Gran preocupación han manifestado las familias de Mauricio Gómez y Diego Espinoza, presos políticos recluidos en Santiago 1 desde el 26 de noviembre de 2019, tras el estallido social. Fiscalía estaría pidiendo 10 años de cárcel para ambos, de infringir la ley de armas, supuestamente por portar un elemento incendiario. Hasta el momento, el organismo persecutor no tendría más pruebas que los relatos de los funcionarios de la PDI que los detuvieron en cercanías de la Plaza de la Dignidad.
El proceso judicial en su contra comenzaría a mediados de junio y sus redes de apoyo denuncian que el gobierno estaría buscando amedrentar a la ciudadanía y desmovilizarla mediante estas extensas prisiones preventivas y condenas políticas. Ambos llevan seis meses en prisión preventiva y desde mediados de marzo que no pueden ver a sus familiares, debido a las medidas sanitarias adoptadas por el penal.
Mauricio (21) y Diego (30) son dos jóvenes estudiantes compañeros de la carrera de Ecoturismo. Ambos fueron apresados e investigados por participar de manifestaciones sociales, pese a que estas configuran un derecho constitucionalmente resguardado. Para Fiscalía en cambio constituyen un peligro para la sociedad y los tiene hoy recluidos bajo paupérrimas condiciones de vida. Ninguno cuenta con antecedentes previos.
Con respecto a esta situación, la familia de Mauricio comentó que, «ellos no son un peligro para la sociedad, porque luchan por la preservación de la vida natural y social, por una vida digna para ellos, sus familias, su gente y su clase. Ambos participaban en colectivos de defensa de la naturaleza, son personas sensibles y que les apasiona lo que hacen. De hecho, a Diego los profesores le mandaban las guías con la mama y así pudo terminar sus estudios adentro de la cárcel, a mi hermano solo le resta un semestre».
Cabe destacar que el proceso judicial de estos estudiantes, ha tenido a lo menos tres aplazamientos. En primera instancia, Fiscalía ordenó 45 días de investigación en su contra «Pero hubo incumplimientos en los plazos de investigación de la Fiscalía y no se reunían más pruebas en su contra. De hecho, las pruebas que maneja hoy Fiscalía son las mismas que tenía en enero y aun así le han extendido la investigación, fustigaron desde las redes de apoyo de Diego Espinoza».
Además las familias de los presos políticos de Santiago 1, denunciaron que, «infringiendo absolutamente las sugerencias internacionales de distanciamiento -para no provocar hacinamiento en las cárceles- cambiaron a todos los presos que quedaban en el módulo 14 al 12, donde hay doscientas personas. Están con personas presas por delitos como homicidio, ex funcionarios de las FF.AA., ex pacos, ex milicos, etc. Este es un módulo de protección, por el riesgo que correría el resto de la cárcel».
Las protestas al interior de dicho penal en marzo pasado, que derivaron en un intento de motín, fueron generadas por las paupérrimas medidas sanitarias de Santiago 1. Sin artículos de aseo y con una pésima nutrición, las personas ahí recluidas han tenido que hacerle frente a la pandemia de COVID-19.
Familiares de presos relatan que «Como es una cárcel concesionada no nos permiten llevarles comida, solo cosas como mate, milo, galletas, suflés. O sea aparte de ignorar el distanciamiento social para evitar el contagio, hay una pésima alimentación, lo que juega en contra en un contexto de crisis sanitaria».
Como herramienta de visibilización del caso, las familias de Mauricio y Diego realizaron un video denunciando las irregularidades en su proceso investigativo y exigiendo que por la contingencia sanitaria, cambien su medida cautelar. Expresan que la larga prisión preventiva de sus familiares presos, es una herramienta de amedrentamiento hacia la ciudadanía, buscando evitar así la continuidad del estallido social.
Aseguran que, «lo que está haciendo el gobierno es mostrar medidas ejemplificadoras a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación. Es latente la idea de volver a manifestarse cuando esto pase, porque hay mucho descontento. Ante esta posibilidad, se están resguardando y mostrando que habrá cárcel efectiva para quienes se manifiesten. Ese es nuestro temor. Él no está acusado de dañar a ninguna persona, ni siquiera de lanzar un artefacto incendiario y ya le están pidiendo 10 año de presidio».
Por lo pronto, las familias de estos estudiantes se alistan para la audiencia de preparación del juicio oral de Mauricio y Diego, el que se realizará el 22 de junio próximo. En dicha instancia el Tribunal designará todo el material que irá como prueba para un futuro juicio. El plazo de investigación ya se cerró y desde sus redes de apoyo expresaron que en todo este tiempo, Fiscalía no fue capaz de presentar nuevas pruebas en contra de los dos estudiantes de ecoturismo.
Fuente: Resumen
