El General Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Este de Santiago, cuenta con un sumario de Contraloría por su responsabilidad administrativa, y de otros seis generales, por la represión policial que sufrieron manifestantes durante la revuelta social. En noviembre del 2019, se refería a esta situación con declaraciones [nefastas] donde utilizaba como ejemplo los tratamientos tradicionales contra el cáncer para justificar la violencia ejercida: “para matar células malas, a veces se matan células buenas”.
A esto se le suma una nueva denuncia en Contraloría interpuesta por la Diputada Cristina Girardi, donde se exige que el organismo se pronuncie, investigue y fiscalice al general por “posibles faltas a la probidad e incumplimiento de la normativa pública y administrativa”. Esto a raíz de que Bassaletti estaría recibiendo pagos por servicios exclusivos y existirían facturas que darían cuenta de prestación de servicios de seguridad privada a British American Tobacco Chile (Bat Chile SA), más conocido como Chiletabacos; además de audios de comunicación interna en donde se mencionaría estar realizando tales labores para un camión de dicha compañía. La denuncia establece que “existe una relación -entre la empresa privada y algunos miembros pertenecientes al alto mando de Carabineros- amparada en la mala praxis de tráfico de influencias”, ya que la seguridad de mercadería y trabajadores estaría siendo resguardada por personal de Carabineros haciendo uso de autos institucionales.
Además, Bassaletti tendrá que rendir cuentas porque su hermano, Miguel Bassaletti, está a cargo de la Gerencia de Operaciones y Servicios de Metro SA, quien tiene a su cargo a una empresa privada de seguridad. La ley de Transparencia es clara al respecto: oficiales en servicio de Carabineros no pueden tener vínculos con rubros directamente relacionados con su trabajo en la institución, ni ellos ni sus familiares directos. Por esta misma razón, la generala Pamela Olivares, encargada del departamento de Bienestar de la institución y una de los miembros considerados para la sucesión de Rozas, está en investigación, ya que su esposo es el coronel en retiro de Carabineros, Jorge Ramirez, quien es el encargado de la seguridad en la empresa Chiletabacos y quien contrató los servicios de Bassaletti.
Según la Ley Orgánica Institucional, es la misma institución de Carabineros que debe supervisar y fiscalizar a empresas o servicios de seguridad privada en el país. Esto involucraría a otros altos mandos en esta mala praxis, como el General Raúl Aburto quien es el encargado de esta división y que fue nombrado en ese cargo por el mismo Director General Mario Rozas, su compañero de promoción. Es por esto que existe la duda de si Rozas sabía o no sobre estas malas prácticas, aunque hay quienes señalan que esta mala práctica es común en la institución y que nunca fue cortada de raíz. Esteban Infante, suboficial en retiro que es parte de la ONG Equanime que defiende a víctimas de abusos institucionales (militares, policía y gendarmes), reconoce haber sido parte del personal que prestaba servicios a Chiletabaco cuando estaba en servicio: “Una vez tuve que ir solo a cuidar un camión, y recuerdo que llevaba una UZI en la mochila por si se presentaban delincuentes.”
