La periodista, quien desde Nueva York fue la primera voz que alertó de un eventual subregistro de muertes, habla con El Desconcierto sobre las dificultades para llevar a cabo su reporteo, las acusaciones que recibió de parte del ministro Mañalich y los vacíos que se mantienen en el recuento de personas muertas, a pesar de la nueva metodología de conteo.
Detrás de la nueva metodología implementada por el gobierno para registrar a las personas fallecidas en esta pandemia hay una larga lista de recomendaciones de distintos organismos y actores expertos en salud y ciencia. En medio de todos ellos, destacan los aportes de la periodista de investigación Alejandra Matus, quien desde Nueva York fue la primera voz que alertó de un eventual subregistro de muertes detectable en los datos del Registro Civil.
El 11 de mayo comenzó a hacer pública su tesis basándose en el aumento de fallecidos de los meses de marzo y abril de 2020, según el Registro Civil, en comparación al promedio de los últimos cinco años. Desde ese momento, ha ido revelando datos que ella misma ha reporteado desde la distancia, con entrevistas a sus fuentes reservadas y solicitando datos por Ley de Transparencia. En el camino a recibido agradecimientos de los usuarios de redes por su trabajo y hasta acusaciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, por difundir fake news. Al final, el tiempo le dio la razón.
La periodista habla desde Nueva York con El Desconcierto para abordar las dificultades de su trabajo que, dice, empezó por “curiosidad periodística”. Opina sobre las implicancias que conlleva la aplicación de la nueva metodología y las grietas que aún permanecen sin cubrir. Habla sobre la necesidad de transparencia, cuestiona el manejo comunicacional de las autoridades y realza el rol de la prensa en tiempos de catástrofe.
¿Qué te llamó la atención para reparar en las cifras de fallecidos y dar con los datos del Registro Civil?
Desde el año pasado estoy en Estados Unidos y cuando empezó la epidemia de COVID-19, en China, me atrajo por curiosidad periodística. En el resto del mundo había un estado de negación, una cierta tranquilidad de que eso se iba a quedar ahí, aunque todos los especialistas advertían que era casi imposible que no saliera de China. Todo el mundo hacía su vida normal, como si eso no se fuera a expandir por el mundo. Eso me llamó la atención porque en el mundo interconectado como el que vivimos y la imposibilidad de controlar individualmente a cada persona, me pareció que había una cierta negación, como cuando las personas se niegan a asumir las tragedias que viven. Excepto en algunos países que actuaron como adultos y que pronto tomaron medidas de resguardo, como Corea del Sur o Alemania, había un patrón en los países con una suerte de tranquilidad. De repente, dos o tres semanas después, veías los médicos llorando en la televisión. Chile es la última frontera de la pandemia: avanzó por los países asiáticos, por Europa, Estados Unidos, bajó por Latinoamérica y al final llegó a Chile. Me parecía una actitud infantil de Chile, pretender que ahí sería distinto, pensar que tenía una especie de excepcionalidad climática, genética o de infraestructura. Es un país muy desigual, con un sistema de salud empobrecido que es reflejo de esa desigualdad. Por lo tanto, lo más razonable era esperar que los contagios se propagaran de manera exponencial y que hubiera un costo importante en vidas y enfermedades graves, a menos que se tomaran medidas acorde con la realidad chilena y tempranamente.
¿En qué te fijaste?
En Chile, la pandemia avanzaba de manera lenta y lineal, en vez de exponencial, y con muy pocos fallecidos. Me pareció razonable pensar que esto se trataba más bien de un problema foco, de detección y procesamiento de los test, más que real. Por eso, a fines de marzo, cuando solo había 16 muertes por covid registradas, empecé a buscar información. Se habían tomado algunas medidas iniciales de control como las suspensión de clases, unas cuarentenas muy parciales y cortas, pero casi nada más, y había mucho optimismo de parte de las autoridades.
¿Qué dificultades ha supuesto hacer este trabajo desde la distancia, en contexto de pandemia, en otro país?
Estoy en cuarentena y estaba terminando mi semestre de estudios: tenía tiempo. Aunque con dos hijos en edad escolar, el tiempo nunca sobra. Otra facilidad fue que en tiempos normales, una fuente reservada espera que tu te juntes físicamente con ella para entregarle la información, pero como estamos todos con la instrucción de estar en las casas, la pandemia facilitó el reporteo online. El mayor obstáculo ha sido la cerrazón de las instituciones a entregar información pública. De las peticiones de transparencia que hice en abril, todavía hay dos instituciones que no me las responden. Y la tercera, el Registro Civil, me informó recién ayer [por el día martes] de la información que pedí en marzo. Llegó desactualizada porque viene con tres meses de atraso. Eso ha sido una dificultad bastante importante. También la reacción emocional que tuvo el gobierno y algunas personas negando la información, atribuyéndola a intenciones políticas o conspiraciones y sin hacerse cargo de esos datos. Ni siquiera para dar la posibilidad de analizarlos a un equipo de expertos. En todos los países, incluso los más serios, se ha detectado un subreporte de muertes. No era una acusación directa para decir que Chile es el único país [con subreporte de personas fallecidas], sino simplemente se trataba de mostrar información que podía ser útil para pensar las políticas tan flexibles que se adoptaron.
