A pesar de acercarnos a los mementos más difíciles de crisis sanitaria, Piñera dio «suma urgencia» a un proyecto de ley que pone todo el aparato estatal al servicio de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Éste forma parte de la denominada «Agenda Represiva», una serie de iniciativas legales impulsadas por este gobierno a partir del 18 de octubre que pretenden castigar y controlar a las personas que participen de manifestaciones o movimientos sociales .

A través de un mensaje enviado a la Cámara de Diputados y pesar de los graves momentos a los que nos acercamos por la pandemia del coronavirus, Piñera pidió dar prioridad para que sea discutido y votado prontamente el proyecto de ley que «Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado» (Boletín 12234-02), que si bien fue ingresado por el gobierno el 2018, ahora incluye indicaciones realizadas por la presidencia a partir del Estallido Social.

“Si hubiésemos tenido un sistema de inteligencia moderno, los actos ‘de violencia’ que ocurrieron en el mes de octubre (de 2019) se podrían haber impedido”, sostuvo en enero el ministro de Defensa, Alberto Espina, cuando el proyecto fue votado de manera unánime en el Senado.

Este proyecto busca dar mayor poder y atribuciones a la Agencia Nacional de Inteligencia y a su director, puesto que hoy ocupa el ex marino Gustavo Jordán, además de permitir una mayor colaboración entre las distintas ramas de inteligencia y darle la atribución a la ANI de poder requerir información a cualquier repartición gubernamental, haciendo que el funcionario que se niegue a entregarla reciba sanciones administrativas.

La polémica indicación 22 A

Producto del Estallido Social, la preocupación del Ejecutivo ha sido en reforzar el sistema de inteligencia nacional. Así se puede constatar en las Actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA)[1] citado por Sebastián Piñera el 7 de noviembre, en donde tanto el presidente de la Cámara de Diputados, como los comandantes en Jefe del Ejército y la Fuerza Aérea, el ministro de Defensa y el propio Piñera señalaron la necesidad de modernizar el sistema de inteligencia mediante el avance de un proyecto de ley.

Es por este motivo que el boletín 12234-02, que dormía en el Congreso, fue reactivado e indicaciones fueron hechas de acuerdo al nuevo contexto político y social. De ahí, la indicación sin duda más polémica fue la «22 A», de la mano del mismo Sebastián Piñera, que otorga a la ANI la facultad de reclutar agentes de inteligencia de las ramas policiales (y en algunos casos también de la Armada) para oficiar como «agentes encubiertos», por un periodo indefinido.

«Información residual», o el vacío que puede permitir a la inteligencia de las Fuerzas Armadas su injerencia en asuntos domésticos.

Otro punto conflictivo es que la ley ahora obliga a las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas a entregar «información residual» a la ANI. Las dudas que quedan con esto es si dicha información residual tendrá realmente tendrán tal carácter, o si bien esto permitirá a estos organismos castrenses investigar asuntos domésticos para luego presentarlos como hallazgos parte de otros datos, y entregados como información residual. Ante ello, las mismas actas del COSENA del 7 de noviembre del 2019 señalan de parte del Comandante en Jefe del Ejército su intención que su agencia de inteligencia vaya más alla:

     «Toma la palabra el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, quien aclara que, respecto a las Fuerzas Armadas, les está vedado realizar operaciones de Inteligencia interna, solo residual respecto a Carabineros o la PDI. Sugiere que se avance en una Ley de Inteligencia, y así poder adelantarse a las acciones disruptivas»

La misma indicación 22 A permite en casos de asuntos costeros, poder reclutar como agentes encubiertos a agentes de inteligencia de la Marina.

Todo el aparato del Estado al servicio de la ANI

Un tercer elemento que llama la atención es que con esta reforma, la ANI podría recurrir, bajo sanciones administrativas de presentarse una negativa, a la entrega de cualquier información que estimen conveniente a cualquier repartición del Estado o que el mismo Estado sea accionista mayoritario. Esto va a permitir utilizar toda la maquinaria estatal, de registros e informaciones, al servicio de la Agencia Nacional de Investigaciones. Tanto es así, que el proyecto contempla la creación de departamentos de Inteligencia en Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.

Lo que se viene

La votación unánime es a lo menos preocupante, porque demuestra que dentro al menos del Senado, el proyecto no ha presentado oposición, a pesar de los hechos mencionados anteriormente. Difícilmente la Cámara de Diputados el proyecto sea revisado con mayor detención a causa de esta «suma urgencia», y que puedan tomar con la gravedad que presenta el caso las atribuciones que podría adquirir la ANI y otras agencias de inteligencia del Estado. Cabe también puntualizar, que a pesar la gravedad de la actual pandemia, las preocupaciones centrales del gobierno están lejos de ocuparse de la salud de la población.

Fuente: Resumen

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