La pasividad de Carabineros ante las agresiones a personas mapuche por parte de civiles en la noche del pasado 3 de agosto, así como el hecho de que todos los detenidos tras la jornada son de origen mapuche, es reflejo de una situación ya existente en el país. Desde el retorno de la democracia en Chile, las comunidades han sufrido por lo menos 60 episodios de violencia por parte de Carabineros, como muestra el mapa de violencia policial del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP). Éstos son sólo algunos de los antecedentes que dan cuenta del racismo institucional normalizado en las policías, el cual se ve respaldado por un sistema judicial discriminatorio. Hoy, en medio de un Estado de Excepción Constitucional, el camino a fortalecer el sistema de inteligencia -a través de la reforma de la ANI- podría acrecentar este comportamiento y sus consecuencias.
José Ancalao ha sido detenido 13 veces, denunciando torturas en tres ocasiones. Una de ellas fue en 2008, cuando era dirigente secundario en Temuco. Fue golpeado brutalmente en un bus de Carabineros, lo desnudaron en la comisaría y lo aislaron en un calabozo.
Ancalao no ha sido el único mapuche que ha sufrido un trato como ese. Su caso es parte de los más de 60 que recopila el Mapa de Violencia Policial (MPV) del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP), que incluye homicidios, montajes policiales, hostigamientos, agresiones, allanamientos y desalojos, operativos desproporcionados y detenciones ilegales hacia el pueblo Mapuche.
“En Chile hay una especie de acuerdo institucional para avalar los montajes y alinear las versiones entre los altos mandos, mandos medios y efectivos policiales. Las policías tienen un actuar racista y clasista que se ha mantenido en todos los gobiernos”, advierte Emilia Nuyado, diputada mapuche-huilliche por el Distrito 25 de la Región de Los Lagos.
El reciente desalojo de las municipalidades tomadas por comuneros en Victoria, Traiguén, Ercilla y Curacautín; junto al asesinato al Werkén, Alejandro Treuquil, y su denuncia de hostigamiento por parte de Carabineros días antes de su muerte, volvió a poner en debate el racismo institucional por parte de las policías. Sumado a la situación actual de los 27 presos políticos mapuche en huelga de hambre en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, junto a la militarización de la región de La Araucanía, se configura un escenario crítico en la denominada “zona de conflicto”. Esto último se ve agudizado por el proyecto de ley que reforma el sistema de inteligencia, el cual está siendo discutido en medio de una pandemia mundial y en un Estado de Excepción Constitucional que restringe la posibilidad de manifestarse a las comunidades.
Hostigamiento y violencia policial permanente al pueblo Mapuche
“Todos los días nuestras comunidades son violentadas. Es casi pan de cada día, sobre todo en las que son autónomas y las que están en vías de serlo”, comenta Magdalena Chicagual, de la organización de Mujeres Mapuche Autoconvocadas. En su análisis, este conflicto histórico con las policías data desde que el Estado chileno comienza a ocupar las tierras del Wallmapu.
El Mapa de Violencia Policial (MPV) y la Investigación sobre Montajes Policiales, realizadas por OPIP, recopilan distintos casos de violencia ejecutados por efectivos policiales. 66 de ellos son contra personas o comunidades mapuche. Las regiones más afectadas son La Araucanía y Biobío, con 50 y 10 casos respectivamente. Ercilla y Collipulli son las comunas con mayor cantidad de casos del país. (Ver gráficas)
“Tres veces he sido brutalmente golpeado. Me quebraron la nariz y me dislocaron la mandíbula en 2012 cuando caí detenido en una marcha, en el contexto del aniversario del asesinato de Matías Catrileo. Después de eso me estuvieron persiguiendo cuatro o cinco meses, cuando fui Vocero nacional de la Confech”, relata José Ancalao sobre las situaciones de violencia que ha vivido con Carabineros.
En 2017 fue su última detención, en la que carabineros lo trasladaron a un campo y lo agredieron, además de dejarlo incomunicado por tres horas. “Estuve seis meses sin tacto en las manos porque me tiraron de espalda al suelo y se me enterraron las esposas en las manos, y ahí me golpearon. Me dijeron que me iban a matar, que era un indio de mierda y un montón de cosas más”, describe.
El caso de José tampoco es un hecho aislado. “Agresiones” es la categoría con mayores casos registrados en las investigaciones citadas anteriormente, seguida por montajes, allanamientos y desalojos. Según estos datos, el pueblo Mapuche es la principal víctima de montajes policiales, seguido de organizaciones sociales y activistas sindicales. Cabe destacar que los montajes policiales no cuentan con una tipificación como delito en el ordenamiento jurídico del país.
Algunos casos encarnan las consecuencias más dolorosas de esta violencia. Desde el retorno a la democracia existen cinco casos de homicidio a comuneros mapuche que vinculan directamente a Carabineros, además de un detenido desaparecido y otros tres casos de muerte con participación no clara de esta misma institución.
Otra situación que ejemplifica la recurrente violencia policial contra este pueblo, es el caso de las hortaliceras mapuche de Temuco, quienes presentaron recientemente una querella por torturas y violencia sexual por parte de Carabineros en el contexto de una detención en mayo de este año. Javiera Baeza, asesora de las hortaliceras, comenta que “ha sido súper duro, un hostigamiento que lleva casi diez años”, y agrega que los insultos racistas son algo común en las detenciones.
Karina Riquelme, abogada y defensora de DD.HH., es querellante en este caso y afirma que para las víctimas mapuche de violencia policial es muy difícil obtener reparación. “Llevo 10 años litigando y solo un par de veces me he sentado a las formalizaciones”, dice Riquelme.
