De ese porcentaje, el 56% derechamente no pudo acceder a métodos anticonceptivos. El estudio alerta también sobre los problemas para acceder a tratamientos y exámenes de VIH, del Papanicolau, entre otros. “Es urgente crear mecanismos para darle tranquilidad y seguridad a la población de no contagiarse y asegurar la atención en salud sexual y reproductiva que no signifique que la persona deba acudir a una atención médica presencial. Por eso, se hace necesario implementar telemedicina en recintos públicos, atención domiciliaria o el envío de exámenes para que la gente pueda acceder a estos servicios sin temor al contagio”, sostuvo Anita Peña, directora ejecutiva de la Corporación Miles.
El primero monitoreo sobre acceso a la Salud Sexual y Reproductiva en tiempos de pandemia, realizado en abril de este año, visibilizó un escenario preocupante: 4 de cada 10 personas tuvieron alguna dificultad para acceder a servicios de salud sexual y reproductivo, de acuerdo al diagnóstico realizado por Corporación Miles.
Frente a ese escenario, la ONG realizó un segundo monitoreo en plena cuarentena total. Y los resultados siguen siendo alarmantes: El 45% de las encuestadas presentó dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Es decir, una de cada dos personas tuvo problemas. Asimismo, un 74% tuvo problemas para acceder a métodos anticonceptivos, ya sea por falta de stock, aumento de precio o el servicio de salud no estaba entregando el medicamento. De ese porcentaje, el 56% no pudo acceder a métodos anticonceptivos.
Este porcentaje se encuentra muy por encima de lo anticipado por distintos organismos internacionales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una disminución de un 10% en los servicios de salud sexual y salud reproductiva a causa del COVID-19 ocasionaría millones de embarazos no deseados y abortos inseguros a nivel mundial.
Desde Corporación Miles aseguraron que “en Chile estamos sobre el 40%, lo que es gravísimo, porque puede implicar miles de embarazos no deseados, abortos inseguros y muertes maternas. Esto ocurriría porque no se está entregando el servicio, por falta de stock de anticonceptivos y condones. O bien, porque los profesionales de la salud carecen de los elementos de protección esenciales para ofrecer el servicio de forma segura”.
La Segunda Encuesta de Acceso a Salud Sexual y Reproductiva, reveló que un 70,8% de quienes consumen métodos anticonceptivos, como píldoras, inyecciones y/o preservativos, percibió un aumento en sus los precios. Un 34%, de hecho, estima que el alza de precio es de hasta un 20% más.
Además, el estudio también evidenció la preocupación de la población a contagiarse. Muchos de los encuestados prefirió no acceder a salud sexual y reproductiva para evitar el contacto social que significa asistir a un recinto hospitalario. Esto se ve reflejado en las razones que dieron para no haber accedido, en algunos casos, al examen de VIH o del Papanicolau.
En Chile, esta problemática se ha visto reflejada en la diversas causas judiciales que se han visto obligados a promover los pacientes de VIH en contra del Minsal, a quienes se les deberían entregar terapias por lo menos por tres meses según la ONU, algo que en nuestro país rara vez ocurre.
“Es urgente crear mecanismos para darle tranquilidad y seguridad a la población de no contagiarse y asegurar la atención en salud sexual y reproductiva que no signifique que la persona deba acudir a una atención médica presencial. Por eso, se hace necesario implementar telemedicina en recintos públicos, atención domiciliaria o el envío de exámenes para que la gente pueda acceder a estos servicios sin temor al contagio”, sostiene Anita Peña, directora ejecutiva de la Corporación Miles.
En tanto, desde esta agrupación han hecho un llamado a las personas que se han visto afectadas para que acercarse a sus dependencias en busca de una solución ante su carencia de acceso. “Hemos acompañado varios recursos de protección presentados por personas naturales, a través de Amicus Curiae, para conseguir que accedan a prestaciones que hoy no están siendo garantizadas por el Estado”, explicó Javiera Canales, coordinadora legal de Corporación.
Asimismo, emplazaron a las autoridades para que garanticen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia. “Es deber de los órganos del Estado fiscalizar el alza de anticonceptivos, la falta de stock y de acceso a prestaciones médicas en salud sexual y reproductiva, porque esto implica una vulneración a los derechos fundamentales de las personas, consagrados en la constitución chilena, como es el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica”, concluyó la abogada.
Fuente: El Desconcierto