¿Cómo te sentiste el día que el ministro Mañalich apareció en su punto de prensa y calificó tu trabajo de fake news?
Antes ya me había dedicado varios mensajes con la idea de que había gente esparciendo información falsa, según él; o con ese concepto del ‘viroterrorismo’. Lo de la fake news me pareció injusto y desproporcionado. Tirar toda la caballería del peso del Estado sobre una periodista que no tiene más poder que su computador y el wifi me parece absolutamente desproporcionado. Presumir o atribuir intenciones, también, porque él ni siquiera ha hablado conmigo ni me conoce. En lo emocional, me pareció injusto desde el punto de vista profesional. Me dolió que me pusiera en una banda de fake news porque soy una periodista profesional. Fake news o bulo es por definición una información inventada con un propósito político o espurio. No es una información imprecisa, ni un error. Yo no hago eso y nunca lo he hecho. La acusación fue grave, gratuita e hirió mi honor profesional. Pero más aún me hirió la demora en considerar una información que era vital para adoptar medidas que se terminaron adoptando demasiado tarde o que todavía no se toman en algunas regiones, como las cuarentenas o la ayuda social para las familias. Ese debería ser el foco de la autoridad política, en vez de estar viendo fantasmas donde no los hay y tratar la información discrepante con sus informes como si fuese una contienda política.
Sin ánimo de entrar en la lógica de la contienda, pero finalmente, el tiempo ha terminado dándote la razón.
Sí, me alegra no sólo por mi honor profesional, sino porque espero que el ajuste de los criterios (aunque todavía hay mucho que no se está corrigiendo) sirva para poner los recursos del Estado donde tienen que estar: para que la cuarentena se respete, para controlar las empresas que están haciendo ir a trabajar a sus trabajadores sin esenciales y para que el Estado se tome en serio la necesidad de aplicar una cuarentena estricta que permita desahogar el sistema de salud. La saturación que estamos viendo hoy es del período anterior, de antes de la cuarentena. Las personas que están muriendo hoy día se contagiaron en promedio hace un mes.
“El mal manejo de la epidemia lo va a pagar solo el gobierno”
Chile se han producido cambios metodológicos en el registro de personas contagiadas y fallecidas, al menos, en seis ocasiones: cuando se incluyeron a los fallecidos como recuperados (y luego se cambió); con la inclusión de los asintomáticos y la exclusión de éstos como nuevos contagios; con la nueva definición de caso probable dentro de los casos activos; los cambios en el registro de recuperados y activos para adaptarlo a las cifras del informe epidemiológico; el registro de los fallecidos con resultado de PCR en espera y el nuevo método que incluye el Registro Civil para los datos de personas fallecidas. ¿Cómo afectan estas modificaciones en el monitoreo de la pandemia y la credibilidad del gobierno frente a la opinión pública?
Es un desastre desde el punto de vista de la confianza y la claridad. En contextos de epidemias y pandemias la información tiene que ser clara, directa y sin ambigüedades, como se hizo durante la campaña para controlar el cólera. Fue muy clara y el Estado apoyó las medidas de control y fiscalización de los productos que se consumían en los restaurantes. Pero cuando uno da mensajes confusos, no sólo en relación a las cifras, sino en lo que el gobierno presume o prevé que va a pasar más adelante, es que no se aprendió nada de los tres meses de ventaja que Chile tuvo en relación a lo que pasó fuera. En Nueva York recién se está flexibilizando una cuarentena de tres meses para aplanar la curva. Las autoridades, que tienen el rol de proteger a la población, no se lo toman con la suficiente seriedad. Por supuestos que el virus y su letalidad no son responsabilidad del gobierno, pero sí lo es ajustar sus políticas de acuerdo a lo que le dice la ciencia. El gobierno se ha resistido a implementar (o lo hace parcialmente) las propuestas que se han sugerido desde los primeros días. Cambia un criterio que se criticó por otro nuevo que tampoco se ajusta a los criterios internacionales. Es grave por la confusión y desconfianza que provoca en la población porque las medidas que se piden son drásticas. Hay que mostrar la realidad y los riesgos que hay si no se respeten las cuarentenas, pero ese mensaje se ha perdido y enturbiado por la actitud cambiante y la falta de transparencia con los datos duros.
