Hace cinco años, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) aprobó y costeó la práctica profesional de Macarena Montes, en la Unidad de Negocios de ENAP Magallanes. Ella es sobrina de William Montes, expresidente del Sindicato de ENAP en Santiago y actual vicepresidente de la Fenatrapech. Esta práctica millonaria tuvo un gasto total de $15.192.773, donde (según datos obtenidos de la respuesta de la empresa a un oficio de la Cámara de Diputados) el hospedaje en el Hotel Mercury tuvo el desembolso más elevado ($13.306.051). Esta situación fue investigada por la empresa, se sancionó solo a una funcionaria. Según un trabajador, esta clase de prácticas se ha reiterado en la empresa.
Por Capucha Informativa
Durante los periodos comprendidos entre el 12 de enero al 15 de marzo de 2016, y el 6 de mayo hasta el 2 de noviembre del mismo año, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) financió la práctica universitaria de Macarena Montes Larenas, la cual tuvo un gasto de $15.192.773. El periodo de contratación fue de 1.320 horas de práctica y se realizó en el extremo sur del país, a 3.860,63 kilómetros (en línea recta) de su casa de estudio, pues ella vivía y estudiaba en Arica y la práctica se llevó a cabo en Punta Arenas, región de Magallanes.
Macarena Montes es la sobrina de quien fue el presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap en 2016, y actual trabajador de la empresa, William Montes, pues este es su tío. Dicho trabajador figura en la actualidad como vicepresidente de la directiva de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile (Fenatrapech) en la región Metropolitana, siendo electo en 2020 por un periodo de tres años.
Macarena M. era estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad de Tarapacá, sede en Arica. Su práctica universitaria fue realizada en el otro extremo del país, específicamente en la Unidad de Negocios de ENAP Magallanes. Por lo que, por concepto de viajes entre ambas regiones, la empresa tuvo que pagar unos $639.055, y los gastos en movilización y colación fueron $1.247.667, según se constata en la respuesta que entre la ENAP al oficio de la Comisión Investigadora por las “Irregularidades de las inversiones y actuaciones comerciales realizadas en ENAP entre los años 2014 y 2018”.
Esto no es todo. Existen gastos adicionales efectuados en dicha práctica que demuestran que se realizó un ejercicio abusivo a las facultades que todo funcionario público debe tener, sin importar el cargo administrativo que éste configure. Los costos asociados a la práctica profesional son los siguientes:
Tal y como se puede apreciar en la tabla adjunta, se realizó un mayor desembolso en el alojamiento de la estudiante mediante hotelería (el supuesto Hotel Mercury: $13.306.051), remuneración ($1.259.000) y en movilización y colación ($1.247.667). Además, los gastos de los pasajes de avión entre la región de Arica y Punta Arenas ascendieron a $639.055. La suma total representa un monto no menor de $15.192.773 de pesos gastados en la práctica profesional de Macarena Montes.
Durante el año 2018, el diputado del distrito 20, Leonidas Romero, solicitó el oficio donde se especificó el costo de la práctica millonaria de Macarena Montes. Pero esta problemática no avanzó en la Cámara Baja y el caso se fue diluyendo. Este medio intentó contactar varias veces al diputado mediante su página web para conocer sus motivaciones sobre el caso, pero no se obtuvo respuesta.
¿Existe el Hotel Mercury?
No se encontró evidencia de que el Hotel Mercury, que se menciona en la respuesta de ENAP al oficio, se encuentre en la región de Magallanes y, a su vez, que este reciba funcionarios o practicantes de ENAP en sus dependencias. Tal vez la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas cometió un simple error de transcripción, ya que en dicha zona existe el Hotel Mercurio. Pudimos contactar a una trabajadora recepcionista de este hotel, ubicado en Monseñor José Fagnano, Punta Arenas, y confirmamos que en este edificio se hospedan alumnos y trabajadores de la empresa estatal.
La trabajadora del Hotel Mercurio, cuya identidad mantendremos en anonimato a través del seudónimo Mencía Blanco, sostuvo que han atendido practicantes (de ENAP); de hecho, “un alumno en práctica se hospedó durante un año entero”, señaló. Al ser consultada sobre si esto ocurre en la actualidad, contó que “hace unos dos años que no han sido contactados para que ellos (practicantes) se hospeden”, debido a la crisis sanitaria de Covid-19.
A su vez, Blanco sostuvo que no existe un convenio entre la empresa estatal y el hotel, sin embargo, “siempre han sido nuestros clientes”. Ella reconoce que viene personal a trabajar para ENAP, pero ignora si los trabajadores costean la reserva. “No tengo ni idea quienes son los que pagan”, agregó.
