Con esto, las irregularidades en el arrendamiento de este recinto, que llevaron a que el 15 de junio dejara de usarse como residencia sanitaria y se iniciara una investigación por parte del Ministerio Público, se intensifican, ya que se comprueba que nunca estuvo autorizado para funcionar como tal.
Este viernes el medio Interferencia reveló que la ex residencia sanitaria Hotel Clínico Spa, que funcionó entre marzo y mediados de junio de este año, operó sin tener una resolución sanitaria ni tampoco una autorización sanitaria de parte de la Secretaría Regional (Seremi) de Salud Metropolitana.
La residencia ya había causado polémica cuando el mismo medio, hizo público el hecho de que el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, contrató por $205 millones esta residencia, la cual estaba vinculada a Orlando Durán (UDI), quien por esos días era el jefe de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud, además de ser el encargado, a nivel nacional, de coordinar estos recintos.
Con esto, las irregularidades en el arrendamiento de este recinto, que llevaron a que el 15 de junio dejara de usarse como residencia sanitaria y se iniciara una investigación por parte del Ministerio Público, se vuelven aún más graves, ya que se comprueba que nunca estuvo autorizado para funcionar como tal.
“Consultada la Oficina de Partes y Archivo de la Seremi de Salud, así como todas las bases de datos y plataformas computacionales de la Institución, es posible concluir que no existe resolución sanitaria para Hotel Clínico Spa. La dirección consultada corresponde a un edificio residencial. Asimismo, no se ha otorgado autorización sanitaria para la actividad de hospedaje, según el Reglamento Nº 194 del año 1978 del Ministerio de Salud, ‘Reglamento de Hoteles y Establecimientos Similares’”, indica un documento de transparencia emanado desde la Seremi de Salud Metropolitana.
Cabe recordar, que en la investigación original de Interferencia se informó además de la contratación por $187 millones del Hotel Puerto Mayor de San Antonio, el cual pertenece a la familia del subsecretario de Obras Públicas y vicepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia, y que tras esta publicación, ambos recintos dejaron de funcionar para pacientes de COVID-19.
Asimismo, estas contrataciones motivaron una investigación del Ministerio Público que actualmente se encuentra en curso, y que el manejo de las residencias sanitarias fuera trasladado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a la de Salud Pública, dirigida por Paula Daza.
Fuente: El Desconcierto