Da la sensación que el gobierno no quiere compartir esos datos con la comunidad científica para que no hagan sus propios estudios o los contradigan.
Seguimos a merced de los reportes que da el gobierno sin permitir que los expertos accedan a los datos duros y puedan contrarrestar esos reportes con información de primera fuente. El gobierno no cuenta con la adición de la comunidad académica y científica, ni con los trabajadores de la salud, quienes también se sienten defraudados porque mientras ellos están al borde del colapso, viendo a la gente morir, aparecen 19 fallecidos en un informe oficial. La desconexión ahí es tremenda. No se conocen las comunas de las personas que mueren, ni la edad. En uno o dos años más toda la información va a estar, porque existe. Pero si no se pone hoy a disposición de universidades, académicos y expertos será el gobierno quien se tendrá que hacer cargo del error. Desde el punto de vista político, el eventual fracaso o mal manejo de la epidemia la va a pagar solo el gobierno que no ha querido compartir ni datos, ni medidas ni estrategia con nadie.
Con el cambio de criterio anunciado el lunes vuelven a quedar fuera del reporte las personas que no tienen un PCR positivo y eso incumple, de nuevo, la recomendación de la OMS.
Sí, el ministro Mañalich dijo que se iba a aplicar el criterio de la OMS y que se iba a considerar a las personas tuvieran o no un PCR positivo. Hay un retroceso. Hasta antes de ese cambio de criterio se contabilizaban las personas que fallecían en los hospitales con PCR positivo antes de morir, hubiera terminado o no el trámite en el registro civil. Entonces el gobierno anunció que añadiría a las personas cuyo resultado no había llegaba antes de su deceso, sino que estaba pendiente. Ahora esperarán que llegue no solo el PCR, sino además el certificado de defunción, que se demora precisamente porque el sistema no está preparado para recibir tantas defunciones. Eso produjo la rebaja hasta 19 fallecidos de una tendencia que cualquier persona sabe, razonablemente, que no baja bruscamente de un día para otro, sobre todo en un contexto de aumento de los contagios. Cualquiera sea la razón por la cual el gobierno adoptó esa metodología, no responde al compromiso de hacer un registro más certero de las personas que mueren por covid tengan o no PCR, ni tampoco muestra una voluntad de transparencia. Asumen un compromiso, pero salen con otra estrategia para mantener la restricción sobre ese parámetro. Además, todos los ajustes que se han hecho se restringen a las personas que mueren al hospital y ninguno de los criterios planteados por el ministro considera la posibilidad de contabilizar las personas fallecidas en domicilio.
Ese ha sido, precisamente, una de las grandes grietas de los registros en muchos otros países: fallecidos en domicilios y residencias de adultos mayor.
Sí, y están quedando fuera de la contabilidad. Según estudios de la Universidad de Chile, representan por lo menos el 46% de los fallecidos. Tampoco se contabilizan a los que mueren en hogares de ancianos ni a los que fallecen en la calle. El ministro reveló que hasta ahora se contabilizaban solo los casos que entran al sistema de control de los hospitales, el Epivigila, pero no llega a los domicilio. El Minsal, el SML, y la Fiscalía diseñaron un protocolo para manejo de muertes en domicilio que señala que no se les hará PCR a menos que se sospeche la intervención de terceros en el fallecimiento. Los servicios de salud tampoco intervienen, solo entregan un certificado de defunción en caso de que la persona hubiera visitado un servicio 48 horas antes de su muerte. Pero el PCR no se ordena bajo ninguna circunstancia. En el servicio público el examen se limita a las personas con sintomatología severa, pero no a asintomáticos ni en caso postmortem.
¿Qué nos corresponde hacer a los periodistas en el contexto de una pandemia, cuál debe ser nuestro rol?
Lo que hacemos en tiempos de normalidad, pero con mucho mayor énfasis en tiempos de catástrofe. En una crisis, los organismos que no están preparados cometen errores, pero los gobiernos tienden a querer parecer eficientes. Hay una naturaleza del poder en querer mostrar que lo hace bien. El periodismo contribuye al conocimiento público para que se ajusten o se vean zonas que probablemente las autoridades no están mirando. La prensa tiene que hacer seguimiento de los discursos públicos y hacerse preguntas como ¿es el primer caso de covid en Chile el que el gobierno reportó? ¿Había otros focos de contagio y de muertes ocurriendo sin que se hubiera detectado? La prensa es quien normalmente se hace estas preguntas y con ello ayuda a los científicos a investigarlas, a la autoridad a corregir sus políticas públicas y a la opinión pública a tomar medidas más allá de las que sus gobernantes le están recomendando.
Fuente: El Desconcierto
