Por Ricardo Herrera Rocuant para Capucha Informativa
Por gran parte de la población, ha sido recibida con profunda desconfianza la propuesta de Sebastián Piñera dirigida “a todos los sectores que quisieran dialogar”, para lograr un gran acuerdo nacional centrado en tres aspectos: el combate contra la pandemia del coronavirus, la creación de un plan de protección social y la protección y reactivación de la economía del país. Desde luego, resulta del todo comprensible el recelo con que fue recibido este llamado realizado por el Mandatario, quien ha demostrado en los momentos más álgidos, su nula disposición a negociar. Sigue presente en la memoria colectiva del pueblo, la criminal e indiscriminada represión desatada por Piñera y su régimen en contra de la ciudadanía que, a partir del 18 de octubre pasado, salió a protestar y a exigir condiciones dignas de vida.
Recientemente, el régimen demostró su total insensibilidad e incompetencia frente a la amenaza que representaba la pandemia del Covid-19. Los insistentes llamados a transparentar la información, a compartir datos y a consensuar una estrategia que minimizara los previsibles efectos que la pandemia podía provocar, cayeron en el vacío. Todo esto, en el contexto de los devastadores efectos que ya estaba provocando la pandemia en países desarrollados y con fuertes sistemas de salud pública. Están también muy vivas en la memoria colectiva del país, la arrogancia y displicencia con las que el ex ministro Mañalich se refería a las sugerencias y demandas del Colegio Médico, de la Mesa Social y de los expertos, las que son una clara demostración del estilo gerencial o de “patrón de fundo” con que es administrado el Estado por este Gobierno, basándose en una concepción vertical y autoritaria de las relaciones sociales y una mercantilizada concepción de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
No obstante, ante la dramática situación económica y social que ha quedado en evidencia con la pandemia (la abismal desigualdad, la precariedad y la pobreza en que se encuentran millones de chilenas y chilenos), un sector de la oposición decidió negociar dicho acuerdo. Especulando con las urgentes necesidades de sobrevivencia de un amplio y muy castigado sector de la población, el régimen ha venido regateando sobre el monto del fondo que se destinaría para asistir a los más necesitados y facilitar, en definitiva, la subsistencia de millones de familias que carecen absolutamente de recursos económicos y a las cuales les es imposible observar la cuarentena, ante la necesidad imperiosa de salir a trabajar, día a día.
Como en todo acuerdo, ambas partes -Gobierno y oposición- han debido ceder en sus pretensiones. El régimen se ha visto obligado a ir más allá de lo que fue su posición inicial consistente en la entrega de cajas con mercaderías, el Ingreso Familiar de Emergencia y el llamado Bono Covid-19 que, como ha quedado demostrado, son absolutamente insuficientes. Igual de insuficiente ha sido el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, también conocido como «Créditos Covid-19», lo que ha generado duras críticas. Sin embargo, hoy en día el Gobierno se muestra abierto a la idea de contribuir con un fondo de US$ 12.000 millones para ayudar a los más necesitados, propuesta que el Partido Comunista planteó, entre otras demandas, inicialmente en carta dirigida al presidente Piñera el pasado 29 de mayo (1) y que fue rechazada de plano por el régimen.
No cabe duda alguna que, el rotundo fracaso del ahora ex ministro Mañalich con sus estrategias de las cuarentenas dinámicas y la “inmunidad del rebaño”, mediante las cuales ha sumido a la nación en una gravísima crisis sanitaria, ha dejado al régimen en una posición muy compleja y de allí surge la necesidad de buscar este gran acuerdo para intentar salvar la situación ante la amenaza siempre latente de reactivación del estallido social.
Por su parte, la oposición ha venido demandando desde un principio mayores recursos para apoyar, especialmente, a los sectores más vulnerables. Sin una asistencia decidida, oportuna y eficaz del Estado, el costo en vidas humanas y la crisis socioeconómica que ya está afectando fuertemente al país, alcanzará dimensiones catastróficas y dejará secuelas que llevará años superar. Como lo señaló Espacio Público en su Informe del 10 de junio de 2020: “Si no detenemos la epidemia ahora, el desastre humanitario que enfrentaremos será de una envergadura tal que podría dejar al país dolido, desesperanzado y doblegado por muchos años” (2).
La gran pregunta que cabe hacer es: ¿En qué ha cedido la oposición para lograr el acuerdo que pretende alcanzar Piñera? Sobre la base de lo que se conoce preliminarmente a través de trascendidos, el acuerdo logrado entre el Gobierno y parte de la oposición, si bien significaría un avance respecto de las propuestas iniciales del régimen, seguiría siendo claramente insuficiente en relación con las capacidades económicas del país y considerando la magnitud de las necesidades a las que debe hacer frente, urgentemente, la mayoría social. Más allá de que los partidos de oposición que se han sentado a negociar con el piñerismo parecen no entender lo que significa en democracia tener la responsabilidad de ejercer la mayoría parlamentaria, la interrogante que nos hacemos es si este eventual acuerdo representa una nueva trampa, al igual como ha ocurrido en el pasado reciente y nos preguntamos si existe una “letra chica”, que posiblemente no se dará a conocer a la ciudadanía.