El valor actual de reserva de temporada baja –desde marzo a septiembre de 2021- en una pieza single, esta tiene un valor de $50.000 por noche (IVA incluido). Por lo tanto, basándonos en este costo se llegó al siguiente resultado: dividiendo $13.306.051 en la cantidad de 243 días que duró la práctica, se calculó un promedio aproximado de $55.000 por noche. Un valor bastante cercano al costo de la temporada baja en la actualidad.
Una investigación interna
La exgerente de Recursos Humanos de ENAP Magallanes en 2016, Paola Velázquez, autorizó la práctica de la sobrina de William Montes (Macarena Montes), en la Unidad de Negocios de ENAP Magallanes. Se realizó una denuncia en contra al hecho referido, la cual “se originó porque unos trabajadores de ENAP Magallanes [primero] notificaron a sus dirigentes del sindicato de profesionales de la misma región. Estos últimos elevaron [después] una queja en contra de Velázquez”, cuenta un extrabajador de ENAP que demandó a la empresa mediante un juicio laboral por despido injustificado en 2018, por su seguridad mantendremos su anonimato y lo nombraremos a través del seudónimo John Doe.
John Doe comentó que los trabajadores del sindicato iniciaron esta “queja en contra de la gerenta de Recursos Humanos que había en ENAP en ese minuto. Quienes tuvieron conocimiento directo o inmediato del tema, lo dieron a conocer a la gerencia de Compliance para que lo investigaran, y fue lo que ocurrió”. Esta unidad cumple un rol fiscalizador e investigador de las malas prácticas que sucedan dentro de la empresa estatal. Directamente desde el Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP Magallanes, comentaron sobre el rol de Compliance, el cual “tiene por objetivo materializar el compromiso que la empresa ha asumido con las buenas prácticas en los negocios, la ética y el cumplimiento de las normas que debe adquirir toda empresa socialmente responsable.
De acuerdo con la información contenida en el informe de Compliance, el 27 de noviembre de 2017, se hizo llegar un memorándum confidencial a la expresidenta de 2016 y actual secretaria del sindicato de ENAP en Punta Arenas, Karin Escárate, a través de la unidad de Ética y Cumplimiento de la empresa de energía.
En este memorándum se notificó la resolución de dicho comité de ética, y aquí se da cuenta de una serie de denuncias en contra de la persona de Paola Velásquez:
- Faltas reiteradas a la verdad y a los compromisos
- Ejercicio abusivo de las facultades que le confiere el cargo
- Prácticas discriminatorias y falta de imparcialidad ante resolución de situaciones laborales
- Procesos de contratación poco transparentes
- Clima laboral desfavorable en RRHH
“Ejercicio abusivo de las facultades que le confiere el cargo” fue la categorización que realizó la gerencia de Compliance por la aceptación de la práctica de Macarena Montes, por parte de la gerente de la época. Lo anterior, generó el pago de viáticos, traslados, alimentación y hospedaje de la alumna. Desde ENAP se consideró que el acto cometido por Paola Velásquez consistió en un “ejercicio desmedido de las atribuciones que la gerente de Recursos Humanos detenta”. Entonces, ENAP llegó a una conclusión que señala: “hay un actuar que sobrepasa las atribuciones que tenía la gerente de Recursos Humanos en ese minuto”, dijo el extrabajador, John Doe.
El documento finalizó mencionando que Velásquez debió hacer un análisis sobre las competencias de la estudiante en cuestión, el tipo de trabajo y los montos invertidos. Ante esto, el extrabajador de ENAP explicó que “con estos documentos quedó presente que uno de los grandes responsables pudo haber sido la gerente de recursos humanos”.
Las medidas adoptadas por el Comité de Ética fueron: “amonestar por escrito y con copia en la hoja de vida de la Srta. Velásquez, por los malos tratos realizados a personas bajo su jefatura y creación de un ambiente laboral de hostigamiento”, pero nada se comentó sobre tomar medidas o sanciones para las y/o los involucrados en aceptar la práctica profesional. Esto significó que “no hubo una sanción a quien está por el otro lado, que es el expresidente del sindicato (William Montes), que es quien pide el favor y quien se ve beneficiado a través de su sobrina”, comentó John Doe.
Este no fue el único problema en el que se vio involucrada Paola Velásquez mientras laboraba en Magallanes. Tras otra denuncia en 2014, se investigó los gastos excesivos y sin justificar en instalaciones de hoteles y taxis que no coincidían con fechas de traslados de la empresa.
Tras esta investigación el Comité de Ética sancionó y su veredicto fue lo siguiente: “La Gerencia de RR.HH. Corporativo y Gerencia Legal, indicarán la forma en cómo se debe descontar y cobrar los fondos por rendir insolutos correspondientes a $10.075.257”. Para ello se otorgó un plazo de 30 días para regularizar y rendir los fondos pendientes. Ante estas acusaciones, Paola Velásquez, se defendió explicando que ella había solventado parte del monto exigido y que todos sus gastos habían sido aprobados por sus superiores, manteniendo el mismo modus operandi.
