Por Capucha Informativa
Los abogados defensores del Presidente Sebastián Piñera, exministro de Salud Jaime Mañalich y de los subsecretarios Paula Daza de Salud Pública y Arturo Zuñiga de Redes Asistenciales, pidieron al fiscal nacional, Jorge Abbott, que saque del caso al persecutor que los investiga por haber expresado opiniones personales, lo cual –en la opinión de los juristas- le quita objetividad a la investigación que realiza.
El investigador de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, fue designado hace tres meses por el Ministerio Público para tramitar esta causa, la que se abrió después de que se declarara admisible la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por la muerte de 62 vecinos en la crisis sanitaria.
Según reveló La Tercera PM, los defensores Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y Eduardo Riquelme acusaron en la Fiscalía Nacional que Carrasco vertió opiniones que vulneran el principio de objetividad en la audiencia del pasado 23 de Julio. En ella se discutía si el alcalde tenía legitimación activa para presentar la querella como persona particular y no como representante de los fallecidos -en su comuna- a causa del covid-19. El tribunal dio su apoyo a Jadue y a los otros dos concejales para que continuaran como querellantes.
«Lo que evidencia la parcial e interesada posición del fiscal a cargo en orden a propender a la intervención procesal en la investigación del señor Jadue y otros militantes del Partido Comunista, es que señaló sin pudor alguno que ‘somos objetivos, lo que no podemos hacer su señoría es simplemente (ser) neutrales en un caso como este’«, afirman los defensores al medio periodístico. «Señor fiscal nacional, la gravedad de esa afirmación por sí sola amerita acceder a esta solicitud. Es hacer letra muerta del principio de objetividad a sabiendas del nulo o escaso control que existe en nuestro ordenamiento a este tipo de infracciones», agregaron.
La decisión del fiscal Jorge Abbott está pendiente, sin embargo el Ministerio Público descarta que el investigador haya cometido alguna falta. Asimismo explican que la frase polémica no sale del margen de la objetividad del actuar de Carrasco, puesto que su dicho pretende promover los intereses de la víctima.
Sin embargo, los abogados defensores de Piñera, Mañalich, Daza y Zúñiga ponen en duda al fiscal, porque según ellos, Carrasco y su abogado, estaban muy preparados en la audiencia e inclinados a favor de los querellantes. “Impresiona que hayan decidido, dentro de sus diversas ocupaciones y prioridades, acometido con especial celo el apoyar a la parte querellante y asegurarse que prospere su querella. Es decir, dedicar una cantidad importante de tiempo funcionario a la preparación de una intervención sin interés para el Ministerio Público”, sostienen. Desde la fiscalía se confirma que todos los fiscales preparan sus audiencias, pero esto no significa que el investigador del caso vulnere la objetividad.
Otro de los factores que llevaron a la petición de remover al persecutor fue que argumentan que la intervención del Ministro Público contenía excesos argumentativos. “Otro exceso argumental que revela el compromiso y parcialidad de los fiscales a cargo de la investigación, fue sostener que tratándose de cuasidelitos de homicidio atribuidos a funcionarios públicos en el contexto de la pandemia de COVID 19 (sin indicar por cierto deberes de cuidado infringidos, ni nexo de causalidad alguna) estaríamos frente a un delito contra la probidad”, sostuvieron.
Consultada la Fiscalía Centro Norte, dijeron que no se van a referir a la petición de las defensas, ya que todo está en manos de la Fiscalía Nacional.
El abogado del alcalde Jadue, Ramón Sepúlveda, salió en defensa del actuar del Ministerio Público. Recalcó que su posición fue respaldada por un tribunal de la República, y que en su opinión no existe y no ocurrió lo que argumentan los otros abogados defensores.
“La defensa del Presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich y los subsecretarios Zuñiga y Daza, han intentado obstruir desde un inicio esta investigación, presentaron un recurso de reposición buscando que la querella de Daniel Jadue se declarara inadmisible, el que se discutió en una larga audiencia y fue rechazado”, dijo el querellante. Luego agregó que “presentaron una cautela de garantías sin ningún fundamento y ahora pretenden cuestionar a un fiscal que ha realizado un trabajo de manera sumamente objetiva”
Historial de Jorge Abbott
Jorge Abbott, en su calidad de Fiscal Nacional debe decidir sobre la petición de los abogados defensores de las (y ex) autoridades de gobierno, sin embargo tiene un largo prontuario de errores y cuestionamientos que ponen en duda su calidad de trabajo en la institución que debe perseguir los delitos en la nación y, en consecuencia sobre la honestidad de su decisión.
Fue acusado, en la región de Valparaíso, de participar en la denegación de justicia en un caso de familia que afectaba a la sobrina, de ese entonces, Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena.http://elpensador.io/cidh-acoge-a-tramitacion-demanda-por-denegacion-de-justicia-contra-estado-chileno-en-caso-que-involucra-al-fiscal-nacional-jorge-abbott/
En octubre del 2015, cuando evaluaba ocupar el cargo de Fiscal tuvo reuniones secretas con una serie de senadores –que lo tenían que ratificar- , incluyendo un encuentro en la propia casa del político Guido Girardi. De esta manera se cuestionó sus lazos y compromisos políticos.
En ese entonces el caso Penta y posteriormente SQM estaban en la palestra, del cual Abbott fue fiscal. Prometió que se cesarían los casos de financiamientos ilegales en la política, lo que se cumplió llevando preso sólo a Jovino Novoa. El resto fue sobreseído, llegaron a acuerdo o tuvieron clases de ética.
Cuando se conoció la reunión con Girardi, Abbott tuvo que admitirlo, pero se guardó para sí mismo la presencia del abogado defensor de Herman Chadwick, y el excandidato a presidencia Marco Enríquez-Ominami, Ciro Colombara.
Por otra parte, en el caso Penta Abbott no se inhabilitó a pesar de tener parentesco con el exministro de Desarrollo social, Alfredo Moreno, que era presidente del directorio de Penta. Además, el Fiscal Nacional, fue designado luego de que la Corte Suprema lo propusiera en una “quinta” de la que el mismo presidente Piñera en su mandato anterior lo eligió para que fuese luego ratificado por la cámara. Es decir, extrañaría mucho que fuese en contra de los intereses de quienes lo han puesto en el cargo, menos aún de los amiguis.