Desde luego, llama profundamente la atención –entre otras cosas- el estruendoso silencio de la oposición respecto del proyecto de ley que, bajo la falsa apariencia de un cuerpo normativo dirigido a regular los procedimientos de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI), ingresado al Congreso a fines de mayo recién pasado en medio de la crisis generada por la pandemia, en términos reales lo que se pretende es otorgar amplias y discrecionales facultades a las autoridades políticas para dilatar, obstruir e incluso denegar peticiones de la CPI.
Como en el mismo mensaje enviado por el Poder Ejecutivo se indica, con esta iniciativa legal se pretende determinar la normativa aplicable a la tramitación de los requerimientos que realice la CPI, y se otorgan potestades exorbitantes a la autoridad política para evaluar la procedencia y admisibilidad de los requerimientos de la CPI. De aprobarse el Proyecto en comento y tal como lo advirtió el Dr. Ricardo Bachmann (3), podrán denegarse peticiones de entrega de los autores o cómplices de crímenes de lesa humanidad que estén siendo investigados o enjuiciados por la CPI, argumentando razones de salud o de “seguridad nacional”, entre otras.
En otras palabras, con la nueva normativa se pretende blindar a los responsables de los crímenes perpetrados, garantizando así la impunidad de Sebastián Piñera Echenique y de todos aquellos que resulten responsables. Nada es más ajeno a las prioridades del actual régimen que establecer las bases para una genuina cooperación con la CPI, a fin de garantizar plenamente el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento del Estatuto de Roma, como se ha intentado presentar, maliciosamente, esta iniciativa. Es de esperar, entonces, que el precio a pagar por las mezquinas concesiones que ha hecho el régimen para lograr un “gran acuerdo nacional”, que le permitiría evitar un nuevo estallido social y hacer frente a la grave crisis sanitaria y socioeconómica en que se encuentra sumido el país, no sea el conceder a Piñera y demás responsables de crímenes de lesa humanidad, impunidad ante las investigaciones que podría llevar a cabo la Fiscalía de la CPI.
Por ello, hago un llamado a los partidos de oposición, sin excepción, a romper el sospechoso silencio observado hasta ahora y les pido que den a conocer públicamente su posición respecto del proyecto de ley relativo a la CPI, por medio del cual se pretende regular los procedimientos que deben seguir los órganos del Estado ante los requerimientos que formule la Corte Penal Internacional y reglamenta en detalle la ejecución de las solicitudes de investigación, entrega y asistencia judicial que la CPI realice a nuestro país. Sin justicia, jamás habrá paz ni tampoco una democracia plena.
En consecuencia, las gravísimas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del 18 de octubre de 2019, especialmente por Carabineros y también por efectivos militares con motivo del denominado estallido social, han significado un profundo quiebre en nuestra convivencia democrática. En este contexto, ningún acuerdo con el régimen sería aceptable si el precio a pagar fuese la impunidad de Piñera y demás autoridades eventualmente responsables de crímenes de lesa humanidad. Por ello, hago un llamado a los partidos de oposición, sin excepción, a romper el sospechoso silencio observado hasta ahora y les pido que den a conocer públicamente su posición respecto del proyecto de ley relativo a la CPI, por medio del cual se pretende regular los procedimientos que deben seguir los órganos del Estado ante los requerimientos que formule la Corte Penal Internacional y reglamenta en detalle la ejecución de las solicitudes de investigación, entrega y asistencia judicial que la CPI realice a nuestro país. Sin justicia, jamás habrá paz ni tampoco una democracia plena.
Ricardo Herrera Rocuant, Licenciado en Derecho y en Filosofía por la PUC, desempeñó funciones diplomáticas por más de 40 años en Argentina, Colombia, Egipto, España, Noruega, Venezuela, entre otras, y trabajó en las Direcciones de Asuntos Jurídicos Internacionales, de Política Especial, de Asuntos Multilaterales, de Asia-Pacífico y de Política Consular y de Servicios Consulares de la Cancillería. Participó, además, en la Segunda Conferencia de Derecho Internacional Privado (CIDIP-II) de la Organización de Estados Americanos, (Montevideo, 1979) y se desempeñó en la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia, así como varias importantes funciones.
Bibliografía:
1.- Biobiochile.cl: “La extensa carta con que el PC entregó propuestas a Piñera tras su llamado al nuevo Acuerdo Nacional”, viernes 29 mayo de 2020, https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/05/29/la-extensa-carta-pc-entrego-propuestas-pinera-tras-llamado-al-nuevo-acuerdo-nacional.shtml
2.- “Espacio Público”, Informe sobre la evolución de la epidemia decovid-19 en Chile, Camila Arroyo, Eduardo Engel, Diego Pardow y Pablo Simonetti, 10 de junio de 2020, https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2020/06/CoVidChile1006.pdf
3.- Capucha Informativa: “Sebastián Piñera podría ser investigado por comisión de delitos de lesa humanidad en Corte Penal Internacional de La Haya: entrevista a uno de los abogados que entregó antecedentes en su contra”, 24 de mayo de 2020. https://www.capuchainformativa.org/2020/05/24/sebastian-pinera-podria-ser-investigado-por-comision-de-delitos-de-lesa-humanidad-en-corte-penal-internacional-de-la-haya-entrevista-a-uno-de-los-abogados-que-entrego-antecedentes-en-su-contra/
