Por Capucha Informativa
A un mes de que se cumpla un año del “despertar” de Chile, la policía uniformada se prepara hasta los dientes para masacrar a un enemigo invisible e inexistente. Nuevos vehículos, armamento, protectores mandibulares y –curiosamente- nuevas “capacitaciones” en materia de DD.HH, son algunas renovaciones tomadas por dicha institución.
Asimismo, la estrategia de represión sin motivo alguno de los carabineros seguirá teniendo como objetivo a los manifestantes del pueblo chileno. El general, Ricardo Yáñez, dijo que “con apoyo del gobierno y del Ministerio del Interior, hemos podido incorporar y renovar medios logísticos”. De esta manera, se evidencia el alto presupuesto que invierte el gobierno de Sebastián Piñera en reprimir a la ciudadanía, ya que como constatan Diario y Radio Universidad de Chile, solo en vehículos lanza gases y lanzaaguas los uniformados gastaron $6,6 mil millones de pesos chilenos y el valor total invertido en la flota y armamento supera los $10.700 millones en plena pandemia.
En esa línea, Yáñez detalló que la renovación incluyó “vehículos lanzaaguas, tácticos y de transporte de personal, como asimismo la incorporación de nuevas cámaras corporales y elementos de protección para prevenir lesiones de los carabineros, tales como protector mandibular, balaclavas ignífugas, escudos de protección vertical y guantes anti trauma, entre otros”.
Llama la atención que los nuevos escudos midan 1,8 metros, superando a los actuales, para proteger completamente la parte frontal de los funcionarios y, que el mismo general afirme que las escopetas antidisturbios tendrán un uso distinto. La instrucción que tienen ahora los uniformados es ocuparla de forma defensiva y no para controlar el orden público, como ellos aseguraban hace unos meses que era su fin. Esto quiere decir que deben disparar siempre y cuando un manifestante actúe de forma violenta, y OJO siempre apuntando bajo de la cintura. Los proyectiles de las escopetas tienen un tamaño mucho mayor y una mayor capacidad de control. Disparan tres pelotas de goma y no 12 como las antiguas. Todo indica que mantienen la postura de dispararle al pueblo según sea la orden que reciba quién aprieta el gatillo.
Finalmente, el general Yáñez señaló que “hemos avanzado en los procesos internos de esclarecimiento de eventuales faltas a nuestra normativa institucional y hemos dado claras muestras de nuestra voluntad y compromiso de seguir colaborando en todo lo que esté a nuestro alcance con el Ministerio Público”. Se olvida el general que el accionar de carabineros está supeditado al cumplimiento de las leyes y no a su ”voluntad y colaboración” y recordarse que la supuesta misión y labor que tienen es velar por la tranquilidad y proteger a la ciudadanía, y no solo ser cafiche del estado.
Esto, a pesar de las duras críticas que han recibido de parte del INDH (ente también dependiente del estado), desde donde el director, Sergio Micco, ha cuestionado en repetidas oportunidades los escasos avances en materia investigativa al interior de la entidad policial, pese a la total condescendencia de dicho instituto con el gobierno. Es importante señalar que las acciones llevadas a cabo por la dirección de INDH están balanceadas en pro gobierno de turno, debido a que este los financia, y en consecuencia se priorizan otras acciones de impacto comunicacional inmediato, por sobre los atropellos de DD.HH en “plena democracia”.
“Hemos puesto hincapié en lo que dice relación con los sumarios de Carabineros. Hay muchísima evidencia. Por ejemplo, en el caso de Fabiola Campillai, el video rondaba hace meses”, señaló Micco hace algunos días, llamando al Ministro del Interior, a demostrar voluntad política para que los carabineros lleven a cabo investigaciones con reales intenciones de hallar a los culpables.
Otro foco que preocupa a la entidad policial son las comisarías. Desde octubre del año pasado han sido objeto de ataques, siendo las unidades policiales de Peñalolén, Padre Hurtado y Melipilla las más recurrentes. Fueron más de 310 los ataques a estos cuarteles policiales, por lo que ya se han dispuesto más protectores y cámaras de grabación en sus inmediaciones.
De esta manera, el registro audiovisual será fundamental para que los uniformados enfrenten los posibles enfrentamientos. El gobierno está trabajando la idea de adquirir más cámaras corporales para que la policía pueda grabar los incidentes, protegerse ante los conductos judiciales y demostrar que también son agredidos. No queda nada más que esperar que los videos no se borren, como ocurrió con el caso Catrillanca, o se manipulen como el caso Campillai y que sirvan de evidencia del actuar violento y sanguinario de la policía chilena.
