Durante la dictadura cívico-militar, el sistema sanitario no se salvó de las reformas neoliberales que estremecieron nuestro país, sentándose las bases que consagraron la salud como un negocio. Por una parte generó lucrativos mercados privados en torno al servicio de prestaciones y financiamiento. Por otro, desplegó un sistema de atención de calidad para los ricos y un servicio miserable para los pobres.
Para esto, las reformas neoliberales posteriores al golpe de estado se desplegaron en dos direcciones claras. En primer lugar, fomentar la participación privada a través de subvenciones y municipalizar los servicios de atención primaria para desmantelar al Estado como prestador de servicios. En segundo lugar, la erradicación de un sistema de salud universal que consagraría el acceso universal a la salud para reemplazarlo con un modelo basado en cotizaciones individuales de los trabajadores, lo que resultó ser sumamente segregador.
Las principales reformas neoliberales en dictadura
Las principales reformas implementadas durante la dictadura militar que sirvieron como base de la creación del sistema actual:
1. Se disuelve el sistema nacional de salud (SNS): el SNS constaba de una planificación centralizada a cargo del estado y un financiamiento solidario (basado en aportes tripartitos: de los empleadores, el fisco y los trabajadores). Para reemplazar el SNS se construyeron los servicios nacionales de salud –que contaron con 27 sedes regionales- y se delegó la atención primaria a las municipalidades.
2. Se conforma FONASA (Fondo nacional de salud) y las ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional) como sistema de seguros de salud.
3. Se aumentan las cotizaciones de salud de los trabajadores y se reduce el cargo del fisco. En 1974, las cotizaciones eran del 4% y la participación del fisco en salud era del 68%. Para 1989, las cotizaciones alcanzaron el 7%, porcentaje que se mantiene en la actualidad, y la participación del fisco se redujo a un 35%.
Los costos para la clase trabajadora
Con la disolución del SNS se concreta el desmantelamiento del Estado como agente clave en la salud. Este desmantelamiento, en conjunto con la creación de las ISAPRE, cuyo objetivo era la creación de una red de prestadores privados, permitirá la consolidación de empresas privadas en el ahora mercado de la salud. Irónicamente, estos agentes privados serán, en parte importante, financiados con fondos públicos, por medio de subvenciones estatales.
La conformación de dos mecanismos de seguridad sanitaria, uno público (FONASA) y otro privado (ISAPRE), consagra un sistema de salud por castas: los trabajadores de menores recursos deben adscribirse a FONASA para poder acceder principalmente a la red de salud pública, altamente precarizada debido a un fuerte desfinanciamiento. Por el contrario, los trabajadores de mayores ingresos cotizan en alguna ISAPRE y pueden acceder a una red de prestadores privados de alta calidad. Estas ISAPRE, por medio de diferentes mecanismos de filtración, como la tabla de factores, las preexistencias, la cantidad ilimitada de planes y la baja fiscalización, logra mantener solo a cotizantes ricos y sanos que pagan pero no se enferman frecuentemente o de gravedad, así, las ISAPRE generan fuertes utilidades. En el 2019 alcanzaron los nueve mil millones de pesos.
Finalmente, el incremento de las cotizaciones de los trabajadores y la reducción de la participación del fisco en el financiamiento de salud, termina por erradicar cualquier comprensión de un sistema universal o solidario; el costo de la salud pasa a manos de los trabajadores y el rol del Estado se reduce a un simple ente subsidiario.
Estas medidas impuestas durante la dictadura y protegidas mediante la constitución tenían un objetivo claro: la reducción de la participación estatal y el aumento de la intervención privada en el sistema sanitario. Se eliminó por completo la comprensión de la salud como un derecho social de acceso universal. Actualmente es un bien de consumo, transable en el mercado, con el cual los empresarios privados de siempre pueden lucrar.
No solo la calidad de la atención depende de la capacidad adquisitiva de las personas, sino que incluso el acceso se ve afectado. La salud en Chile se impregnó de la más pura esencia del neoliberalismo impuesto por la derecha chilena durante la dictadura cívico-militar.
