Por Capucha Informativa
El tratado Europa Chile entró en vigencia en el año 2003 y puso sobre la mesa tres pilares que, independiente de los contextos políticos y sociales, deben mantenerse en pie: político, comercial y el de cooperación. Su modernización -o renegociación- trae consigo una camisa de fuerza que, además de dejar afuera a las comunidades afectadas, entrega más poder a las trasnacionales y adapta las normas ambientales. Los protagonistas de este acuerdo, el gobierno chileno y la Comisión Europea, han manifestado urgencia en firmar la negociación.
«Chile es el país del mundo que más tratados de libre comercio ha firmado. Estos acuerdos no son casuales, están en el corazón del modelo neoliberal que cuestiona el movimiento de protesta (revuelta popular de 2019)«, afirmó Tomás Hirsch, miembro chileno de Acción Humanista. Quien pide que se suspendan las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación.
En las propuestas de la UE para las negociaciones se incluye un capítulo sobre solución de controversias. La UE quisiera introducir un Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS) para resolver conflictos entre inversores y Estados. En otras palabras busca posibilitar demandas en contra del proceso constituyente y exigir indemnizaciones millonarias.
El acuerdo busca proteger sus inversiones en el sector de energía, servicios financieros, transporte, comunicaciones y seguros de la UE en Chile, es decir, los 91.541 millones de dólares que se aseguran en el territorio. De hecho, las ganancias europeas representan un 33% de todas las inversiones extranjeras, por lo tanto, son uno de los grandes inversores.
En concordancia con esto, los tribunales de Justicia han sido criticados porque permiten a los inversores demandar a los Estados si es que estos perjudican las ganancias de la UE. Esto puede ocurrir al aprobar leyes sobre la protección de los trabajadores, del medio ambiente y/o al nacionalizar los recursos naturales.
«Los chilenos pueden esperar una ola de demandas si alguna reforma afecta los intereses de las empresas transnacionales«, dice el profesor de derecho administrativo en la Universidad de York y experto en derecho de inversiones, Gus Van Harten. Que como ya se explicó, podría ser una carta a favor de la UE si es que, con la nueva Constitución, se establece la desprivatización del agua, de las autopistas, de los sistemas de salud y educación o si se crea un sistema de pensiones distinto a las AFPs.
A pesar de que este obstáculo afecte a Chile, las entidades representativas del país siguen motivadas para firmar, y por ende, poner fin a las renegociaciones lo antes posible. El embajador de la UE, León de la Torre Krais, aclaró en la octava ronda de conversaciones -que finalizaron en septiembre- lo siguiente: «Nos gustaría concluir las negociaciones antes de que comience un complejo ciclo electoral en Chile, que podría dificultar la celebración de acuerdos como este.»
Según la “cláusula de terminación”, el Estado chileno estaría obligado a asegurar los derechos de los inversores europeos por 20 años más tras una eventual salida de acuerdo.
Las otras aristas afectadas con el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea
«El libre comercio es el mejor instrumento para promover el desarrollo sostenible, la creación de empleo y la innovación», dijo el embajador de la Unión Europea (UE), León de la Torre, en una mesa redonda sobre la modernización del Acuerdo de Asociación a finales de septiembre de 2020. Sin embargo, un 5,6% de las personas en Chile están empleadas en actividades extractivistas, que además de ser una cifra baja traen consigo destrucción y contaminación del medio ambiente.
«El comercio se ha más que duplicado. La UE es el tercer socio comercial más importante de Chile y ha contribuido a la diversificación de la economía chilena«, precisó el embajador. La Unión Europea se encuentra entre el top tres de los destinos más frecuentes de las exportaciones nacionales, donde el 90% son materias primas del sector minero, forestal y agropecuario.
Con la firma de este acuerdo se permitirá a la Unión Europea asegurar su acceso sobre las materias primas, ya su “transición energética” aumentará la demanda de empresas europeas por minerales como el litio, el cobre y tierras raras. Cuyas actividades extractivistas generan tensiones con las comunidades indígenas y perjudicarán aún más al medio ambiente.
En cuanto a los pueblos originarios es importante mencionar que, como el acuerdo es extractivista, agravará el conflicto entre el Estado chileno con el pueblo-nación Mapuche. Esto ocurrirá porque los productos provenientes del sector forestal representan un porcentaje valioso en las exportaciones (9% del total).
