La oposición aprovechó las prisiones domiciliarias otorgadas por jueces en el marco de la pandemia para acusar al gobierno de excarcelar a «peligrosos delincuentes», aunque ello no está ocurriendo.
La estrategia internacional de sacar a presos de las cárceles para descomprimir el hacinamiento y reducir la posibilidad de contagios de coronavirus se convirtió en un tema central en Argentina, con denuncias de la oposición partidaria y mediática, que obligaron al presidente Alberto Fernández a aclarar que está en contra de cualquier tipo de indulto y a lamentar la «malintencionada» campaña en su contra.
El debate copó la agenda política del país sudamericano después del motín que estalló la semana pasada en una prisión de la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de medidas de prevención frente a la pandemia. Más tarde se confirmó que un interno tenía coronavirus.
La discusión derivó luego en «cacerolazos» nocturnos contra el gobierno, que se llevan a cabo desde balcones, ventanas y azoteas, ya que todavía rige la cuarentena obligatoria por la pandemia. Los manifestantes exigen que, sin importar el delito cometido o su situación procesal, todos los presos queden encerrados, así sea a costa de ser contagiados.
«El gobierno está liberando a violadores y asesinos», se convirtió en un lugar común a pesar de que las excarcelaciones corresponden al Poder Judicial, no al Ejecutivo, y a que las cifras no corresponden con el estereotipo que se tiene de las personas detenidas y que suele basarse en el prejuicio y la estigmatización.
De acuerdo con datos oficiales de la Procuración Penitenciaria, en los centros federales de reclusión hay casi 14.000 personas detenidas, aunque la capacidad máxima es para 12.000. La sobrepoblación se acentuó en los últimos años y se replica a nivel provincial. Además, el 60% de los detenidos cumple prisión preventiva, lo que implica que ni siquiera han sido condenados. Y aunque existe la posibilidad de que sean inocentes, siguen encerrados.
En un desglose detallado, el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena revela que, de esos detenidos, 781 están acusados de homicidios dolosos y 742, de delitos a la integridad sexual. Esto significa que los «asesinos y violadores» suman 1.523, poco más del 10 % del total de presos, son los menos en comparación con las más de 10.000 personas que están en prisión por robo, tentativa de robo, hurto e infracción a la ley de drogas. En este último caso, gran parte está encerrada por delitos menores vinculados a la posesión mínima de sustancias ilegales.
Si se toman en cuenta solo los datos de la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, se repiten los porcentajes, ya que sus centros penitenciarios provinciales tienen capacidad para 24.000 presos, pero hay casi 50.000 personas detenidas, de las cuales 5.749 están acusadas de homicidio doloso y 5.335 de delitos contra la integridad sexual. El robo, hurto e infracciones a la ley de drogas acumulan 28.006 detenidos, es decir, la inmensa mayoría.
Un problema global
Las cifras demuestran que las cárceles no están llenas de «asesinos y violadores» que van a quedar libres por decisión del presidente, como repiten a diario políticos y periodistas opositores, y que los niveles de hacinamiento elevan el riesgo de expandir la pandemia, situación que no es exclusiva de Argentina, ya que la sobrepoblación carcelaria se está discutiendo a nivel mundial y gobiernos de países como Estados Unidos, Chile, México, Irán, Francia, Indonesia, Brasil y Reino Unido ya tomaron medidas para amnistiar o indultar a presos, o promover prisiones domiciliarias.
El problema es de tal magnitud, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una recomendación al respecto. En el documento «Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales», el organismo advirtió que «dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad».
A ello se debió que la Cámara Federal de Casación Penal, una de las instancias superiores de justicia más importantes del país, emitiera el pasado 20 de abril una recomendación para liberar a presos en situación de riesgo sanitario (por padecer enfermedades graves) y a los que ya tienen derecho a libertad condicional (lo que ocurre si ya cumplieron dos tercios o más de su condena) o a salidas transitorias, o si se les impusieron penas menores a tres años de cárcel. También incluyó a quienes hayan cumplido más de dos años de prisión preventiva o que estén en esta condición, pero acusados de delitos no violentos, y a mujeres embarazadas o que estén en prisión con sus hijos menores. El Servicio Penitenciario Federal calculó que cubrían esas condiciones alrededor de 320 detenidos y recomendó para la mayoría de ellos la modalidad de arresto domiciliario.
