Por Capucha Informativa
En vísperas del 18 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un balance de los atropellos a los derechos humanos ocurridos desde dicha fecha en el marco de la revuelta popular ocurrida en Chile. El balance incluye 2.499 querellas interpuestas contra Carabineros, 126 contra militares, 22 contra la Policía de Investigaciones, y 1 contra Gendarmería, de las cuales solo 28 causas fueron formalizadas y solo 68 personas imputadas − 64 son miembros de Carabineros, tres son militares y uno es miembro de la Infantería de Marina−.
INDH, una entidad del Estado Chileno, el pasado 15 de septiembre publicó la cuenta oficial de las acusaciones presentadas ante la (in)justicia. En el mismo balance hay 169 querellas asociadas a los traumas oculares y dentro de ellas sólo tres están formalizadas: Gustavo Gatica, Fabiola Campillai y Brandon González. Sean ustedes mismos los que saquen cuentas de la efectividad de dicho organismo.
En el mismo sentido, ante las querellas presentadas. el INDH clasificó los delitos y, detalló lo siguiente: 1627 querellas por apremios ilegítimos; 191 por violencia innecesaria; 6 por homicidio; 471 por tortura; 82 por abusos; 12 por lesiones gravísimas; 4 por lesiones graves; 11 por tortura; 38 por homicidio frustrado; 55 por apremios ilegítimos; 1 por disparos injustificados, y 1 por obstrucción a la justicia. Como se aprecia son graves delitos contra los derechos humanos en donde el gobierno, llamado a protegerlos, hace vista gorda.
La gran mayoría de las querellas son contra los carabineros, con un 93% de alza por encima de las otras instituciones. El gobierno de turno los ocupó para reprimir en gran magnitud. Asimismo el balance de los 28 casos formalizados, de las cuales 24 están dirigidas a los Carabineros y 4 contra miembros de las Fuerzas Armadas, demuestran la impunidad completa de los cafiches del Estado, y esa misma minoría de denuncias “resueltas” se encuentran con imputados y medidas cautelares de arresto domiciliario a pesar de haber dañado de gravedad a la víctima, como es el caso del exoficial Patricio Maturana a Fabiola Campillai. Esto es una evidencia tangible de la mano blanda de las entidades del Estado en la (in)justicia, incluyendo el INDH que es financiado por el gobierno, cuyas acciones podrían verse disminuidas al venderse a ellos.
“Avanzar en las causas judiciales son una parte del camino para alcanzar la verdad y la justicia, y también son una forma de reparación hacia las víctimas. Otra parte del camino, se recorrerá con los resultados de los procedimientos administrativos llevados por Carabineros, y por eso, insistimos en la importancia de que, a un año de la crisis social, seamos capaces de ver resultados concretos”, concluye el director del instituto, Sergio Micco, ante la excesiva demora y lentitud de las investigaciones de las reiteradas violaciones de derechos humanos ocurridos en el “despertar de Chile” hasta la fecha.