El caso de las hortaliceras se encuentra actualmente en etapa de investigación en la justicia.
Javiera Baeza señala ciertas irregularidades entre los antecedentes de este caso. Luis Reinaldo Gacitúa Toloza es un ex carabinero dado de baja y sentenciado en 2016 por apremios ilegítimos. Hoy es Inspector Municipal en Temuco y sus labores se vinculan a la fiscalización del comercio en las calles, justamente en el lugar donde ellas venden sus productos. “Te habla de que para el alcalde de esta ciudad los Derechos Humanos no tienen ningún valor”, dice la asesora de las hortaliceras.
La sentencia condenatoria del caso de Gacitúa y los datos de transparencia activa de la Municipalidad de Temuco permiten corroborar esta acusación.
(Mapas elaborados por el geógrafo Diego Peñaloza Guzmán, con los datos del Mapa de Violencia Policial y la Investigación de Montajes Policiales del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales)
Racismo Judicial
Entre 2001 y 2016 más de 100 personas fueron imputadas por delitos de terrorismo, según cifras del Ministerio Público. Pero sólo nueve resultaron condenadas. Todas eran de origen mapuche. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuló siete de esas sentencias, argumentando que éstas se basaron en argumentos discriminatorios, “sin efectuar distinciones entre el contexto más general de reivindicaciones legítimas del pueblo indígena”.
Para Manuela Royo, abogada de Modatima e integrante de la Alianza Territorial Mapuche, esta es la constatación de una situación que ya ocurre hace varios años. “El poder judicial ha sido históricamente un reproductor de este tipo de dispositivos de poder jurídico mediante la condena de ciertas personas en base a prejuicios”, señala.
El estudio “Discriminación e impacto negativo de la prisión preventiva en la vida de las personas” determinó que las personas mapuche tienen una mayor probabilidad -entre 3,3% y 25%- de quedar en prisión preventiva en procesos judiciales, frente a las no mapuche. Para determinar lo anterior se utilizaron los datos censales de todas las causas, entre 2008 y 2017, proporcionadas por la Defensoría Penal Pública.
Las causas de la discriminación señalada también son ahondadas en la investigación, la cual concluye que “dos tercios de ellas ocurre debido a que, en promedio, los jueces son racistas y son discriminadores hacia los mapuche, y el otro tercio porque los jueces más duros están ubicados en las zonas de conflicto”, señala en el texto Nicolás Grau, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión social (COES) y co-autor del estudio.
El último punto da cuenta de la contradicción entre la dinámica presente en el sistema judicial y el artículo 3 del Convenio 169 de la OIT, el cual señala que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de derechos humanos y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.
Modernización al sistema de inteligencia
El proyecto de ley que “Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado” ha sido ampliamente criticado por expertos/as y parlamentarios/as por incorporar, entre otras medidas, el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público. La iniciativa también es mirada con desconfianza en el mundo mapuche.
La diputada Nuyado comenta que “la Ley de Inteligencia busca perseguir a referentes o líderes y pretende que no se pueda salir a ejercer la protesta social”. Entre noviembre de 2019 y marzo de este año, en pleno estallido social, el proyecto de ley estuvo en discusión inmediata en la Cámara de Diputados y Diputadas. Actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional y permanece en suma urgencia.
Las críticas también apuntan a que incorpora el uso de agentes encubiertos y le da injerencia directa al Poder Ejecutivo en los asuntos de inteligencia, lo que vendría a legalizar una práctica ya utilizada en comunidades mapuche, según denuncia la abogada Karina Riquelme. “Lo que pretende es legalizar opciones que ya se hacen, porque existen agentes encubiertos hoy día en la policía y se utiliza hace muchos años aunque no esté regulado legalmente”, advierte.
La defensora de DD.HH. también manifiesta que el sistema policial y judicial no está preparado para este proyecto, como ejemplifica el caso del ex-director de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu, acusado de asociación ilícita, falsificación de instrumento público reiterado y obstrucción a la investigación en el Caso Huracán. La abogada, quien fue intervenida telefónicamente mientras trabajaba como defensa en este caso, asegura que “ese es un ejemplo de lo mal que funciona la inteligencia y no tiene ningún tipo de control”.
Las fuentes coinciden en que las estrategias y leyes de los distintos gobiernos se han enfocado en militarizar y criminalizar las zonas mapuche, más que en otras soluciones. La diputada Nuyado explica que “hay un racismo absoluto y la intención de acallar las voces y exterminar al pueblo mapuche. Al establecer las condenas siempre se dan las más bajas a carabineros, pero cuando se trata de líderes mapuche se aplica Ley Antiterrorista”.
En la actualidad, de los cinco casos de homicidio hacia personas mapuche, con participación directa de la policía, no hay ningún funcionario de la institución cumpliendo una condena en una cárcel.
Los datos proporcionados por el Mapa de Violencia Policial de OPIP en la Araucanía coinciden con la expansión de la industria forestal en la zona, expuesta en un mapa realizado por el medio Interferencia. Es posible observar que los distintos casos de violencia policial se concentran en los límites entre los terrenos de plantaciones forestales y los de propiedad mapuche.
Nicolás Grau plantea que esta problemática se ha abordado desde una perspectiva económica reducida, centrándose en la pobreza. “Esto desconoce que es un conflicto político asociado igualmente al control de la tierra y a la autonomía que tiene larga data”, concluye Grau.
*Para este reportaje se contactó al Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros para obtener su versión, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Fuente: El Desconcierto
