Pese a que Carabineros tardó doce horas en informar a la Fiscalía sobre la explosión de una antena de telecomunicaciones en la Provincia de Arauco, el gobierno no tardó en reaccionar anunciando el envío de Fuerzas Armadas para “resguardar las rutas”. En la misma semana, la Comisión de Seguridad Pública del Senado le dio el carácter de suma urgencia al Proyecto de ley para proteger a empresas forestales.
Doce horas. Ese fue el tiempo que Carabineros de Chile tardó en informar al fiscal Juan Yáñez sobre la explosión de una antena de telecomunicaciones en el sector de Quidico, en la Provincia de Arauco, durante la madrugada del martes 23 de junio en un sector rural de la comuna de Tirúa.
“Al fiscal Juan Yáñez, quien tiene dedicación exclusiva para investigar los casos de violencia rural en la Región del Bío Bío, Carabineros le dio cuenta de lo sucedido aproximadamente a las 12:00 horas [mediodía] de ayer, es decir, casi 12 horas después de ocurrido el hecho”, señala parte del comunicado de la Fiscalía Regional del Bío Bío emitido el miércoles 24 de junio.
Según Radio Biobío, cuando el personal de Carabineros concurrió al lugar de los hechos realizó una serie de pericias sin autorización del fiscal exclusivo, lo que habría causado molestia en Yáñez. El mismo medio de comunicación indica que hay un “silencio total” en la Octava Zona de Carabineros Bío Bío respecto a un eventual sumario para determinar la demora de 12 horas entre el hecho y la comunicación a la Fiscalía, se señaló que “no habría pronunciamiento” .
Fiscalía confirmó la irregularidad de Carabineros tras el ataque en Arauco, y además informó que por instrucción del fiscal Juan Yáñez, la evidencia obtenida fue remitida a la Policía de Investigaciones para su análisis. A la vez, se indaga “una posible vinculación entre el atentado a la referida antena de telefonía y la sustracción de explosivos ocurrida en los primeros días de octubre del año pasado en Tirúa”.
Para el ex fiscal Andrés Cruz y académico de la Universidad de Concepción, el actuar de Carabineros le genera “mucha extrañeza y preocupación”. “Me parece una situación compleja, debido que a quien le corresponde dirigir la investigación en materia legal es al Ministerio Público”.
“Pueden haber dos factores, que la policía no haya hecho nada, lo que es grave, o eventualmente comenzó a realizar diligencias investigativas sin el sustrato de las instrucciones que pudo haber dado el ministerio. Me preocupa que al día de mañana se podrá alegar un vicio, porque no me cabe la menor duda que los funcionarios de carabineros saben que hay un fiscal con dedicación preferente a estas investigaciones, que es conocido dentro de la zona. Esto no es un hecho aislado, entonces no se comprende que hayan actuado de esa manera. La policía uniformada tiene que aceptar que están al alero de una autoridad de carácter civil como es el Ministerio Público”, explicó Cruz a Intereferencia.
El mismo día de la explosión de la antena, antes de que Fiscalía emitiera el comunicado en que denuncia la demora de Carabineros, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, y el de Defensa, Alberto Espina, viajaron a las regiones de Biobío y la Araucanía para “coordinar el refuerzo policial en la zona, en el marco del trabajo que se ha venido realizando en la Macro Zona Sur”.
Pese a las 12 horas de retraso de Carabineros y que la Fiscalía aún no se pronunciaba, el Gobierno anunció la llegada de personal de las Fuerzas Armadas para “resguardar las rutas en las regiones del Bío Bío y La Araucanía”. Finalmente, el jueves 25 de mayo, luego de una serie de conversaciones entre el gobierno y el Ejército “se llegó a la conclusión de que serán más de 80 los efectivos militares de la Unidad Fundamental de Orden Público (UFO) los que serán enviados a la macrozona sur”, consignó La Tercera.
La analista Montserrat Nicolás, escribió en su cuenta de Twitter un hilo llamado “crónica de montajes”, en el cual expone una cronología de las dudas que ha despertado este caso. INTERFERENCIA se contactó con esta analista, la cual señaló que “ahora es legal esta militarización bajo este estado de excepción, el tema es ¿por qué? ¿Por qué el Estado gasta esos recursos? Dentro de la ley internacional esto es un intento de genocidio con armas legales”.
Para la analista, el rol de los medios de comunicación ha sido clave. En primer lugar, cataloga como “muy extraño” que la influyente cuenta de Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (Apra) -conocida por oponerse a las comunidades mapuche en conflicto con el Estado chileno-haya tenido la primicia de los hechos ocurridos en Tirúa. Asimismo, considera que la radio Biobío debiese tener “más cuidado” con sus publicaciones.
“Esta es una suerte de operación, de propaganda por parte del gobierno, y de terratenientes y medios que también se prestan para cosas, como la radio Biobío, que debería tener más cuidado-ya que es uno de los medios más confiable según encuestas- porque hacen apología de incidentes que son reales, pero que no son atentados, no son actos terroristas según de la definición de la ONU, incluso la radio publicó sobre una organización sin tener la certeza si existe”.