Así, ninguno de los casos exceptuados beneficia a «peligrosos delincuentes», y las liberaciones, que actualmente suman alrededor de 1.000, son individuales, no en masa, y quedan en manos de los jueces, no del gobierno.
Sin embargo, el debate se mantuvo y llegó a un extremo cuando la diputada opositora Felicitas Beccar Varela aseguró en un audio que se viralizó, que el presidente tiene «un plan estratégico» y quiere liberar a los presos para que formen patrullas que amenacen a los jueces y expropien el capital, porque la pandemia es solo una excusa para hacer quebrar a las empresas y estatizarlas.
La reacción de la oposición
El PRO, partido del expresidente Mauricio Macri, advirtió su «rotunda» oposición a las liberaciones. «Los presos tiene que cumplir sus condenas y los que tengan preventiva seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados… Ignorar a las víctimas es ignorar la ley. Ya lamentamos casos donde se liberaron a delincuentes y estos cometieron nuevos y aberrantes delitos… el presidente ratifica la liberación indiscriminada de los presos, generando una indebida presión sobre la justicia», denunció el comunicado firmado por la presidenta del partido, Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad que impulsó y justificó represiones policiales y múltiples episodios de violencia institucional.
La confusión de un debate que mezcló sin distinción los motines, las liberaciones de personas que cometieron delitos menores, las de represores de lesa humanidad y las de ex funcionarios condenados por corrupción, como el ex presidente Amado Boudou, se azuzó todavía más luego de que se descubriera que Pedro Olmos, un hombre condenado por violación, había sido beneficiado con el arresto domiciliario en una casa cercana a la de su víctima.
El reclamo en algunos medios y redes sociales se dirigió entonces a los colectivos feministas, ya que algunas representantes del movimiento están a favor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en particular su derecho a obtener domiciliarias en medio de la pandemia. Las acusaron de defender a los violadores, a pesar de que la mayoría repudió el caso específico de Olmos y las liberaciones de agresores sexuales en general, sin dejar de insistir en que hay detenidos por delitos menores que sí deben ser excarcelados.
Otro caso que sirvió para que la oposición insistiera con la premisa de que los delincuentes siempre reinciden y son un permanente peligro para la sociedad, fue el de un hombre de 33 años que fue detenido esta semana en un intento de robo. Como acababa de obtener la libertad condicional, gran parte de la prensa aseguró que era uno de los «peligrosos delincuentes» beneficiarios de las excarcelaciones con el «pretexto» de la pandemia, pero después se descubrió que, en realidad, la justicia había ordenado su liberación porque padece problemas mentales.
La indignación social, sin embargo, continúa. La exacerbación del discurso de «mano dura» ya derivó en agresiones físicas a un hombre condenado por secuestro en la patagónica ciudad de Esquel. Después de obtener la prisión domiciliaria, un grupo de personas acudió a su casa para golpearlo, por lo que tuvo que ser llevado nuevamente a prisión. En la ciudad de Bahía Blanca, en tanto, un hombre advirtió que si la justicia libera al violador de su hijo menor, hará justicia por mano propia.
«Como yo, hay muchos padres, tíos, abuelos que nos vamos a juntar. Esto es un aviso para los jueces, fiscales, para todos. Es horrible esto que voy a decir, en los tiempos de los militares, había cuadrillas de civiles que salían a cazar gente. Si no hay justicia, tendremos que salir a cazar gente, no queda de otra», amenazó.
El presidente, en tanto, lamentó que se montara una campaña opositora para hacer creer que el gobierno quiere favorecer a los delincuentes y recordó que muchos otros gobiernos han dispuesto libertades para minimizar la posibilidad de contagio de coronavirus.
«En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales… formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación, lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida», señaló el mandatario.
