Una angustiante situación vive la familia del joven B. S., adolescente de 16 años de edad, preso político desde noviembre de 2019, por su supuesta participación en el incendio que afectó la estación del Metro Pedreros en la Región Metropolitana. Esto en el marco de las movilizaciones nacionales iniciadas el 18 de octubre pasado.

En la actualidad, la fiscalía está pidiendo 10 años de cárcel para el menor de edad, pese a que solo maneja como evidencia en su contra, la presunta “similitud” entre algunas de sus prendas de vestir y las de uno de los cientos de manifestantes grabados por cámaras de seguridad el 18 de octubre en Macul, en cercanías del estadio Monumental.

De hecho, una de éstas pruebas sería una camiseta blanca del equipo Colo-Colo. Contra el adolescente se querelló la empresa Metro y el Ministerio del Interior.

Iniciado el estallido social en Santiago, luego de las protestas de los y las estudiantes secundarias contra el alza en el pasaje del Metro, se desarrollaron distintas manifestaciones simultáneas en gran parte de la capital incluyendo Macul. A eso de las 22:00 horas, centenares de manifestantes atacaron la estación Pedreros, resultando quemada casi en su totalidad.

El pasado 17 de diciembre tuvo lugar la primera audiencia de formalización en contra de B., de entonces 16 años de edad. Ésta se desarrolló en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago y en ella se le imputaron los cargos de incendio y destrozos en la vía pública.

La familia del menor explica que está desesperada y denuncia desproporcionalidad en el caso. Por una parte, con la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la intachable conducta de B. y por otra, con las penas que Fiscalía está solicitando, considerando lo escueto de las pruebas y de la vinculación con un hecho que no involucró a una o dos personas, si no que a cientos de manifestantes, afirmaron.

Las supuestas “pruebas” que maneja el Ministerio Publico contra el adolescente.

Por medio de imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la estación siniestrada, la Fiscalía Oriente terminó vinculando a B. S. con el incendio. Relacionando prendas de ropa del menor de edad, con las vestimentas de uno de los manifestantes que aparecen atacando la estación Pedreros. Además de ello, el fiscal Omar Mérida, a cargo de la investigación, presentó como prueba una supuesta conversación vía WhatsApp del adolescente, la que según el persecutor lo relacionarían con el hecho, pero de las que no se conocen mayores detalles.

El 7 de noviembre de 2019, B. fue detenido a las afueras de su liceo por personal de la PDI, en la Florida. Desde aquel entonces, el adolescente ha estado encarcelado durante siete meses en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado del Sename, en San Joaquín. Seis días después de la detención del menor, la Brigada de Investigaciones Policiales Especializadas (BIPE) apresó también Daniel Morales, tío del adolescente, a quien también se le vinculó con dicho incendio y contra quien el Ministerio Publico está pidiendo 20 años de cárcel.

Su familia y abogado enfatizan en que al momento de allanar el hogar de B., la PDI no encontró combustible, ni acelerante de ningún tipo o alguna prueba que asegurara contundentemente la participación del menor de edad en el incendio de la estación Pedreros en Macul, el 18 de octubre de 2019.

Rodrigo Román, abogado del adolescente enfatizó en que “no existe ninguna prueba científica, material o testimonial capaz de fundar la pretensión de condena del Ministerio Publico y del gobierno central como querellante. En lo único que se sustenta la acusación es en especulación pura y dura, llevada adelante por el Ministerio Publico, a través de un fiscal (Omar Mérida) que tiene escuela en este tipo de maniobras”.

De hecho, el fiscal Omar Mérida ha estado implicado antes en la investigación de supuestos delitos terroristas, por ejemplo en la Araucanía. En 2012 emprendió una investigación por la supuesta conexión que existiría entre los bombazos reportados en Santiago, con los suscitados en la región de la Araucanía. Aquella vez afirmó que esto se debería a una relación entre activistas mapuche y anarquistas.

El 16 de mayo de 2013 mandó a allanar un hogar de estudiantes mapuche de Padre Las Casas, por la supuesta participación de uno de ellos en la quema de maquinaria en el puente Cautín. Al otro día tenía a un formalizado y como prueba utilizó declaraciones de supuestos testigos que decían haber visto ingresar a los involucrados en el hecho, al hogar estudiantil.

Con respecto a la investigación que lleva en la actualidad el fiscal Omar Mérida en contra del menor, su defensor aclaró que “aquí hay una mala escuela. Un grupo de fiscales altamente cuestionados, han participado en muchos del juicios en el Wallmapu, se han desempeñado en el campo de la persecución penal, bajo la política del todo vale” indicó Román.

El drama familiar de un preso político

En la actualidad, hay más de dos mil presos y presas políticas en Chile, luego de las movilizaciones sociales de carácter nacional, vividas desde octubre de 2019 hasta la llegada de la pandemia a Chile, a principios de marzo. Pese a que la gran mayoría de éstas personas no cuenta con antecedentes penales previos, han sido encarceladas bajo excesivas prisiones preventivas, que producto de la contingencia sanitaria se ha extendido por meses, fuera del plazo real de la investigación.

