Internacionales, participó en la sociedad Darmantal, operando en las Islas Vírgenes Paraguay y Británicas.
Por otro lado, Isidoro Palma Penco, actual director de AFP Cuprum y miembro directorio de Codelco, se encuentra relacionado con Praco Didacol, sociedad registrada en Panamá cerrada en 2018.
En tanto, Juan Pablo Coeymans, integrante del directorio de AFP Modelo, tiene una relación estrecha con socios de Klein and Cliton Investment, la cual opera en Islas Vírgenes Británicas tras su fusión con Dartnell and Partners Inc.
Asimismo quien fuera director (2011-2012) y gerente general (2012-2018) de AFP Capital, Eduardo Vildósola Cincinnati, desempeñó la vicepresidencia de Cepa Enterprises, firma que fue constituida en Panamá a mediados de la década de los ochenta.
La existencia de estas sociedades -de carácter legal – consideran una discusión ética respecto al ejercicio de los cargos en las Administradoras de Fondos de Pensiones de personas vinculadas a paraísos fiscales.
En este sentido, el rol de fiscalización de la Superintendencia de Pensiones nunca ha sido ejercido sobre las sociedades en paraísos fiscales, considerando el margen entregado por el Decreto Ley 3.500.
Fuente: Resumen