En wetripantu: Anuncio de envíos de militares y proyecto de ley de protección para forestales
En 1861, el recientemente nombrado Intendente de Arauco, Cornelio Saavedra, propuso un plan de «pacificación». Dicho proyecto consistía en construir una línea de fortificación por el río Malleco cambiando la frontera que tradicionalmente llegaba hasta el Biobío. Esto significó la invasión del ejército en el territorio mapuche, el cual había sido declarado soberano por la Corona Española en el Parlamento y Tratado de Quillín, celebrado el 5 y 6 de enero de 1641.
Posterior a esta acción militar, los indígenas fueron instalados en reducciones, entre colonos europeos y chilenos. Así, de aproximadamente 10 millones de hectáreas, el pueblo mapuche fue reducido a unas 500 mil hectáreas, siendo este el origen de la denominada “deuda histórica”.
Esta semana, mientras comunidades celebraran en sus casas el Wiñol Tripantu o año nuevo mapuche. Otras participaron de caravanas en apoyo a los presos mapuche en huelga de hambre– que hoy cumplen 56 días en la cárcel de Angol- la atención mediática se centró en los anuncios de Gonzalo Blumel, y Alberto Espina para reforzar la seguridad en las regiones del Biobío y La Araucanía.
“Me parece muy delicado, muy grave, ya se ha demostrado que militarizar el territorio es un fracaso, con Fuerzas Especiales, Comando jungla, distintas versiones de esa misma política, si no se aborda la reivindicación territorial, no se soluciona. Lo que está haciendo el gobierno es muy peligroso y sin mucha claridad de protocolo, de uso de la fuerza en un contexto de pandemia, me parece que el Estado de Chile lo que ha hecho sistemáticamente es enviar fuerzas policiales a cuidar fundos y ahora dicen que enviarán a Fuerzas Armadas a cuidar infraestructura crítica, ¿de qué estamos hablando? ¿se entenderá las forestales como infraestructura crítica?”, indica a nuestro medio el senador Juan Ignacio Latorre (RD).
El senador Latorre ofició a los ministros de Defensa e Interior, Alberto Espina y Gonzalo Blumel respectivamente, con el fin de conocer en detalle las labores que deberá realizar el contingente militar y policial, haciendo mención al uso de la fuerza y a estándares de derechos humanos .
En la misma semana, la Comisión de Seguridad Pública del Senado le dio el carácter de suma urgencia al Proyecto de ley que fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza. Se dio inicio al estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional.
«Expusieron sobre el asunto: el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el Jefe de la Unidad de Coordinación Estratégica Sur, Subprefecto de la PDI, Hugo Arriagada; el Presidente de la Corporación Nacional de Madera (CORMA), Juan José Ugarte, y el Presidente de la Asociación de Contratistas Forestales (ACOFARAG), René Muñoz”, señala parte del acta que fue aprobada por los senadores Felipe Kast, Felipe Harboe, José Miguel Insulza y Víctor Pérez Varela.
El proyecto será votado en una próxima sesión, ya que se solicitó que pasara por la comisión de constitución y derechos humanos, pero no hubo acuerdo.
“Si conectamos los temas, la militarización y este proyecto de robo de madera, es parte de una misma estrategia que no es nueva, para reprimir las reivindicaciones del movimiento mapuche, en vez de hacerse cargo de la demanda territorial, algo que no se ha querido abordar nunca, se sigue apostando por la criminalización y represión que yo creo que lo único que generará es escalar el conflicto, esa es mi preocupación”, dice el senador Juan Ignacio Latorre.
La llegada de militares no fue bien recibida por distintos dirigentes del pueblo mapuche. Entre ellos, Aucán Huilcamán del Consejo de Todas las Tierras, quien señaló que “el Gobierno no puede abandonar el diálogo”, afirmando que la pandemia no es motivo para militarizar la zona.
La diputada mapuche huilliche, Emilia Nuyado, rechazó el traslado de militares a la zona de La Araucanía. “La estrategia del gobierno no tiene nada de nuevo. Por el contrario, acentúa las diferencias al enviar soldados. Hasta el día de hoy está comprobado que este sistema ha fracasado y solo ha significado la muerte de nuestros hermanos”.
“A mí me parece que el Ministro del Interior y el gobierno de Piñera quiere construir una guerra para desviar la atención por su mal manejo de la pandemia de coronavirus en Chile. No me parece comprensible que después de las muertes del weichafe Camilo Catrillanca y de casos aún no resueltos, como el asesinato del werken Alejandro Treuquil, hoy se determine enviar militares a la zona de La Araucanía”, sostuvo Nuyado en declaraciones recogidas por El Desconcierto.
Por su parte, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)en conversación con la Radio Universidad de Chile, dijo que “el Gobierno está tratando de apagar el fuego con bencina”. “El Estado no ha tenido la suficiente capacidad política y ha transformado este hecho en uno de tipo policial-militar, sin buscar una solución en el orden político o de justicia para el pueblo-nación mapuche».
Fuente: Interferencia