¿Es una práctica irregular?
Durante el juicio laboral de John Doe contra ENAP por las condiciones de su despido, la empresa presentó como absorbente, -la persona obligada a presentarse al tribunal para testificar a nombre de la empresa demandada- al director de Relaciones Laborales de ENAP Corporativo, Juan Paulo Araya Carvajal. Cuando este último fue consultado sobre la regularidad de este tipo de prácticas, él defendió a la empresa diciendo que estas ofertas laborales no se logran cubrir por quienes estudian y viven en Punta Arenas, por lo que se debe recurrir a estudiantes de otras regiones. “Allá es una zona extrema (Magallanes) y hay poca gente disponible para hacer prácticas laborales, por lo tanto, es habitual que esto ocurra en la empresa”, confesó Araya. Entonces, para el juez Víctor Covarrubias Suárez, quien estaba a cargo de la demanda, no configuró delito ni consideró que los hechos referidos fueran un suceso irregular.
Esto ocurrió a pesar de que a través de la investigación liderada por el área de Compliance se haya sancionado a Paola V, pues para el magistrado, no existían evidencias que sustenten que se haya cometido algún tipo de anomalía en las inversiones de recursos, como tampoco le generó ruido que el proceso de contratación de servicios fuese poco transparente, ya que el lazo sanguíneo entre el presidente sindical de ese entonces, William Montes, y la alumna en práctica, Macarena Montes, era evidente.
Ante esto, John D. comentó que tuvo la sensación de que “el juez ni siquiera leyó las pruebas que justificaban que era un ejercicio abusivo de los recursos, ni tampoco escuchó lo que mis propios abogados decían. Al final, dijo que aquí no hay arreglo”. El sentenciador se fundamentó en lo que sostuvo el directivo, es decir, “en el hecho de que la persona dijo que eso no era delito (la práctica millonaria)”, agregó el extrabajador.
Durante el mismo juicio, Juan Paulo Araya aseguró que se realizaron otras prácticas profesionales de la misma magnitud después del caso de Macarena Montes, a pesar de la investigación interna que realizó el área de Compliance. En ellas se mantuvo como constante que las/los estudiantes residan en una región distinta o, más bien, lejana a la región de Magallanes. Además, constató que es habitual que en ENAP estas sean financiadas sin importar el gasto que conlleva, como lo fue en el caso puntual expuesto aquí. Juan Pablo Araya no respondió nuestros correos que aluden a sus declaraciones vertidas en el juicio laboral.
Sin embargo, el jefe de Comunicación y Gestión de ENAP, Claudio Gaete, negó dichas afirmaciones. Él indicó que la actual administración del gerente general, Andrés Roccatagliata Orsini, quien asumió dicho puesto en la empresa en 2018, “tiene un compromiso irrestricto con la prevención de cualquier situación que pudiese representar un conflicto de interés al interior de la empresa”, como lo fue aprobar y financiar la práctica millonaria a la sobrina del presidente del sindicato de Santiago en 2016, Macarena Montes. Además, se supone que se ha puesto énfasis en “terminar con todos los procedimientos, acciones y conductas que no se condicen con el buen uso de los recursos, que son de todos los chilenos”, agregó Gaete.
Además, según el encargado de comunicaciones, el método de prevención para evitar que se “pueda restar imparcialidad en los procesos de selección de personal”, es implementando un control “minucioso” de las contrataciones de alumnos y alumnas. Esto, hasta el momento, no ha sido comprobado, ya que las y los sindicalistas involucrados en la realización de la práctica millonaria de Montes, como los funcionarios actuales de la empresa, se desligaron del tema excusándose con que el caso sobrepasa sus facultades al momento de emitir opiniones y porque según ellos “no corresponde al campo de acción de nuestra organización (sindicato de Magallanes)”.
El jefe de comunicaciones y gestión de ENAP, Claudio Gaete, señaló que como empresa están “impedidos de otorgar más información sobre el proceso de investigación y sus resultados”. Esto ocurre porque estos datos tienen carácter confidencial al “contener información personal relativa a los trabajadores y trabajadoras de la empresa, respecto de los cuales el empleador tiene el deber legal de protección”, agregó Gaete. Por lo tanto, no puede dar declaraciones sobre la práctica millonaria realizada en 2016, como tampoco emitió algún comentario sobre las y/o los involucrados ni de los resultados de la investigación. Pero sí hizo énfasis en cuestionar al periodo anterior a 2018, refiriéndose a la administración de Marcelo Tokman, la cual sería responsable de las malas prácticas.
