Los pueblos originarios son parte de los grupos más vulnerables a la pandemia, indican los organismos internacionales. En Chile “no han sido visibilizados como un sector de mayor riesgo” y, peor aún, “se han mantenido acciones de persecución política en su contra”, dicen las autoras. Mientras la respuesta nacional al contagio indígena ha sido deficiente, las comunidades y municipios parecen haber respondido mejor. Pero todavía no hay datos suficientes para saber realmente lo que ocurre. Esta columna sugiere “integrar la variable de pertenencia indígena en las estadísticas y generar políticas pertinentes, incorporando los conocimientos de los funcionarios locales y de los pueblos indígenas”.

En Chile no contamos con información desagregada sobre los contagios ni políticas pertinentes sobre la situación de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia COVID-19, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales sobre derechos indígenas (como Convenio 169 de la OIT, Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales).

Como lo han señalado diversos informes internacionales[1], uno de los sectores más vulnerables y de riesgo en Latinoamérica son los pueblos indígenas. Esto debido a los determinantes sociales y estructurales que se originan en su historia de despojo territorial y cultural y que en la actualidad se expresa en indicadores socioeconómicos que evidencian la desigualdad.

En Chile, no han sido visibilizados como un sector de mayor riesgo, ni tampoco se han desarrollado acciones específicas para abordar la incidencia de la pandemia. Incluso se han mantenido acciones de persecución política en algunos territorios como el desalojo del lof adkintue en Lonquimay y se ha propuesto continuar algunos procesos consultivos, los cuales según recomendaciones de CIDH no deben realizarse durante la pandemia.

Son los propios pueblos indígenas que han alzado la voz con declaraciones y acciones de alcance local. Los municipios, a través de sus funcionarios, han actuado en los contextos locales que se ha presentado contagios en comunidades indígenas, promoviendo acciones más pertinentes y efectivas, a pesar de la deficiente información que han recibido del nivel central y de los pocos recursos con los que cuentan.

En general, las políticas nacionales para abordar la pandemia han sido poco efectivas en su diseño e implementación, lo que se agudiza en contextos indígenas. Al igual que otras políticas que inciden en los pueblos indígenas, las de la pandemia han sido altamente centralistas y orientadas a sectores urbanos y grandes ciudades. Como ya se ha constatado su baja efectividad en las ciudades y la Región Metropolitana, peor ha sido en las comunas que cuentan alta población indígena, alejadas de los centros urbanos, con menor conectividad y con alta población rural. Las políticas no han sido sólo deficientes, sino también no pertinentes e, incluso, inexistentes.

Ante este escenario incierto sobre cómo abordar la pandemia, y una vez que se comenzó a expandir el Covid-19 por el país, los territorios indígenas, de manera autónoma y ya sea basados en sus gobiernos locales o en sus comunidades territoriales, comenzaron a instaurar medidas de autoprotección y cuidado.

Una de las principales medidas posible de observar inicialmente fue el llamado a no visitar los territorios de los pueblos indígenas (caso de la comuna de San Pedro de Atacama y la comunidad atacameña de Peine y Alto Biobío que pidió a los turistas no visitarlos), medida acompañada de la instalación de barreras sanitarias, que buscaban tener control sobre quiénes estaban ingresando a sus comunas o comunidades. Estas iniciativas surgidas desde la autogestión se encuentran aún presentes en algunos territorios, formándose alianzas locales que permiten la persistencia de estas medidas.

El cuidado y apoyo interno se ha vuelto otra de las formas de autocuidado y contención, toda vez que principios de reciprocidad y ayuda mutua comienzan a operar en los territorios, se generan de esta manera formas de cooperación interna que buscan reducir la movilidad en los sectores rurales, apoyar a las familias en las que existen contagios a través de la entrega de alimentos – muchas veces producto de la misma producción agrícola de las comunidades – y apoyo para realizar sus compras en los centros urbanos cercanos.

Una tercera forma de resguardo propio de los pueblos tiene relación con el retorno a vivir – al menos temporalmente – a sus comunidades de origen, como son habitantes indígenas de las ciudades afectados por la pandemia o como el caso de poblados andinos en que la lógica de las dos viviendas (una en la ciudad y una en los valles o precordillera) les ha permitido realizar un retorno a estos espacios alejados de los centros urbanos y con ello con mayor control respecto de quienes ingresan a este espacio y con ello no se propague el virus. Se asume así el “retorno a la comunidad de origen” o el “aislamiento voluntario” como forma de autocuidado.

Si bien las comunas más aisladas y con mayor lejanía de centros urbanos, gracias a estrategias de cuidado y control interno lograron mantenerse resguardados del contagio por Covid-19 durante los primeros tiempos de transmisión del virus, una vez que éste llegó a los territorios, se ha podido observar una rápida propagación, tal como ocurrió con las comunas mapuche pewenche de Lonquimay y Alto Biobío. Las razones de estas alzas en los contagios pueden ser explicadas por prácticas propias de los territorios tales como las visitas familiares y en especial cuando hay enfermos y el compartir en espacios comunitarios y en prácticas tan arraigadas como compartir un mate. Inciden también agentes foráneos altamente presentes en los territorios tales como iglesias y otros espacios de reunión locales que son parte de la cotidianeidad de la vida rural.

Es urgente visibilizar y conocer cómo la pandemia está incidiendo en los pueblos indígenas en los diferentes territorios, integrar la variable de pertenencia indígena en las estadísticas y generar políticas pertinentes, incorporando los conocimientos de los funcionarios locales y de los pueblos indígenas. Con esto Chile, estará respondiendo a las recomendaciones internacionales, pero especialmente podrá evitar que el virus se propague tan descontroladamente y afecte la salud de la población indígena tal como se está observando hoy en día.

Un aspecto clave es considerar las medidas autogestionadas por las organizaciones indígenas y los municipios que han sido efectivas, ya que incorporan en su implementación las determinantes económicas, territoriales y factores culturales, lo que puede ser una vía pero que requiere ser reconocidas y apoyadas por todos los sectores de la sociedad.

Sin duda esta pandemia nos desafía respecto de cómo enfrentar estas situaciones, volviendo imperioso el diálogo intercultural y conocimiento de las particularidades territoriales y culturales de manera de generar medidas de prevención y control que tengan sentido y vuelvan partícipes a la población local.

Notas y referencias

[1]Por ejemplo: Informe I y II “Los Pueblos Indígenas frente a la COVID-19” FILAC/FIAY; ver también “OPS y organización indígena desarrollan medidas de prevención para población originaria ante COVID-19”; Informe Argentina: Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina -Segunda etapa, junio 2020

Fuente: Ciper

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