La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó, durante esta semana, las primeras acusaciones penales en contra de detenidos del estallido social, quienes están imputados por fabricación y lanzamiento de bombas molotov a Carabineros. Dentro de los casos, hay un joven que podría pasar más de dos décadas en la cárcel y un adolescente, que arriesga 10 años de confinamiento con régimen cerrado.
El próximo lunes 18 de mayo se cumplirán 7 meses del inicio del estallido social en Chile, movimiento ciudadano que tuvo manifestaciones pacíficas y violentas, el cual sólo fue detenido por la pandemia del COVID-19 y el consiguiente Estado de Catástrofe decretado en el país.
A propósito de esto, la Fiscalía Metropolitana Oriente presentó las primeras acusaciones contra imputados que fueron detenidos durante las revueltas, por fabricación y lanzamiento de artefactos incendiarios contra Carabineros.
Estas personas fueron sorprendidas in fraganti portando o tirando una bomba molotov, por lo que se buscará que se apliquen durísimas penas privativas de libertad para tres de ellos.
Según informó el diario El Mercurio, un joven arriesga hasta 24 años de cárcel, mientras que un menor de edad, podría pasar 10 años de régimen cerrado con un programa de reinserción social.
Los delitos se habrían cometido en las marchas y/o protestas ocurridas entre el 15 de noviembre y el 10 de diciembre, donde se produjeron los hechos de más violencia, sobre todo en los sectores aledaños a Plaza Baquedano.
Estas son las tres primeras acusaciones presentadas por el Ministerio Público y se espera que, dentro de las próximas semanas, se sigan presentando estos recursos legales en contra de los detenidos del estallido social, muchos de cuales aún continúan en prisión preventiva.
