Por Capucha Informativa
Fiscalía redactó un informe con datos recopilados hasta la fecha del 28 de enero pasado, e indicó, según CIPER, que se ”investigaron” alrededor de 8.581 causas por violaciones de DD.HH. ocurridas en el marco de la revuelta popular. De ese total, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos que ya estaban en curso, por lo tanto, quedaron activas 6.568 investigaciones. Además, 3.050 causas, equivalentes al 46% del total de los procesos, se decidieron archivar, no perseverar o no iniciar una investigación. De todas las causas, solo una se cerró y condenó al uniformado involucradx.
Siendo más específico, las 3.050 causas cerradas se dividen en los siguientes tres grupos; 2.774 causas archivadas provisionalmente sin avances; 218 causas en las que el Ministerio Público comunicó al juzgado su decisión de no perseverar; y 58 casos en los que la Fiscalía decidió no iniciar una investigación.
De la misma manera, 15 concluyeron con sobreseimiento definitivo, también ocurrió que se cerraron 19 casos debido a una “anulación administrativa”. Además en dos causas se invocó el “principio de oportunidad”, y en otras dos solo se mencionó “otras causales de término”. Como aquí señaló, sólo una causa se cerró con una sentencia condenatoria, la cual sería solo de cinco años de libertad vigilada para el carabinero Juan Gabriel Maulén Báez, quien disparó por la espalda, el 13 de diciembre de 2019, una bomba lacrimógena a la cabeza de un manifestante, a una distancia de 8,5 metros.
Las excusas que entregaron para explicar la inoperancia de la justicia
“Tenemos una falta de recursos en general, pero además es necesario focalizar. Ha habido demora en la entrega de información de parte de las policías”, se excusó la directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ymay Ortiz.
Para Ortiz “hay un problema de temor y desconfianza de las personas hacia el sistema”, lo que significó que no se haya podido investigar ciertas causas. A ello se suma la ausencia de pruebas, la incapacidad de ubicar a las víctimas, y la falta de personal policial. También ocurrió que con la pandemia se suspendieron peritajes, y aumentó la dificultad para que el Servicio Médico Legal y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico pudieran trabajar de forma presencial.
La directora también explicó que hubo problemas para recopilar las evidencias, ya que en gran parte de los casos el sitio del suceso se vio alterado, debido a las sucesivas manifestaciones. También se refirió a los procedimientos irregulares como es el caso de los desnudamientos de lxs detenidxs, los cuales -según ella- no están tipificados como delitos. Sin embargo, estos sí forma parte del código penal, tanto nacional como internacional.
Ymay Ortiz sostuvo que el 28 de enero, la Fiscalía tenía registrado que 97 agentes del Estado estaban formalizados, cuyo desglose sería el siguiente: 92 funcionarios de Carabineros, cuatro del Ejército y uno de la Armada. Esta cifra se contrapone con la que posee el Ministerio Público, ya que desde el 2020 se identificaron 466 policías que dañaron la integridad física/emocional de ciudadanos.
