La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 36 ex agentes de la Dirección de Inteligencia nacional – DINA – por el asesinato de 6 dirigentes comunistas ejecutados en diciembre de 1976 por la Brigada Lautaro de la Dina en el centro de exterminio denominado Cuartel Simón Bolívar, en la capital.
En la causa rotulada como «Conferencia dos» (causa rol 829-2017), mediante fallo unánime la Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Omar Astudillo, Mireya López y Jenny Book- condenó a los ex oficiales de ejército y jerarcas de la DINA Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Hernán Morales Salgado a 20 años de presidio como autores de los homicidios calificados de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo.
Además, deberán purgar 12 años de presidio, como autores de los secuestros calificados de Fernando Navarro Allendes, Héctor Véliz Ramírez y Waldo Ulises Pizarro Molina; y 3 años de presidio por el secuestro simple de Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo.
En primera instancia, en fallo dictado en diciembre de 2016, el Ministro Miguel Vásquez Plaza había condenado a estos criminales y a Ricardo Víctor Lawrence Mires, a penas de presidio perpetuo, más 15 años y un día, más 4 años, respectivamente. Lawrence Mires todavía estaba en condición de prófugo cuando se vio la causa en la Corte; aunque fue capturado recientemente, el fallo no consigna el cambio en la situación procesal del condenado.
En tanto, los agentes Juvenal Alfonso Piña Garrido, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Jorge Iván Díaz Radulovich, Heriberto del Carmen Acevedo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Emilio Hernán Troncoso Vivallos, Orlando Jesús Torrejón Gatica y Carlos Eusebio López Inostroza, fueron condenados a 15 años y un día de presidio, como coautores de los homicidios de Ortiz Letelier, Cepeda Marinkovic y Berríos Cataldo.
En el caso de los agentes José Alfonso Ojeda Obando, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, Jorge Laureano Sagardía Monje, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Sergio Orlando Escalona Acuña, Jorge Lientur Manríquez Manterola, José Miguel Meza Serrano, Luis Alberto Lagos Yáñez, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Orfa Yolanda Saavedra Vásquez, Elisa del Carmen Magna Astudillo, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, Sergio Hernán Castro Andrade, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, Jorge Hugo Arriagada Mora, Berta Yolanda Jiménez Escobar, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Carlos Enrique Miranda Mesa, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Teresa del Carmen Navarro Navarro, Celinda Angélica Aspé Rojas y Camilo Torres Negrier fueron condenados a penas de 10 años y un día de presidio, por los secuestros calificados de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez; mas 541 días de presidio por el secuestro simple de Ortiz Letelier, Cepeda Marinkovic y Berríos Cataldo.
Finalmente, María Angélica Guerrero Soto fue condenada a 61 días de presidio por el delito de secuestro simple de Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo.
La Brigada Lautaro de la DINA y el cuartel Simón Bolívar
El Cuartel Simón Bolívar fue un recinto secreto de detención y tortura de la DINA instalado en una casona de calle Simón Bolívar N° 8800 de la comuna de La Reina, en Santiago. En este lugar operaba la Brigada Lautaro dirigida por el oficial de ejército Juan Hernán Morales Salgado, dependiente de Manuel Contreras y Pedro Espinoza Bravo.
La mencionada brigada cumplía funciones operativas y se especializó en el exterminio de los prisioneros que caían en sus manos y eran llevados al ese cuartel secreto. Asimismo, en el segundo semestre del año 1976, llegaron a dicho recinto las agrupaciones de agentes operativos de la DINA, a cargo de los oficiales Germán Barriga Muñoz y Ricardo Víctor Lawrence Mires, los que se preocupaban fundamentalmente de reprimir a los miembros del partido comunista, en especial su cúpula directiva; con ese fin habilitaron dependencias para la instalación de oficinas, calabozos de encierro, celdas para interrogatorios y torturas, utilizando apremios con diversos métodos contra los detenidos. Los prisioneros luego de prolongadas sesiones de tortura eran eliminados con diversos métodos, que en algunos casos incluían el uso de pentotal y degollamientos. Finalmente los cuerpos de los asesinados eran hechos desaparecer por los ejecutores. De este recinto de exterminio no hubo prisioneros sobrevivientes, razón por la cual la existencia de este lugar solo pudo conocerse por los tribunales el año 2007 a través de la confesión de uno de los integrantes de la brigada.
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