“En la medida que sus trabajos de inteligencia interna no serían solo residuales y toda vez que el proyecto del Gobierno –que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA.– les permitiría la protección de la infraestructura crítica del país en situaciones de protestas nacionales, se legalizarían indagaciones castrenses de inteligencia sobre organizadores y participantes en estas movilizaciones, generando las bases de un Estado policial”, explican desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos, una de las organizaciones y autoridades que han solicitado que se retire la urgencia a la iniciativa.
Este martes se tramitó “de urgencia” en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados la Ley de Inteligencia impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera, en el cual se diseña un sistema que lideraría justamente el Presidente de la República, asesorado por sus ministros de Defensa, Interior, la ANI, Policías y Fuerzas Armadas.
Este proyecto, sumado al de Infraestructura Crítica – al cual el Ejecutivo también puso en “discusión inmediata” -, permiten el despliegue de las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional sin la necesidad de contar con Estado de Excepción Constitucional, facultando legalmente a la Inteligencia Militar para que funcione en contra de grupos nacionales que “amenacen el orden público”.
Esta decisión del mandatario y su equipo han provocado varias críticas desde la oposición, y también provenientes de diversas organizaciones de Derechos Humanos, pues con los plazos determinados por el Gobierno lo más probable es que este miércoles ya se esté votando en la Cámara, según informa El Mostrador.
En ese sentido, diputados y diputadas de izquierda y centro enviaron una carta al Presidente y al ministro de Defensa, Alberto Espina, solicitando quitar la urgencia al proyecto que, según afirman, puede tener serias consecuencias para nuestra democracia, por lo que no es posible que se discuta de manera tan apresurada.
Esta misiva fue firmada por Jorge Brito (RD), Maya Fernández (PS), Gabriel Ascencio (DC), José Pérez (PR), Loreto Carvajal (PPD), Guillermo Teillier Del Valle (PC) y Jaime Tohá González (PS).
Por su parte, desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos señalaron al medio que la propuesta gubernamental “cambia la definición de contrainteligencia y establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no solo puede ser externa, sino que provenir de grupos nacionales”.
Así, explicaron que esta iniciativa podría “neutralizar” la protesta social. “En la medida que sus trabajos de inteligencia interna no serían solo residuales y toda vez que el proyecto del Gobierno –que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA.– les permitiría la protección de la infraestructura crítica del país en situaciones de protestas nacionales, se legalizarían indagaciones castrenses de inteligencia sobre organizadores y participantes en estas movilizaciones, generando las bases de un Estado policial”, establecieron.
Tanto esta organización, como la Comisión de Defensa de la Cámara y varios parlamentarios, recomiendan entonces lo contrario a lo que hace el Gobierno, que aparentemente, y a pesar de todo, seguirá con su plan de sacar adelante esta legislación en medio de la pandemia del COVID-19 y la crisis sanitaria adyacente.
Fuente: El Desconcierto