A B. lo apresaron en noviembre de 2019 y lo dejaron en el Sename bajo custodia durante 3 meses de investigación, pese a que no cuenta con antecedentes penales previos, por ende, no configuraría un peligro para el desarrollo de la investigación. Hoy lleva casi ocho meses encarcelado y no puede ver a su familia desde marzo. Pese a que aún no es declarado culpable, ya ha cumplido casi medio año en prisión preventiva y el Ministerio Público pide 10 años de presidio.

Sus audiencias de preparación de juicio se han ido dilatando en el tiempo, situación que sumada el estrés del encierro, han sumido al estudiante en cuadros de ansiedad y depresión.

Con respecto a las extensas prisiones preventivas impuestas por el Ministerio Publico, tras el estallido social de octubre de 2019, el defensor expresó que “todas estas prisiones se fundaron en razones políticas, mas no en razones jurídicas o jurisdiccionales. Lo que ocurrió es que los tribunales de justicia, nuevamente apartándose del mandato constitucional de actuar con objetividad, lo que hicieron fue ponerse a la cola del poder político, de los poderosos y legitimaron estas prisiones políticas sobre la base de falso argumento jurídico”.

Hay que destacar que luego de casi 8 meses preso, recién el 7 de julio próximo se concretaría la audiencia de preparación del juicio de B. Su madre, Pilar Morales, insistió en la inocencia de su hijo y expresó que, “pasar por esta situación, por decirlo menos, es una muerte en vida. Solo dos llamadas a la semana. Estoy devastada, no hay palabras para expresar el dolor que una tiene. Esto ha sido una tortura para él y para su familia”.

Agregó que “él ha estado dos veces en nuestra casa, ambas en mayo, porque le han dado el cambio de medida cautelar. Entra, está una semana en nuestra casa y lo vuelven a meter, porque el fiscal apela nuevamente. Esto es una tortura. Ellos tienen 5 días para apelar y el fiscal Omar Mérida siempre lo hacía. Ahora hay que esperar la fecha de la audiencia de preparación (7 de julio) y después de eso el juicio que sería en 45 días más”.

En este sentido, el abogado Rodrigo Román expresó que “hemos intentado obtener su libertad en varias ocasiones, la que ha sido negada tanto por el Tribunal de Garantía como por la Corte de Apelaciones, corte que por lo demás ha cumplido un rol criminalizador en el último periodo, porque los presos de la revuelta se encuentran recluidos por razones políticas”.

Agregó que “el tribunal ha sido un depositario o buzón de recepción de la persecución penal del Ministerio Publico. La verdad es que ni el Tribunal de Garantía, ni el tribunal de alzada han escuchado los argumentos de la defensa que dice relación con la debilidad de la imputación. Solo hay especulación del Ministerio Publico”.

Desde la familia reclaman por justicia y hacen hincapié en que su hijo, “no quemó el metro como quieren mostrarlo. Esto es para dar el ejemplo a las personas que se quieren manifestar. Mi hijo nunca tomó fuego y fue a incendiar. Al mismo tiempo que detuvieron a B. nos estaban allanando la casa y no encontraron nada. Somos una familia normal que no tiene nada que esconder, aquí dieron vuelta todo pero no encontraron nada más que unas zapatillas”.

Juan Carlos Salazar, padre del menor fustigó que “él nunca ha tenido problemas con la justicia, es un cabro de 16 años que venía saliendo del liceo cuando lo tomaron. Cuando lo detuvieron yo lo llame y escuché como lo que le decían los policías de investigaciones: confiesa weon, hostigándolo. Mi hijo es inocente de lo que se le acusa. En el video se ve a muchas personas que salen a rostro descubierto, que se sacaban selfies, entonces ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo es posible que a una sola persona se le esté achacando todo esto y sobre todo a un menor de edad?”.

Hay que comentar que al momento del traslado de B. hasta el cuartel de la PDI en San Joaquín, ya habían medios de comunicación en dicho edificio – como por ejemplo Canal13- asegurándole a la ciudadanía que ya se había encontrado al responsable del incendio en la estación Pedreros, lo que generó un juicio público y mediático contra el adolescente sin siquiera haber sido condenado.

Sobre esta situación, el padre del adolescente comentó  “cuando llegamos, un funcionario de la PDI nos dijo que teníamos que esperar un poco porque adentro estaba lleno con los medios de comunicación, nos dijeron que fuéramos a servirnos algo y después de dos o tres horas pudimos ver a nuestro hijo. En el mismo momento estaban todos los medios de prensa cubriendo la detención de B. y dándolo a todo Chile”.

Con respecto al actuar irresponsable de medios de comunicación agregó que “ellos distorsionan, dan a conocer lo que ellos quieren informar. No muestran la otra parte. Nunca se han acercado, esta es la primera entrevista”.

En materia de defensa penal, el abogado Rodrigo Román detalló que de cara a la audiencia de preparación del próximo 7 de julio, se preparan “con pruebas propias, científicas con peritos de confianza nuestra, vamos a demostrar que aquí, sobre la base de estas especulaciones, es imposible que no solo B., si no que cualquier persona pueda ser condenado en Chile, si es que tenemos un Estado democrático de derecho. Lo contrario supone la existencia de un Estado policial.”

Fuente: Resumen

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