Este lunes comenzó a trabajar la comisión investigadora de la acusación constitucional recientemente presentada contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Un trámite que podría llevar a su destitución.
La presentación de la acusación estuvo a cargo del diputado Gabriel Ascencio, quien cuestionó el rol del ministro tanto durante el paro de camioneros y como secretario de Estado responsable de la gestión de la institución de Carabineros.
«El ministro no inició ninguna acción legal, ninguna, para sancionar a los violadores de derechos humanos, en hechos cometidos por los agentes del Estado desde el 28 de julio en adelante, pero especialmente en el caso de un joven lanzado por un funcionario de Carabineros al río Mapocho», dijo el parlamentario.
En este sentido, apelando al Artículo 52 de la Constitución, detalló lo que en su opinión se tradujo en un actuar negligente de parte del secretario de Estado, con consecuencias para la población en tiempos de pandemia y estallido social.
En total, el documento con la acusación considera más de 80 páginas, siendo el primero de sus tres capítulos el que se introduce con el título: “Haber dejado sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público”. En este, se cuestiona el respaldado de Pérez a la movilización de los camioneros en plena crisis sanitaria.
“El ministro no actuó, avaló una violencia, consciente y deliberadamente. Calificó como pacífico el estrangulamiento de las principales carreteras del país. El ministro no cauteló el orden público, dejó de ejecutar sus funciones, su rol está con la comunidad toda y no con un sector de la población, a quien trató de forma preferente», denuncia el documento.
El segundo capítulo se denomina “Infracción a la Constitución y las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley”, y acusa falta de objetividad en la manera de operar de Pérez. En este sentido, apuntan al «trato distinto que recibe una u otra manifestación dependiendo de la ideología oposición política que sustente, o el caso del desalojo de los municipios de la Región de La Araucanía, que están en el documento, y que serán parte de la discusión de esta Comisión».
Finalmente, el texto acusa a Pérez de «haber infringido la Constitución y las leyes, al no ejercer control jerárquico sobre los órganos sometidos a su dependencia, en este caso Carabineros de Chile». Es decir, se le acusa de su falta de control sobre agentes del Estado, especialmente, en base al reciente ataque de un carabinero contra un adolescente en el puente Pío Nono.
“El fundamento constitucional de esta acusación, imputable al ministro, radica en que este puede ser acusado no sólo por sus actos inmediatamente personales, sino también por los de los funcionarios bajo su dependencia. Aquí se trata de la responsabilidad del ministro del Interior por los actos represivos de Carabineros”, detallan.
