El lunes 3 de agosto la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca cortó la ruta 40, a la altura del paraje San Marcos, en el Departamento de Santa María, en repudio a la pretensión de construir una represa hidroeléctrica en la zona, ante la presencia del gobernador Raúl Jalil. Las comunidades dudan de que la producción de energía anunciada sea para beneficio de la población, tal como lo vienen manifestando las autoridades, y creen que en realidad la intención sería la producción de energía para el pretendido Proyecto Minero Agua Rica, cuestionado por el pueblo de Andalgalá, principal afectado y el pueblo de Santa María, que por varias medidas judiciales la provincia y la empresa Yamana Gold no pueden explotar dicho yacimiento. ANRed entrevistó a Jorgelina Gerbard, cacica de la Comunidad El Cajón, y Noemí Reyes, integrante de la Comunidad de Famabalasto, las cuales rechazan el dique y exigen, además, el reconocimiento de un Municipio Autónomo Indígena.
En medio de las bajas temperaturas de la zona en esta época del año, comunidades de diversos puntos del Departamento de Santa María, en la provincia de Catamarca se congregaron en la ruta 40 para realizarle un corte de la ruta al gobernador catamarqueño Raúl Jalil.
Esta medida de cortar la ruta fue tomada conociéndose la presencia de la máxima autoridad de la provincia en la zona serrana de dicho departamento, donde hace años existe un proyecto hidroeléctrico de construcción de la “Presa de Embalse de Toro Yaco”, un dique o presa de escollera con pantalla de hormigón de 70 metros de altura y 200 metros de largo para la supuesta generación de energía hidroeléctrica a pie de presa. En el anteproyecto[1] de construcción de la misma, del año 2008, se menciona que la finalidad sería “el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo de la región, además de garantizar una fuente de agua potable segura y superficial para las poblaciones de la región” .
Según un informe de la Universidad Nacional de Catamarca, se trataría de uno de los cuatro nuevos embalses que pretendían construirse: “las Tunas (El Alto), Río Chico (La Paz), Toro Yaco (Santa María) y el Sinchal (Belén) financiadas con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros fondos provinciales, como de las utilidades mineras”[2]
Sin embargo, las comunidades dudan de que la producción de energía anunciada sea para beneficio de la población, tal como lo vienen manifestando las autoridades, y creen que en realidad la intención sería la producción de energía para el pretendido Proyecto Minero Agua Rica, proyecto cuestionado por el pueblo de Andalgalá, principal afectado y el pueblo de Santa María, que por varias medidas judiciales la provincia y la empresa Yamana Gold no pueden explotar dicho yacimiento.
Jorgelina Gervand, cacica de la Comunidad Del Cajón, e integrante de la Unión Diaguita, aseguró: “hace años que vienen hablando pero venía quedando en la nada, y como los integrantes de las Comunidades de Toro Yaco, La Hoyada y la gente de nuestra comunidad no estaban de acuerdo, entonces como nosotros somos la Unión Diaguita, que cuando pasa algo en algún pueblo estamos todos ahí reunidos, por eso decidimos cortar la ruta al paso del vehículo que transportaba al gobernador”.
En medio de la protesta, Raúl Jalil bajó de su vehículo y habló con los y las caciques que se manifestaban interrumpiendo el paso. La cacica relató el momento: “dijo que se había dejado de lado el tema del dique, que como la gente no estaba de acuerdo, no se iba a tratar más. Dijo que había venido a ver las necesidades de la gente, qué es lo que necesitaban y esas cosas. No ha querido hablar más del dique. La gente no quería porque el agua iba a tapar casas, fincas y todo, entonces nadie estaba de acuerdo. Se hizo un acuerdo de que no iban a seguir insistiendo más por el dique. Acompañaron los caciques de Famabalasto, Cerro Pintao entre otros”, detalló la cacica, que expresó que, de realizarse esta obra, la comunidad de Toro Yaco desaparecería.
Por la presión social generada por las comunidades que vienen rechazando estos emprendimientos, la provincia ha anulado la licitación de la obra de la represa. Sin embargo, en varias oportunidades la legislatura catamarqueña ha intentado declarar, la utilidad pública de los territorios indígenas, todo ello violando el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que incorpora a los derechos constitucionales los derechos de los pueblos indígenas, además de violar el Convenio 169 de la OIT, que garantiza los derechos territoriales de los pueblos indígenas, como así también el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas.
En la reunión mantenida con el gobernador “se le dijo al gobernador las necesidades de las comunidades, en particular por qué no está haciendo un mini hospital, que nos ayude ahí, y en la escuela secundaria, que también la hicimos nosotros, los padres y los alumnos, para que nos ayude a terminarla porque falta todavía”.
Noemí Reyes, integrante de la Comunidad de Famabalasto, nos manifestó que ante la pregunta del gobernador acerca de cuáles son las necesidades de las comunidades, y ante el ofrecimiento de crear una intendencia en la zona serrana, la respuesta de las autoridades comunitarias fue exigir el reconocimiento de un Municipio Autónomo Indígena.
[2] http://editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/DIGITESIS/marta%20vigo/pdf/2.7agua.pdf, p. 84.
Fuente: Anred
