Los abajo firmantes, historiadores e historiadoras chilenos/as que desde hace mucho tiempo hemos venido alertando a la opinión pública acerca de los atropellos, expoliación, usurpación de tierras, violación de Derechos Humanos, explotación, opresión y conculcación de derechos esenciales del pueblo mapuche por parte del Estado de Chile y de poderosos grupos de interés económico, levantamos una vez más nuestras voces para denunciar la nueva ofensiva racista y discriminadora contra este pueblo originario.
Los anuncios del nuevo ministro del Interior Víctor Pérez y su reciente visita a la Región de la Araucanía, agravaron aún más el problema. Se negó a conversar con los alcaldes, cuyas municipalidades se encontraban tomadas y abrió las puertas para que civiles de extrema derecha intervinieran en sus desalojos.
Las agresiones contra mapuches que solidarizaban con los presos políticos de su pueblo nación, perpetradas por civiles de extrema derecha con la complicidad abierta de fuerzas policiales la noche del sábado 1 de agosto en Curacautín, Victoria y otras localidades, no solo implicaron violencia física sobre personas y destrucción de los edificios municipales, simbólica (incluyendo la quema de un rehue) y verbal (consignas y gritos racistas), a la vista y presencia de los cuerpos policiales presentes que dejaron hacer sin detener a los agresores, como debería haber ocurrido de acuerdo con las normas que establece el toque de queda impuesto por las autoridades en el contexto de la pandemia del Covid-19.
El Gobierno tiene la responsabilidad de ser coherente con su propio llamado al diálogo en vez de seguir reprimiendo niños, hombres y mujeres mapuche que desde hace 140 años vienen reclamando por sus derechos, restitución de sus tierras y su reconocimiento como pueblo y nación en un Estado que debería valorar la diversidad y reconocer su condición de plurinacional. La grave crisis de La Araucanía -y más allá de los límites administrativos del Estado de Chile, de todo el Wallmapu– no se solucionará mediante recursos esencialmente judiciales y policiales, recurriendo a la represión y violencia del Estado y de grupos paramilitares.
Hacemos un enérgico llamado a la sociedad chilena, a las organizaciones sociales populares y a la ciudadanía democrática para que ejerza la máxima presión posible sobre el gobierno y las instituciones del Estado a fin de que estos abandonen su política represiva contra el pueblo mapuche en el contexto actual de las movilizaciones a favor de los presos políticos mapuche y, particularmente, por la situación que afecta al machi Celestino Córdova.
COMITÉ DE INICIATIVA
Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012, académico de la Universidad Católica de Temuco.
Sergio Grez Toso, académico de la Universidad de Chile.
Igor Goicovic Donoso, académico de la Universidad de Santiago.
Julio Pinto Vallejos, Premio Nacional de Historia 2016, académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Claudia Zapata Silva, académica de la Universidad de Chile.
Pablo Aravena Núñez, académico de la Universidad de Valparaíso.
Fernando Venegas Espinoza, académico de la Universidad de Concepción.
Adriana Palomera Valenzuela, académica de la Universidad de Santiago de Chile.
Pedro Rosas Núñez, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Robinson Silva Hidalgo, académico de la Universidad Austral (Valdivia).
Pablo Artaza Barrios, académico de la Universidad de Chile.
Karen Alfaro Monsalve, académica de la Universidad Austral (Valdivia).
Patrick Puigmal, académico de la Universidad Austral (Osorno).
Alberto Díaz Araya, académico de la Universidad de Tarapacá (Arica).
Claudio Pérez Silva, académico de la Universidad de Valparaíso.
Lunes 3 de agosto de 2020
Fuente: Mapuexpress.org
