Por Capucha Informativa
En Chile hay cerca de 3 millones de personas con diversidad funcional -comúnmente conocidas como personas en situación de discapacidad- pero el Estado de Chile todavía no toma medidas para despatologizar la diversidad.
La revuelta social y más tarde la pandemia, han dejado en evidencia la gravísima desigualdad que vive la gran mayoría de la sociedad chilena. En donde las personas diversas funcionales estamos en el último lugar de las políticas públicas.
El 11 de junio de este año Demre de la Universidad de Chile publica los modelos de las pruebas de admisión a la educación superior, en la prueba de Ciencias-Física plantea que las personas con síndrome de down son anormales.
En una residencia de discapacidad del Sename muere un niño de 13 años con coronavirus, sin mayores consecuencias para la institución.
Oscar Walter persona con síndrome de down no es conectado a un ventilador mecánico debido a su condición, finalmente fallece el 26 de mayo con el diagnóstico de neumonía grave por coronavirus.
Protocolo de Residencia Sanitaria del Ministerio de salud señala que no son admitidas personas con “dependencia funcional motora y cognitiva”, ¿adónde va entonces una persona con dependencia contagiada de coronavirus si no puede hacer cuarentena en su hogar?
Información de las autoridades de regiones sobre la actualización de la situación del covid-19 no cuenta, en su mayoría, con intérprete de lengua de señas, con lo que se deja sin acceso a personas sordas.
El Estado de Chile está incumpliendo todo lo que ratificó el 2008 ante la ONU en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sernameg discrimina a mujeres sordas en la atención de ayuda por violencias de género al no dar un canal de denuncia accesible.
Para quienes buscan mantener mantener el actual modelo neoliberal, las personas con diversidad funcional estamos en una situación de abandono permanente y luego la clase política se llena la boca con la idea de inclusión y solidaridad del show de la Teletón.
Este gobierno no garantiza el acceso a la salud, sino a la muerte de la población vulnerada en sus derechos.
Fotografía: S.V
