Por Capucha Informativa
Esta es una iniciativa parlamentaria que fue presentada por tres senadores de la derecha: Felipe Kast (Evópoli) y las senadoras Ena Von Baer (UDI) y Marcela Sabat (RN). Esta es una solicitud para poner urgencia al proyecto de ley que busca tipificar como delito la toma de terrenos, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes. Además, permite que la policía uniformada puede desalojar a los ciudadanos sin orden de tribunales.
El proyecto de ley de “Usurpación de terrenos” -a los ojos de quienes presentaron la iniciativa- demuestra la carencia de herramientas legales efectivas para perseguir a quienes ocupan los terrenos. Al ser tomas ilegales son sancionados como faltas, por lo tanto, impide que la fiscalía pueda optar por otras medidas cautelares distintas de la citación. En este sentido, ocurre un vaivén de detenciones, ya que cuando Carabineros busca “sacar” a los ocupantes, estos pueden volver a sus casas.
“El caso que pretende regular la presente iniciativa se enfoca en aquellos grupos organizados que buscan lucrar ilícitamente, usurpando terreno ajeno y estafando a los compradores, quienes por esta transacción no se hacen dueños del predio”, explican en la solicitud apuntando a la recuperación de tierras en la Araucanía. En el mismo enunciado intentan negar que repercutirá en las 81.643 familias que habitan en 969 campamentos por necesidad, una cifra que había “preocupado” al gobierno en el mes de marzo.
Los movimientos sociales y los campamentos de tomas de terrenos sostienen que esta solicitud de ley es parte del perfil del gobierno: detener las protestas y las exigencias de la ciudadanía a través de la represión que va más allá de lo reconocido como legal. Argumentan que potenciarán a Carabineros y fiscalías en cuanto a sus herramientas persecutorias y orientarán ese proyecto, como se explicó aquí, en contra de la recuperación de tierras de la Araucanía. Incluso, pueden ser aplicadas en las tomas de liceos, universidades y en otros establecimientos privados.
A través de un comunicado, la articulación de tomas y campamentos de alto Hospicio, Calama, Valparaíso, San Antonio y la Florida, denunciaron que el proyecto de ley 14.015-25 criminaliza las tomas de terrenos.
“Quieren imponer pena de cárcel y penas de trabajo forzoso no remunerado en ‘beneficio de la comunidad’ para quienes ocupan una casa o se toman un terreno”, explicaron. Además, “esto nos entregaría sin defensa en manos de carabineros que han desatado una violencia criminal y desmedida contra el pueblo en las protestas y movilizaciones sociales”, expresaron.