Esta decisión la tomaron luego de que la investigación realizada junto a la PDI “descartara la existencia de dicho centro”.

Esta investigación comenzó tras una denuncia realizada hace casi siete meses por un estudiante el que en octubre del año pasado presentó un amparo preventivo acusando, entre otras cosas, que en el lugar se mantenía personas colgadas desde el techo.

Sin embargo ni los jueces ni el persecutor a cargo del caso lograron corroborar esa denuncia: “No se pudo verificar la presencia de ningún detenido, tampoco de ninguna sala que se correspondiese con lo señalado en la referida denuncia. Esto es que fuese utilizada para fines de tortura o que tuviera elementos que pudieran indicar que se utiliza para ese fin. Tampoco se pudo verificar algún residuo de las personas que hayan sido lesionadas o hayan estado al interior”, aseguró el fiscal Omar Mérida a fines de octubre, luego de realizar diligencias en las instalaciones.

En tanto, y por la presentación del amparo preventivo, los jueces del 7° Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia y Darwin Bratti, junto a personal de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrieron a la estación. Sin embargo, y ante lo encontrado en el lugar, la acción fue rechazada.

“Accedimos a cada una de las dependencias del Metro y de la comisaría, revisamos cámaras de seguridad y accesos sin poder verificar la efectividad de la denuncia. No encontramos detenidos ni vestigios de que hayan sido ocupadas las celdas. En virtud de esto no fue posible acoger ningún tipo de amparo”, señaló entonces Bratti.

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago deberá acoger la solicitud de Fiscalía y decretar el término definitivo del procedimiento, o rechazarla.

Fuente: El Mostrador

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