Por Capucha Informativa
La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) no logró sostener las razones invocadas en las cartas de despido de varios trabajadores y por ello, la justicia decidió que la serie de despidos en la entidad, avalados y presidida por la primera dama Cecilia Morel, fueron injustificados y realizados de forma arbitraria. Además, esto sucedió en paralelo a la subida de sueldo de los “apitutados” y de la creación de cargos nuevos. Hasta el momento, esta seguidilla de disputas, han costado 250 millones de pesos a dicha fundación, que es dinero de todos los chilenos.
Prodemu acumula un total de diez resultados adversos, de los cuales siete terminaron en avenamiento y tres en contra. Las indemnizaciones a pagar tienen un valor de 55,7 millones de pesos y otros 200 millones adicionales por finiquitos a causa de las demandas por 19 despidos injustificados, improcedentes y/o discriminatorios, ejecutados desde 2018 a la fecha, durante el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera. A ello se le suma tres casos restantes que tienen audiencia fechadas entre el día de ayer y el miércoles 9 de septiembre. La resolución debe estar antes de que termine el año.
La institución sin fines de lucro, que es una de las siete fundaciones que están a cargo de la primera dama Cecilia Morel, se financia con fondos públicos y actualmente está a cargo de la abogada Paola Diez Berliner, que se desempeña como directora ejecutiva de la entidad.
Según consta en 6 causas tramitadas en el Primer y 7 en el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, ratificadas por cortes superiores, Prodemu no logró acreditar la causal de “necesidades de la empresa”, con la que intentó justificar infructuosamente que “la fundación está en proceso de racionalización o modernización, asociado a un déficit presupuestario por una deuda de arrastre proveniente del anterior gobierno”.
En uno de los últimos juicios pendientes, correspondiente al despido del ex contador nacional de Prodemu, Javier Ponce, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la fundación, y ratificó la sentencia de primera instancia que declaró no acreditado el déficit presupuestario al que hacía referencia el gobierno, según se evidenció en los Estados de Posición Financiera generados por Prodemu.
Asimismo, tampoco se acreditó la reestructuración organizacional como argumento de los despidos, puesto que los puestos liberados fueron ocupados por nuevos vacantes, y otros se encuentran en búsqueda de algún trabajador como constatan las publicaciones de oferta de empleo emitidas.
El personal que obtuvo una subida de sueldo son los siguientes:
- El director de personas, Cristian Canales, desde $2.700.000 hasta $3.380.975.
- La directora de comunicaciones, Florencia Cummins, desde $2.700.000 hasta $3.380.975.
- La directora de programas, María Gracia Toro, desde $3.000.000 hasta $3.120.000.
- El director de finanzas, Álvaro Vallejo, desde $3.120.000 hasta $3.380.975.
- El director de tecnología e innovación, Cristian Montero, desde $1.300.000 hasta 3.120.900.
Además de ello, se crearon los siguientes cargos de confianza política:
- Subdirectora de personas, María Cecilia Valdivia (ingreso mensual de $2.392.692).
- Subdirectora comunicaciones, Paola Zalaquett ($1.851.679).
- Subdirectora de programas, María José Madariaga (cuyo ingreso inicial era de $1.800.000 y subió a $3.120.900).
- Subdirector de administración y finanzas, Jorge González ($2.392.000).
Como se aprecia, son sueldos millonarios que están muy por encima de lo que obtiene un trabajador “sin pituto” en el país. Además expresa la desigualdad profunda que impera y que el gobierno avala con este proceder, donde la primera dama, llamada a poner sensibilidad y cordura en el trato hacia las personas, hace vista gorda con su forma de operar o con gestos de desprecio hacia los reclamos de la ciudadanía para lograr un trato más digno, igualitario y de pleno respeto a los derechos laborales.
A raíz de esta polémica la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Fundación Prodemu, a través de la presidenta Oriana Rengifo, declaró que “sabemos que esta administración ha sido muy errática en todos los sentidos, pero lo que realmente preocupa es la forma en que se gasta el presupuesto. Se desvincula trabajadores técnicos y expertos en temáticas de género, para contratar nuevos cargos directivos, como por ejemplo subdirectores en todas las direcciones, cargos de confianza como asesores o contrataciones para cargos técnicos sin título, sin experiencia y sin conocimiento en temáticas de género”. Lo descrito es típico de la estrategia utilizadas en las empresas del estado, “meter gente al medio” para “regalar” más sueldos a los de cargos superiores y “apitutar” a los regalones.
“Antes, participar de un concurso para ingresar a Prodemu requería título profesional afín, 5 años de experiencia en cargos similares y conocimiento de género. Hoy, este requisito es apenas ‘deseable’, lo que está desprofesionalizando el quehacer institucional”, concluyó.
